El abogado Martín Risso Patrón solicitó a la Fiscalía Regional de Santa Fe que amplíe la investigación por el funcionamiento de geriátricos clandestinos e incorpore nuevas denuncias sobre un presunto mecanismo de desapoderamiento de bienes y apropiación de viviendas de adultos mayores vulnerables. La querella advirtió que detrás de las acusaciones por abandono de persona y retención indebida de pensiones existen delitos de gravedad patrimonial que aún no fueron imputados a los responsables de los establecimientos.
Nuevas líneas investigativas en la causa por los geriátricos
El abogado que representa a la hija de uno de los hombres alojados en los establecimientos sostuvo que, detrás de las denuncias iniciales por abandono de persona, podrían existir otros delitos que hasta el momento no fueron imputados.
El Dr. Martín Risso Patrón brindó declaraciones durante una entrevista en el programa Santa Fe Policiales, emitido por CYD Litoral, donde aseguró que existen testimonios y presentaciones que deberían ser incorporados a la investigación que encabeza el Ministerio de la Acusación.
El letrado puso especial énfasis en un aspecto previamente mencionado por una ex empleada de los hogares: la presunta apropiación o utilización de viviendas pertenecientes a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Según explicó, durante una audiencia judicial mantuvo contacto con otro hombre alojado en una de esas residencias, quien le relató una situación que podría abrir una nueva línea investigativa.
Testimonios y sospechas sobre propiedades
Risso Patrón relató que, en el marco de una audiencia de revisión de la prisión preventiva de la mujer imputada, conversó con un hombre que se movilizaba con un andador. Según indicó el profesional, la persona le manifestó que prefería no declarar porque el fiscal se había comprometido a restituirle su vivienda.
De acuerdo con el relato recibido por el abogado, el residente habría expresado que su familia desconocía su paradero en el geriátrico. «A él lo llevaron, lo escondieron ahí y le quitaron la casa, se la usurparon», aseguró el letrado, añadiendo que en ese inmueble se habría instalado posteriormente otro geriátrico.
Esta versión coincide con los dichos de Melina, una extrabajadora de los establecimientos, quien también intervino en el ciclo televisivo para señalar que la utilización de propiedades de adultos mayores habría sido una práctica recurrente.
Para Risso Patrón, existía una «captación de estas personas y la utilización económica» de las mismas, lo que comprendía tanto la aparente apropiación de pensiones de bajos montos como la retención de inmuebles. El abogado aclaró que su conocimiento surge de los dichos directos del afectado y de una testigo, y señaló que la fiscalía y la ex empleada podrían contar con mayores elementos al respecto.
Manejo de fondos y administración de medicamentos
El representante legal de D. R. también cuestionó el manejo del dinero correspondiente a la pensión del padre de su clienta. Según detalló, la familia había solicitado formalmente que la responsable del hogar no retirara los haberes de abril, debido a que necesitaban dichos recursos para efectuar el traslado del hombre a otro establecimiento.
Pese a la solicitud, el dinero fue cobrado y retenido. Para el letrado, este episodio encuadra en una presunta estafa por retención indebida. Indicó además que la mujer involucrada concurrió posteriormente a un Centro Territorial de Denuncia para dejar constancia de la extracción bajo el argumento de que correspondía al pago de servicios devengados.
En otro orden, Risso Patrón señaló irregularidades en la administración de medicamentos. Su clienta le aportó registros de audio en los que un hombre identificado como R., encargado del cuidado de los residentes, advertía que la propietaria del hogar pretendía suministrar a su padre una dosis superior a la prescripta por los profesionales médicos.
Ante esta situación, el abogado cuestionó la falta de medidas por parte de la fiscalía y precisó que presentó un escrito formal ante la Fiscalía Regional con la declaración de su representada y nuevos elementos probatorios.
Cuestionamientos al expediente judicial
El letrado advirtió que el legajo fiscal podría contener elementos para investigar una eventual privación ilegítima de la libertad, figura que afirmó no haber sido formalmente imputada hasta el momento pese a constar en los registros remitidos a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Asimismo, cuestionó que la investigación se haya centrado primordialmente en los hechos vinculados con un incendio y en las víctimas directas de ese suceso, dejando de lado aristas patrimoniales y condiciones de alojamiento que, según testimonios de allegados y trabajadores, incluían faltantes de insumos alimentarios que debían ser paliados con asistencia de vecinos.
A partir de las nuevas declaraciones incorporadas por la querella, la investigación deberá merituar si existió un mecanismo coordinado de aprovechamiento económico sobre los residentes, lo que ampliaría sustancialmente el objeto procesal de la causa principal.
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