Ante el crítico estado de las rutas nacionales y la subejecución de fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se reunirá este martes desde las 15 para escuchar a funcionarios, intendentes y representantes de organizaciones civiles. El encuentro, que contará con la participación de legisladores santafesinos y jefes comunales de distintas provincias, busca exigir explicaciones sobre el destino de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles que fueron derivados a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal. La convocatoria se da en medio de reclamos federales por infraestructura vial y tras revelarse que el Gobierno nacional solo ejecutó el 26,2% de los recursos previstos para el mantenimiento de caminos.
El colapso de las rutas nacionales y la polémica por los fondos del SisVial
El reclamo por el mal estado de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento lleva mucho tiempo vigente y nunca perdió su razón de ser. Como advirtió en más de una ocasión el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, los baches ya son cráteres. Sin embargo, el malestar recrudeció en los últimos días a partir de una investigación periodística.
La Nación reveló una semana atrás que, entre 2024 y mayo de 2026, el fondo fiduciario denominado Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó $ 1,5 billones, pero solo $ 394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial; es decir, el 26,2% de los recursos. El resto fue derivado a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
Esto fue confirmado por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien al ser consultado por un medio de su provincia, La Pampa, respondió: «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos».
Convocatoria en el Congreso y tensión política
En ese marco y tras las repercusiones dentro y fuera del Congreso —que incluyen una citación al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que den explicaciones, sumada a una denuncia penal de Victoria Tolosa Paz (UxP) contra el titular del Palacio de Hacienda—, fue convocada la Comisión de Obras Públicas para este martes a las 15.
El grupo de trabajo está bajo la presidencia de Martín Aveiro (UxP) y contará con una extensa lista de invitados. Precisamente, allí se anunciarán los proyectos presentados con motivo de las recientes publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario SisVial.
Cinco integrantes de la comisión representan a Santa Fe: Florencia Carignano (UxP); Pablo Farías y José Núñez (Provincias Unidas), y Valentina Ravera y Verónica Razzini (La Libertad Avanza).
Reclamo federal y respuestas parciales
Como en otros plenarios, participan referentes de diversas provincias. Hace un año, todas solicitaron —a través de sus gobernadores y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de su jefe de Gobierno— que se les girara el porcentaje del impuesto a los combustibles destinado al mantenimiento de las rutas, así como una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ninguno de los dos pedidos obtuvo una respuesta positiva.
Mientras tanto, en la reunión de comisión de este martes estarán presentes Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; Patricia Mazitelli y Fabián Catanzaro, de la Federación de Personal de Vialidad Nacional; y Emiliana McNamara, del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Junto a ellos se sentarán Silvia González, de Estrellas Amarillas, y Viviana Romero Cardozo, del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires.
De manera presencial y virtual participarán autoridades municipales. De Santa Fe se espera a Lucas Fanelli, de Chabás, junto a gobernantes y legisladores de Catriel (Río Negro); Puelén (La Pampa); Carlos Casares, Colón y Tres Arroyos (Buenos Aires); General Ocampo (La Rioja); Gualjaina, Trevelin y Villa La Angostura (Neuquén); Jujuy y Formosa, entre otros.
Un reclamo de alcance regional
El reclamo por el estado de las rutas nacionales no reconoce más fronteras que los límites del país. Por eso se hizo sentir recientemente en un encuentro de la Región Centro —que integran Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos—, así como en el Norte Grande, que el miércoles reunió a casi una decena de mandatarios junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, y en la Patagonia, donde el gobernador Alberto Weretilneck (Río Negro) reclama el traspaso de las rutas 22 y 151.
En el ámbito santafesino, la ex vicegobernadora y actual diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, advirtió días atrás que las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes. En esa línea, presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) desde enero de 2024.
Scaglia exigió transparencia sobre el destino de los fondos y alertó sobre el deterioro de las trazas nacionales, especialmente las rutas 33 y 34, claves para la producción santafesina. En una publicación en redes sociales, valoró el reciente traspaso de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, aunque remarcó que la medida no resuelve el colapso del resto de la red vial. «No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días», sostuvo.
El origen y destino del fondo SisVial
El SisVial fue creado por el decreto 976/01 para captar una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
Durante dos años y medio, la administración del presidente Javier Milei recaudó más de un billón y medio de pesos en el fideicomiso destinado a obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado, el fondo mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó La Nación a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.
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