La Secretaría de Energía extendió por agosto el refuerzo máximo del 25% en subsidios para tarifas de gas y un adicional del 16,59% para electricidad hasta 300 kWh, beneficiando a hogares. Esta medida se desvía del cronograma original de reducción de subsidios energéticos y contraviene las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el gasto estatal. La prórroga eleva el costo fiscal, en un contexto de alta presión sobre las cuentas públicas y las negociaciones con el organismo multilateral.
Prórroga de subsidios energéticos desafía plan original
El Gobierno nacional decidió extender, una vez más, la bonificación extraordinaria sobre las tarifas de luz y gas, demorando la reducción gradual de los subsidios estatales prevista inicialmente. Esta medida, publicada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 187, se enmarca en un contexto de presiones sobre las cuentas públicas y discusiones legislativas pendientes. La prórroga beneficia a los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), así como a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro, estas últimas sobre la totalidad del volumen consumido.
Para agosto, se mantendrá la bonificación adicional máxima del 25% para el gas natural y el propano por redes. En el caso de la electricidad, se sostendrá un adicional del 16,59% aplicado sobre un bloque de consumo base de 300 kilovatios hora mensuales. Esta extensión representa el cuarto mes consecutivo con la ayuda máxima para el gas, una medida que comenzó en mayo y fue consecutivamente renovada en junio, julio y ahora agosto. Desde la cartera conducida por María Tettamanti, se justificó la decisión por el aumento estacional de la demanda, las mayores necesidades de importación de gas natural licuado y la exposición de sus costos a la volatilidad internacional.
Desvíos significativos del plan de desindexación
La decisión implica un desvío considerable respecto a la planificación original. El Decreto 943, que estableció el SEF en reemplazo del RASE, preveía una escala de reducción mensual de las ayudas extraordinarias hasta eliminarlas en diciembre. Este esquema original contemplaba una bonificación general del 50% para electricidad y gas entre abril y septiembre, a la que se sumarían ayudas extraordinarias decrecientes, con un tope inicial del 25% sobre los precios mayoristas.
Según el cronograma original, la bonificación extra para agosto debía ser del 9,09%, lo que implicaba una cobertura del 59,09% sobre el componente energético subsidiado. Sin embargo, con la nueva resolución, la bonificación para el gas se mantiene en un 75% (sumando el 50% general y el 25% adicional), superando en 15,91 puntos porcentuales el diseño inicial. Para la electricidad, el adicional del 16,59% eleva la cobertura al 66,59% sobre el consumo base de 300 kWh, 7,5 puntos porcentuales por encima de lo estipulado.
La trayectoria de bonificaciones extraordinarias a lo largo del cuatrimestre exhibe un patrón inconsistente para cada servicio:
- Gas: El Gobierno reemplazó la baja programada (15,91% en mayo, 13,64% en junio, 11,36% en julio y 9,09% en agosto) por un techo del 25% mantenido durante los cuatro meses.
- Electricidad: La Secretaría de Energía ajustó lo dispuesto en el Decreto, estableciendo primero un 10,67% unificado para mayo, junio y julio; luego elevó el porcentaje en junio a 11,97%, lo incrementó en julio a 16,59% y ahora mantuvo este último valor para agosto sobre el consumo base de 300 kWh.
Como resultado de estas modificaciones, la ampliación de la ayuda extraordinaria acumuló 50 puntos porcentuales adicionales en el servicio de gas y 13,14 puntos porcentuales en el servicio de electricidad durante el cuatrimestre. La aplicación del tope del 25% en gas duplicó la asistencia real frente a la quita progresiva pautada, mientras que en el caso de la electricidad, la bonificación prevista solo se sostuvo en mayo.
Es relevante recordar que el SEF unificó la categoría de beneficiarios, abarcando hogares con ingresos totales no superiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo ($ 4.594.418,73 a valores de junio), y que cumplan otros requisitos, como no poseer automóviles con antigüedad igual o menor a tres años.
La óptica del Fondo Monetario Internacional
La reciente extensión de los subsidios energéticos se produce poco después de la visita de Kristalina Georgieva al país, con el objetivo de supervisar el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha insistido en la necesidad de un mayor ajuste fiscal y un recorte de las ayudas estatales para sanear las cuentas públicas.
En su último staff report, los técnicos del FMI instaron a implementar «medidas para mejorar la focalización» del gasto, haciendo especial énfasis en los subsidios energéticos. Estiman que, en este rubro, Argentina podría generar un ahorro equivalente al 0,07% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en aproximadamente US$ 500 millones.
Si bien la prórroga de estas bonificaciones no contraviene directamente la indicación del FMI en cuanto a la focalización (dado que el refuerzo se dirige a usuarios ya admitidos en el SEF, lo que implicó que casi la mitad de los beneficiarios anteriores pasaran a tarifa plena), sí incrementa el costo fiscal previsto inicialmente para la temporada invernal y posterga la tan esperada reducción de los subsidios energéticos, un punto clave en la agenda fiscal.
Medidas adicionales y preocupación provincial
Además de la ampliación transitoria de las bonificaciones del SEF, se encuentra en debate una poda más estructural en materia de subsidios: la modificación del Régimen de Zona Fría. Este proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero aún no avanzó en el Senado, propone limitar el beneficio exclusivamente a regiones de frío extremo. Su aprobación dejaría sin el descuento específico a aproximadamente 1,6 millones de usuarios en todo el país.
En la provincia de Santa Fe, el impacto de esta potencial modificación sería significativo, concentrándose en el sur provincial. Allí, unos 550.000 hogares perderían el descuento específico. Ante este escenario, el gobierno provincial inició gestiones la última semana para revisar el aumento del costo de la energía que afecta a los usuarios productivos, un segmento particularmente golpeado por la debilidad de la actividad económica. En este planteo, la provincia incluyó la defensa del Régimen de Zona Fría y, simultáneamente, cuestionó la condonación de deudas prevista para Edenor y Edesur, argumentando que Santa Fe mantiene sus pagos al día con Cammesa sin recibir un tratamiento equivalente.
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