Investigación por trata en geriátricos de Santa Fe: la causa pasa al fuero federal y apartan al fiscal Cecchini

La Justicia Federal de Santa Fe investiga la existencia de una red de trata de personas y explotación de adultos mayores en el barrio Nuevo Horizonte, a partir de una denuncia que acusa a particulares y a funcionarios estatales de despojar económicamente a jubilados y privarlos de su autonomía. La presentación judicial, radicada tras un trágico incendio en un establecimiento clandestino de calle Gollán, se basa en el precedente penal del caso Mataderos para encuadrar la sujeción económica de las víctimas como un delito federal, mientras en paralelo la Auditoría General del MPA indaga la inacción de fiscales provinciales que ignoraron denuncias previas.

De la tragedia al fuero federal

El viernes 28 de agosto, a partir del aporte de distintas fuentes, se radicó una denuncia ante la Justicia Federal por la existencia de una red de trata de personas en la ciudad de Santa Fe. La trama investigada involucra no solo a particulares, sino también a funcionarios del Estado pertenecientes a los tres poderes.

La presentación judicial se apoya en el precedente jurisprudencial establecido en 2026 por el juez Julián Ercolini en la causa Mataderos, doctrina federal que permite encuadrar la sujeción económica y la privación de la autonomía de adultos mayores en situación de vulnerabilidad directamente bajo la figura penal de trata de personas.

El antecedente del siniestro y la actuación fiscal

Lo que comenzó como la clausura de un geriátrico ilegal tras un trágico incendio registrado en el barrio Nuevo Horizonte ha escalado a un escándalo institucional de proporciones. La causa dio un vuelco drástico cuando el fuero federal comenzó a investigar la posible red de trata y explotación, mientras que en el ámbito provincial el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apartó a los fiscales a cargo.

La remoción del exfiscal de la causa, Manuel Cecchini, y de su par Roberto Olcese, dispuesta por el fiscal regional Jorge Nessier, dejó la investigación en manos del fiscal Marcelo Nessier. La decisión respondió a severos cuestionamientos por inacción: existían al menos tres denuncias penales anteriores al incendio registrado en el centro clandestino de calle Gollán al 11000 —tal como publicó el diario El Litoral días después del siniestro—, las cuales resultaron perdidas, desestimadas o ignoradas por el organismo. Actualmente, la Auditoría General del MPA investiga la conducta de los funcionarios intervinientes.

La acusación formulada inicialmente por Cecchini se limitó a tomar el incendio como un hecho aislado, sin investigar la cadena de responsabilidades hacia arriba, hacia abajo o de forma previa al suceso, desconociendo una denuncia en la que la hija de un residente aportaba pruebas claras sobre el delito de trata de personas con participación institucional.

Mecanismo de sometimiento y despojo

La presentación ante la Justicia Federal detalla que en Nuevo Horizonte no operaba un simple establecimiento irregular, sino un mecanismo sistemático de captación, acogimiento y despojo de la autonomía. El lugar recibía a personas enfermas, mayores o con dificultades para valerse por sí mismas, quienes quedaban progresivamente bajo el control de terceros en aspectos esenciales de su vida.

Las víctimas compartían un perfil de extrema vulnerabilidad, caracterizado por enfermedades crónicas, aislamiento y la imposibilidad física o cognitiva de valerse por sí mismas o de retirarse por sus propios medios. El caso presenta similitudes con la causa llevada adelante en el barrio porteño de Mataderos por el fiscal Eduardo Taiano, donde las víctimas —como el adulto mayor de 84 años explotado en dicho expediente, o los damnificados santafesinos E. R., aquejado de Parkinson, y L. C. A.— sufrían el despojo de su autonomía mediante la retención sistemática de elementos esenciales.

Como parte del funcionamiento de la red, al ingresar al establecimiento se exigía la entrega de la siguiente documentación y herramientas financieras:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Tarjetas bancarias.
  • Claves personales (PIN).
  • Pensiones y haberes previsionales, utilizados como motor económico central para financiar la estructura de explotación.

A esto se sumaban condiciones de degradación habitacional, con denuncias previas que advertían sobre desnutrición, abandono, falta de atención médica, suspensión de medicamentos y agresiones físicas y psicológicas. La doctrina jurídica ratifica que la ausencia de encierro bajo llave no cancela el delito, ya que la manipulación de la dependencia económica y física constituye una forma efectiva de privación de la libertad.

Red de alcance estatal y presunto encubrimiento

La investigación incorpora documentación formal fehaciente que compromete a funcionarios de diferentes rangos, señalando la participación de agentes municipales y el uso de móviles oficiales en el traslado de víctimas hacia el geriátrico clandestino, en connivencia con la única detenida en la causa y la promoción de residencias no habilitadas dentro del propio organismo de control.

Con la causa provincial reasignada al fiscal Marcelo Nessier y el avance de las actuaciones en el fuero federal, el expediente abandona definitivamente la rotulación de un asilo ilegal para consolidarse como la investigación de una trama criminal de trata y explotación sistemática en la ciudad de Santa Fe.


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