Tras los recientes resultados legislativos en el Congreso, el Gobierno nacional replantea su estrategia de negociación con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada encomendó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la coordinación exclusiva de los vínculos con las provincias, en un movimiento que busca reordenar la agenda parlamentaria. Esta redefinición se produce mientras el oficialismo monitorea con preocupación las cifras de pobreza e inflación que difunden las consultoras privadas.
Una Semana de Alta Tensión para el Gobierno de La Libertad Avanza
El Gobierno de La Libertad Avanza enfrentó una semana compleja en materia parlamentaria, política y económica. Con Javier Milei de visita en Ecuador y Colombia, la presión de la comandancia karinista llevó a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a encarar una sesión en la Cámara Alta que, según se preveía en la Casa Rosada, sería muy difícil.
Previamente, se había eliminado del articulado del proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo de extranjerización de tierras. A último momento, con el fin de asegurar la aprobación de lo restante de la iniciativa, se retiraron también los cambios previstos en la Ley de Manejo del Fuego.
Este resultado fue interpretado por la oposición kirchnerista como un triunfo, mientras que los mileístas lo vieron como un anticipo de las limitaciones que podrían imponer los gobernadores dialoguistas de cara a un año electoral que parece haberse adelantado. Si bien el oficialismo nacional consiguió la media sanción de la norma por 37 votos a favor y 33 en contra, pagó un costo que evidenció los límites que los mandatarios provinciales pueden imponer a su agenda de reformas.
A esta situación se suma un factor que los caudillos territoriales observan con suma atención e incertidumbre: el rumbo del programa financiero. Este programa enfrenta un agosto con sucesivas movilizaciones y críticas, encabezadas por la Iglesia Argentina en la previa a la visita del Papa León XIV.
La Mirada de los Aliados Hacia 2027
Una semana atrás, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, uno de los referentes libertarios declaró: «Patricia (Patricia Bullrich) dice que tiene los votos y nosotros confiamos en ella», aunque reconoció la posibilidad de modificaciones. Lo que la Mesa Política mileísta no preveía era que los cambios afectaran el corazón mismo del proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada.
Frente a las críticas internas que surgieron desde los despachos de Balcarce 50, la titular del bloque oficialista en el Senado devolvió los pases de factura, señalando la mala praxis en el «Caso Adorni» y las falencias comunicacionales durante el Mundial de Fútbol. Asimismo, publicó un video en sus redes sociales donde se la veía intentando impulsar el debate de la normativa junto a los bloques acuerdistas, titulado con la frase «El Tango no se baila solo». A los gobernadores, los acusó de priorizar las elecciones del próximo año sobre los proyectos legislativos.
Por su parte, la comandancia de LLA se interrogó sobre la decisión —mayoritariamente antagónica al proyecto de ley— tomada por caciques distritales aliados. Entre ellos se encuentran los gobernadores pejotistas de Tucumán, Catamarca y Salta (Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, respectivamente), así como el misionero de origen radical Hugo Passalaqcua, cuyo jefe político es el peronista Carlos Rovira.
En privado, la respuesta que circuló por los pasillos de Balcarce 50 atribuyó falencias en las negociaciones con las bancadas acuerdistas a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, en el ámbito público, a través de declaraciones en off the record, se minimizó la cuestión, manifestando que «se trató de algo circunstancial que no engloba a las futuras reformas que enviamos al Congreso«.
En la Casa Rosada sí se definió que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea quien asuma de ahora en adelante el vínculo exclusivo con los mandatarios provinciales. Al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se le solicitó que, a partir de este momento, el envío y contenido de las legislaciones sean tratados con mayor profundidad en las reuniones políticas semanales que encabeza la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Los Números que Preocupan a Oficialismo y Oposición
En el contexto de las diatribas proferidas por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en San Cayetano —donde juzgó indirecta y negativamente el modelo socioeconómico del Gobierno—, los últimos días encendieron alarmas en la sede del PEN. La preocupación oficialista radica en guarismos que podrían afectar la percepción de la sociedad en los meses previos al comienzo del año electoral.
Los datos proporcionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y consultoras privadas como ExQuanti indican que el índice de pobreza se incrementó y volvió a alcanzar el 3 por ciento. Otras mediciones lo sitúan en un 31,9%. Este número marca una suba respecto al cierre del año anterior, lo que significa que aproximadamente unas 600 mil personas cayeron bajo la línea de pobreza al comienzo de 2026. Comparado con el piso mínimo alcanzado a mediados de 2025, el aumento llega casi a 1.300.000 personas. Por otro lado, la indigencia sufrió un deterioro gradual y se ubicó en el 6,5% de la población.
A pesar de que muchos de estos análisis se basan en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, tanto en el Palacio de Hacienda como en la Casa de Gobierno se insiste en que «esas son cifras que seguimos y tomamos en cuenta, pero que pertenecen a mediciones privadas. Por lo tanto, les otorgamos un valor relativo», expresó un portavoz ministerial.
La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dada a conocer el pasado viernes, representó otra señal de alerta para la dirigencia libertaria. Del mes de junio al pasado julio, el Índice de Precios al Consumidor porteño pasó del 1,8% al 2,9 por ciento, lo que implica un alza del 1,1%.
La mayoría de las mediciones de consultoras estiman que el IPC oficial para este mismo período se ubicará entre el 2% y el 2,1%. Cabe destacar que, en el marco de estos cálculos, la Canasta Básica Alimentaria aumentó al 11,6% y la Canasta Básica Total al 9,6%, mientras que los sueldos avanzaron hasta el 8,6% con una informalidad laboral que trepa al 44,2% de los trabajadores.
Revertir estas tendencias representa el principal desafío para la gestión libertaria en los próximos meses y el resto de su mandato. Aunque no se visualizan —ni verbalizan— grandes variantes en el programa económico, la dirigencia mileísta sabe que esta será la clave para mantenerse competitiva y con posibilidades de victoria en un escenario político donde tanto aliados como opositores duros comienzan a mostrar sus cartas.
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