Con las audiencias públicas destinadas a 14 postulantes a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos federales y nacionales, la Comisión de Acuerdos del Senado avanza en el análisis de un total de casi 70 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. En paralelo, surgen advertencias tanto por la celeridad de un trámite de gran magnitud como por el mecanismo de selección vigente.
Esta instancia representa la quinta audiencia convocada desde el inicio de agosto. Las postulaciones corresponden a vocalías de cámaras federales, jueces de tribunales orales en lo criminal federal, jueces de primera instancia, fiscales ante juzgados nacionales y defensores públicos oficiales, tanto en la Capital Federal como en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Salta.
La comisión se encuentra presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza. Durante las últimas semanas desfilaron por el recinto diversos candidatos, entre los cuales se destacaron los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña.
Un proceso de magnitud y metas oficiales
El oficialismo en la Cámara Alta ya logró la aprobación de más de un centenar de designaciones judiciales en el recinto. Desde el Ministerio de Justicia se fijó como meta alcanzar la cobertura de casi 300 vacantes en distintos fueros y jurisdicciones del país.
En ese sentido, las autoridades tienen previsto convocar próximamente a una sesión para tratar otra importante tanda de pliegos que ya cuentan con dictamen de comisión, con el fin de acelerar las aprobaciones. Las audiencias públicas se realizan en el marco del procedimiento constitucional que exige el acuerdo del Senado para las designaciones judiciales, permitiendo que cada candidato responda preguntas y que la sociedad presente observaciones.
La polémica por los nombramientos y el debate político
En pleno desarrollo de este proceso, se desató una controversia a partir de una publicación en redes sociales del exsenador Esteban Bullrich, dirigida al Senado de la Nación y a la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza.
«Quiero terminar con un pedido concreto al Senado y, muy especialmente, a la senadora Patricia Bullrich, con quien tanto hemos luchado por una Justicia independiente: que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal», disparó.
Junto a su mensaje, reproducido en un artículo periodístico del diario Perfil, el exlegislador compartió su nota de opinión publicada en La Nación sobre los nombramientos del Poder Ejecutivo.
Más de un tercio de vacantes en la Justicia
Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo elevó al Senado 203 pliegos judiciales, marcando un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura. Esta cifra abarca 144 candidatos a jueces, 26 fiscales, 25 defensores oficiales y cuatro listas de conjueces, además de otros cuatro acuerdos de magistrados, según los datos difundidos por el propio Gobierno.
El volumen de postulaciones busca responder a un problema estructural del Poder Judicial, donde existen más de 300 cargos vacantes y una proporción significativa de los tribunales funciona con subrogancias o suplencias. Según relevamientos difundidos durante el año, alrededor del 36,5% de los cargos de la Justicia nacional y federal se encontraba vacante, afectando a fueros sensibles y demorando la resolución de expedientes.
Juan Bautista Mahiques destacó que la cantidad de postulaciones constituye un hecho inédito para reconstruir un sistema eficiente, mientras que sus críticos advierten que la cobertura masiva no debe convertirse en una oportunidad para alinear políticamente al Poder Judicial con el oficialismo.
La exhortación de la Corte Suprema
El mecanismo de selección vuelve a estar en el centro de la escena. En su columna titulada «Una injusticia a la Justicia», Esteban Bullrich argumenta que la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura para reducir la influencia de la política partidaria, un objetivo que, a su juicio, continúa sin cumplirse plenamente.
En la misma línea, la propia Corte Suprema de Justicia, en una acordada suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz —quien preside el tribunal y el Consejo de la Magistratura—, presentó un proyecto de reglamento para dotar de mayor transparencia al proceso y colocar al mérito y la idoneidad como vector determinante.
El máximo tribunal remarcó que el régimen actual premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico y criticó la «relativa amplitud» de la entrevista personal. Para subsanarlo, el proyecto introduce una «doble instancia que garantiza el anonimato absoluto» en las evaluaciones técnicas, combinando una etapa general automatizada con una etapa especial de resolución de casos hipotéticos.
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