La intervención de la provincia comenzó a partir de un pedido de la Municipalidad de Rosario del Tala, luego de que vecinos y vecinas denunciaran la situación del predio ubicado en la esquina de Tucumán y Urquiza.
Según se desprende de la resolución 464/2026 de la Secretaría de Ambiente, el responsable del inmueble no contaba con habilitación ambiental para desarrollar esa actividad y tampoco avanzó en la regularización de la situación pese a los requerimientos efectuados.
Ante la persistencia de los incumplimientos, el 9 de abril se realizó un operativo con presencia de la fuerza pública. El procedimiento contó con una orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala.
Retiraron 2.493 envases
Durante el allanamiento se encontraron 2.493 envases vacíos de fitosanitarios, que estaban acumulados directamente sobre el suelo y la vegetación, sin las condiciones necesarias para su almacenamiento.
La situación implicaba distintos riesgos ambientales y sanitarios, entre ellos la posible infiltración de líquidos contaminantes hacia las napas subterráneas, la presencia de olores y la proliferación de plagas y roedores.
Los envases fueron retirados del lugar y trasladados a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) por la Asociación Civil Campo Limpio, donde quedaron destinados a un proceso de acondicionamiento y tratamiento adecuado.
La clausura alcanza a todo el establecimiento
Si bien los envases de fitosanitarios fueron retirados, en el predio todavía permanecen otros residuos considerados peligrosos, correspondientes a diferentes categorías y que, según la resolución, continúan sin ser trasladados ni regularizados.
Por este motivo, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, resolvió disponer la clausura total de las actividades en el establecimiento.
La medida se tomó en el marco del procedimiento administrativo iniciado por infracciones a la Ley Nacional 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.
Una sanción de más de $44,5 millones
Además de la clausura, la provincia determinó una multa de $44.592.507, que deberá ser abonada en un plazo de diez días.
Con la resolución, Entre Ríos concluyó el procedimiento administrativo y reforzó las medidas de control sobre la gestión de residuos vinculados a la actividad agropecuaria, con el objetivo de reducir riesgos para la población y prevenir impactos sobre el suelo y los recursos hídricos.
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