Una nueva investigación judicial en Santa Fe y Santo Tomé expone un presunto esquema de despojo de bienes, pensiones y documentos a adultos mayores alojados en geriátricos privados, a raíz de los testimonios de una ex empleada y la familiar de uno de los residentes. Las denunciantes apuntan contra la responsable de los establecimientos por la apropiación irregular de inmuebles y medicamentos, además de advertir sobre posibles complicidades de organismos estatales.
Nuevas denuncias complican a la responsable de geriátricos
La investigación que pesa sobre la responsable de varios establecimientos geriátricos de Santa Fe y Santo Tomé sumó nuevas y delicadas presentaciones judiciales, que vuelven a poner el foco sobre el manejo de los bienes y recursos de los adultos mayores que pasaron por los hogares. Las acusaciones surgieron a partir del testimonio de una ex empleada y de la denuncia formal radicada por la hija de uno de los residentes.
Ambas mujeres expusieron ante un medio local un funcionamiento que, de acuerdo con sus relatos, excedería las irregularidades administrativas o de atención. En particular, la ex trabajadora, identificada como Melina, señaló que la mujer actualmente imputada por abandono de persona habría tomado bajo su control propiedades pertenecientes a ancianos alojados en las residencias.
Inmuebles y sospechas sobre el destino de los bienes
Durante su testimonio, la ex empleada sostuvo que la responsable de los hogares le ofreció a distintos trabajadores hacerse cargo de viviendas que habrían quedado disponibles tras el fallecimiento de residentes. «Nos ha ofrecido establecimientos, casas que supuestamente a ella le daban por parte de las personas que fallecían», relató.
La mujer mencionó al menos dos inmuebles que habrían sido utilizados para abrir nuevos hogares: uno ubicado en la zona de Ocampo y otro en Santo Tomé. Sin embargo, el dato más sensible aportado por la testigo apunta a que, en uno de los casos, el propietario original aún estaría con vida. «El abuelo está en vida y estuvo en Salvador del Carril y hasta último momento lo tuvo ella», aseguró respecto a la vivienda situada en la vecina ciudad.
Estas afirmaciones deberán ser contrastadas en el marco de la causa mediante documentación, registros de propiedad y trámites sucesorios para determinar la existencia de posibles maniobras, cesiones o transferencias irregulares.
Retiro de pensiones y conflicto por fondos
En paralelo, una mujer identificada como D. R. formalizó presentaciones desde el 22 de abril para denunciar presuntas irregularidades en la atención y administración de los recursos de su padre. Según consta en el expediente, el hombre ingresó a una residencia de calle Salvador del Carril tras permanecer internado en distintos centros de salud.
La denunciante indicó que entregó el DNI y la tarjeta de cobro de la pensión de su padre para facilitar el ingreso. Posteriormente, al advertir movimientos en el Banco Nación y solicitar la administración de los fondos para trasladar al anciano a otro establecimiento, se desató un conflicto.
De acuerdo con la presentación, el 22 de abril la administradora retiró el dinero de la pensión pese a la oposición familiar, justificando la maniobra como el pago de servicios prestados. La devolución nunca se concretó, lo que derivó en una constancia posterior radicada en un Centro Territorial de Denuncia.
Medicamentos y cuestionamientos a los controles
El expediente también incluye cuestionamientos sobre la provisión y administración de fármacos. D. R. afirmó que su padre le manifestaba no recibir la medicación según las indicaciones médicas, y añadió que una ex empleada le confió que se confeccionaban recetas para cobrar a los familiares por remedios que podían obtenerse de manera gratuita.
Por su parte, Melina describió un mecanismo similar, al señalar que se utilizaban medicamentos sobrantes de otros residentes cuando a un abuelo le hacían falta. Asimismo, sostuvo que la titular de los geriátricos, valiéndose de su condición de enfermera, habría reemplazado fármacos recetados por profesionales médicos.
Las actuaciones deberán ser cotejadas con historias clínicas, recetas y registros internos. En tanto, la causa se encuentra bajo la órbita de la fiscalía en turno, con la intervención de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer si existió un esquema sistemático de vulneración de derechos patrimoniales y personales de los adultos mayores.
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