La defensa de María Alejandra Camissasa, a cargo de Hugo González Elías, solicitó este miércoles ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, que anule la resolución de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, y levante los embargos preventivos que dispuso Barbagelata el viernes 3 de julio cuando hizo lugar de manera parcial a la solicitud de las defensas de levantar la inhibición general de bienes que pesaba sobre los 19 imputados que quedan sometidos al proceso, de los 32 imputados inicialmente, y la sustituyó por embargos puntuales sobre bienes de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La jueza, tras escuchar los planteos, dispuso un cuarto intermedio para analizarlos y añadió que por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se dará a conocer a las partes el día y hora en la que se leerá la resolución.
Planteos
La defensa destacó que habría una suerte de contradicción entre la pretensión del MPF que insiste con el mantenimiento de las medidas de restricción patrimonial sobre Camissasa, de quien ya adelantó que no será parte de la imputación, y la de Fiscalía Estado (FE), que impulsa la demanda civil para lograr el recupero de las cifras que se demuestre fueron sustraídas de las arcas del Estado en la modalidad de contratos de obra en ambas Cámaras Legislativas, durante la década 2008-2018-, pero que en el caso de la esposa del imputado, en la audiencia ante Barbagelata, adelantó que no iba a demandar a quien no está imputado, posición que mantuvo este miércoles.
En la Causa Contratos Truchos o Contratos en la Legislatura se imputan los delitos de Peculado, Asociación ilícita e Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado en relación al presunto desfalco a las arcas del Estado que se habría sustraído durante la década comprendida entre 2008 y 2018, bajo la modalidad de contratos de locación de obra en ambas Cámaras de la Legislatura provincial.
Respecto de la supuesta contradicción entre la pretensión de Fiscalía de mantener las medidas cautelares patrimoniales sobre Camissasa, y la de Fiscalía de Estado, de no instarlas porque no está demanda ni imputada, los fiscales defendieron la intención argumentando que cada organismo define su política y que el MPF tiene la legitimidad y autoridad para hacerlo.
La defensa también insistió en que la decisión que pesa sobre Camissasa obedece a una cuestión de género, que consistiría en que se mantienen las cautelares sobre ella por ser “la mujer de un imputado”. Fiscalía lo negó y respondió que la hipótesis fiscal, que sostuvo tener corroborada con ingente prueba de cargo, fue recogida por la jueza que entendió que –con el grado de probabilidad que la etapa intermedia requiere-, que se configuraría la hipótesis acusadora del blanqueo de los montos supuestamente sustraídos, en inversiones inmobiliarias y ganaderas. En este sentido también mencionó la situación de otras esposas no imputadas de acusados y que hay evidencias de peso que indicarían que el fideicomiso PH Alsina, en el que el matrimonio y el resto de los imputados tienen inversiones, se habría logrado con préstamos entre los integrantes del matrimonio.
Fiscalía insistió con una evidencia que recuerda en cada audiencia. Se trata de una conversación entre el contador Guido Krapp, que integraba el estudio Asesoría Integral -que según la tesis fiscal tuvo un rol determinante en el manejo y administración de los monotributos de los supuestos contratados-, con otro imputado, Gustavo Pérez, en la que referirían a modos de simular préstamos entre cónyuges para responder a las inversiones, en las que también habría participación de otros imputados, en una suerte de vínculo de “cotitularidad cruzada”.
De aquel estudio, aparte de Krapp, que quedó desvinculado de la causa por una salida alternativa, también fueron imputados y apostaron por la misma salida, otros contadores, corredores inmobiliarios y agrimensores. El más conocido es el contador, Pedro Opromolla, que tuvo dos fideicomisos por sendos departamentos con la actual procuradora fiscal adjunta, Cecilia Goyeneche.
Aquella situación quedó corroborada por los testimonios de altas autoridades del MPF y del esposo de la procuradora adjunta, Sebastián Orlando Bertozzi, en el jury que la destituyó del cargo por mal desempeño precisamente en esta causa. El cónyuge concurría al estudio contable con cierta periodicidad por su amistad con Opromolla, según sostuvo este en aquel proceso.
Tras la destitución, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) –que no analizó la cuestión de fondo y solo se refirió a serios incumplimientos en la conformación del jury y al apartamiento del MPF de mantener la acusación, la restituyó en el cargo.
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