Un abogado que representa a un traumatólogo santafesino reclamó ante la Fiscalía nuevas medidas para esclarecer una serie de mensajes intimidatorios que afectaron a su cliente, a integrantes de su familia y al propio letrado. Este episodio se suma a la denuncia de un periodista de El Litoral, quien también fue amenazado mientras cubría el caso. La causa, que avanza con diligencias ordenadas por la Fiscalía y tareas de la PDI, busca determinar la autoría de las intimidaciones.
Nuevas diligencias en una causa por amenazas
El conflicto judicial que desde hace más de un año enfrenta a un médico santafesino con su expareja sumó un nuevo capítulo procesal. El abogado querellante Santiago Banegas instó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a impulsar nuevas medidas para identificar a los autores de una serie de amenazas anónimas dirigidas contra el profesional de la salud, integrantes de su familia y el propio representante legal. El planteo también recuerda que, en ese mismo contexto, fue blanco de amenazas el periodista de El Litoral Danilo Chiapello, quien venía informando sobre el caso.
La presentación fue dirigida a la fiscal Florencia Zarabia, quien interviene en la carpeta judicial iniciada tras una denuncia por presunta extorsión en grado de tentativa. Allí, Banegas solicitó que se identifiquen y se disponga el secuestro de los dispositivos utilizados para enviar los mensajes, se preserve la evidencia digital y se adopten medidas de protección para las personas alcanzadas por las amenazas.
Asimismo, el abogado pidió conocer el estado de distintas diligencias, entre ellas los exhortos de preservación de datos a empresas de telefonía y plataformas digitales, la determinación de la titularidad de las líneas involucradas, eventuales allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos. También consultó si se dispusieron medidas de resguardo para los denunciantes y para una menor de edad mencionada en los mensajes intimidatorios.
El accionar de la PDI y la Fiscalía
Más allá del planteo formulado por la querella, la investigación no permaneció inactiva. Según pudo saber El Litoral, la fiscal Zarabia dispuso diversas diligencias desde el inicio de la causa y encomendó la investigación a la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja en el análisis de la evidencia reunida.
Entre otras tareas, los investigadores procuran establecer la titularidad de las líneas telefónicas desde las cuales se enviaron los mensajes, identificar los dispositivos mediante sus códigos IMEI y reconstruir su geolocalización a partir de los registros de impacto en antenas de telefonía celular. Al momento de la presentación de la querella, la fiscalía aguardaba la conclusión de estas tareas técnicas para determinar los siguientes pasos procesales.
Los mensajes intimidatorios
De acuerdo con el escrito, durante la noche del 25 de junio el médico, miembros de su familia y el propio Banegas comenzaron a recibir mensajes originados en un número telefónico con característica local. Los textos contenían agravios, intimidaciones y amenazas directas.
No obstante, la presentación aclara expresamente que no existen elementos para atribuir esos mensajes a la persona con la que el médico mantiene el conflicto judicial, por lo que será la investigación del MPA la que deberá determinar su origen y eventual autoría. Según el abogado, las amenazas alteraron la vida cotidiana de las víctimas, generaron temor por su integridad física y la de sus familiares, y se vieron agravadas por el envío de imágenes de armas de fuego. Además, sostuvo que la demora en el secuestro y análisis de los dispositivos podría comprometer la obtención de prueba digital pertinente.
Amenazas al periodista de El Litoral
Aunque el escrito no lo refiere en forma expresa, existe otro episodio ocurrido en esos mismos días. El 26 de junio, el jefe de la Sección Policiales de El Litoral, Danilo Chiapello, denunció haber sido blanco de mensajes intimidatorios luego de la cobertura periodística del conflicto judicial.
Según la denuncia, los mensajes anónimos contenían amenazas de muerte y referencias directas a la actividad profesional. Con anterioridad, Chiapello había recibido una comunicación atribuida al estudio jurídico que representaba a una de las partes del conflicto, mediante la cual se exigía el retiro de publicaciones bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Posteriormente, el diario recibió una carta documento firmada por esa misma persona.
Sin perjuicio de esas circunstancias, la identidad del remitente de los mensajes intimidatorios continúa siendo materia de investigación y, hasta el momento, no se ha logrado una atribución judicial sobre su autoría.
Un antecedente judicial
Las amenazas denunciadas se produjeron pocos días después de que la Justicia santafesina declarara la admisibilidad de un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual una mujer de 38 años fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional, por los delitos de desobediencia a un mandato judicial, daños y lesiones en perjuicio de su expareja.
Se trata, sin embargo, de un expediente judicial distinto al de la investigación en curso por los mensajes intimidatorios.
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