Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, la provincia de Santa Fe repasa los casos de violencia extrema que marcaron la agenda policial y judicial reciente, como los crímenes de Jeremías Monzón en la capital provincial e Ian Cabrera en San Cristóbal. Ambos homicidios, cometidos por adolescentes que resultaron penalmente inalcanzables bajo la legislación anterior, expusieron los límites históricos del sistema penal juvenil y motorizaron la urgente transición normativa en tribunales.
Un nuevo paradigma legal en la justicia penal de menores
Este 5 de septiembre marcará un antes y un después en la administración de justicia penal para menores de edad en Argentina. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso de la Nación en febrero de este año, se derogará de manera definitiva el Decreto Ley 22.278, promulgado en agosto de 1980 durante la última dictadura militar.
Esa norma establecía que ningún adolescente menor de 16 años podía ser penalmente imputable, independientemente de la gravedad del delito cometido. Durante más de cuarenta años, ese vacío normativo blindó con una impunidad de origen a los menores involucrados en hechos delictivos de extrema gravedad.
La nueva legislación introduce un Régimen Penal Juvenil que sitúa el piso de la imputabilidad en los 14 años. A partir de este mes, conductas que antes quedaban bajo la órbita de contenciones familiares o institucionales pasarán a formar parte de un proceso penal formal con consecuencias jurídicas concretas.
La ley establece una escala de sanciones según la gravedad de los ilícitos, diferenciando entre delitos leves, medios y graves. En estos últimos, que abarcan penas que superan los 10 años o casos con resultado de muerte o violencia física grave, se habilitará el encierro de los adolescentes en institutos especializados de detención y condenas con un tope máximo de 15 años de prisión.
La sociedad santafesina asiste a esta transición con la herida abierta por los recientes crímenes de Jeremías Monzón en la capital provincial y de Ian Cabrera en San Cristóbal, perpetrados por chicos de 14 y 15 años que, amparados por los límites de la legislación saliente, resultaron legalmente intocables.
El crimen de Jeremías Monzón
El hecho más emblemático de este fenómeno en la ciudad de Santa Fe ocurrió en diciembre del año pasado. Jeremías Monzón, un adolescente de apenas 15 años de la vecina localidad de Santo Tomé, salió de su casa en bicicleta el jueves 18 de diciembre rumbo a la capital provincial.
Tras perderse todo contacto con él, su familia denunció la desaparición y se activó el protocolo de emergencia nacional Alerta Sofía. El hallazgo del cuerpo se confirmó cuatro días después, el 22 de diciembre, cuando una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un cadáver en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón.
La autopsia reveló que el cuerpo de Jeremías presentaba 23 puñaladas infligidas con cuchillos y un arma blanca de fabricación casera. Tras la investigación, la fiscalía determinó que tres menores de edad participaron activamente en el asesinato y una mujer adulta los ayudó. Sin embargo, las consecuencias procesales quedaron divididas por la barrera etaria.
Los dos varones involucrados de manera directa en el hecho, L.P. y B.V., tenían 14 y 15 años al momento del crimen. Por imperio del Decreto Ley 22.278 vigente, ambos fueron sobreseídos inmediatamente y quedaron al margen de cualquier condena criminal, tras declarar únicamente en cámara Gesell.
Quienes sí deberán afrontar el juicio son M.B.A. (de 16 años al momento de los hechos), imputada como coautora del «homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas», y su madre Nadia Ivón Juárez, de 41 años.
La mujer adulta fue imputada como partícipe secundaria, acusada de haberse reunido con los adolescentes después del crimen para acompañarlos al Parque del Sur y ayudarlos a descartar tanto las armas utilizadas como otros elementos vinculados al hecho.
El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, cerró la investigación y presentó la acusación formal solicitando la pena de 15 años de prisión para ambas mujeres. En tanto, los dos agresores de 14 y 15 años fueron sobreseídos por su edad y permanecen bajo una serie de medidas ordenadas por el juez penal Gustavo Urdiales, bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial.
Homicidio en la escuela de San Cristóbal
Apenas unos meses después del crimen de Jeremías, otro hecho protagonizado por menores de edad generó gran preocupación en la provincia. El 30 de marzo de este año, la comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal fue escenario de un ataque armado.
Un adolescente de 15 años, identificado como G.C., ingresó al establecimiento con una escopeta y abrió fuego, provocando la muerte instantánea de un alumno de 13 años, Ian Cabrera, e hiriendo a otras personas.
Al igual que en el caso Monzón, la ley consideró al atacante un menor inimputable dada su edad al momento del tiroteo. El juez de Primera Instancia de Distrito de Menores de San Cristóbal, José Alberto Boaglio, se vio impedido de someterlo a un proceso penal ordinario y debió dictar una medida alternativa basada en informes interdisciplinarios de salud mental.
El menor fue alojado en una institución especializada de la ciudad de Santa Fe bajo un régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico, mientras las muertes de Ian y Jeremías marcan el límite histórico de la inimputabilidad para homicidas de 14 y 15 años en Santa Fe.
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