La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzará a debatir este martes el proyecto de Reforma Electoral Integral impulsado por el Gobierno nacional, en medio de las advertencias de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de respetar plazos prudenciales para modificar las reglas de juego de cara a los comicios de 2027. La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei, que contempla la eliminación de las PASO, la incorporación de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos, prevé un cronograma tentativo que arrancaría en abril si se mantienen las condiciones actuales.
Advertencia institucional por la reforma electoral
La Cámara Nacional Electoral instó al Congreso de la Nación a observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral. El objetivo central es garantizar que se cumplan los plazos necesarios para permitir una adaptación adecuada de los partidos políticos y de las autoridades electorales ante cualquier modificación.
En una Acordada Extraordinaria, el tribunal advirtió que las reglas estructurales del sistema electoral no deben modificarse en la proximidad de los comicios, a fin de brindar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación.
Esta recomendación surge a raíz del proyecto de Reforma Electoral Integral que ingresó en abril al Senado de la Nación y que tendrá su primer movimiento concreto el próximo martes a las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto (LLA–Tierra del Fuego). Previamente, en mayo, se llevó a cabo una reunión informativa con la presencia de María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior de la Nación.
La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei contempla la eliminación de las PASO, la incorporación de Ficha Limpia y modificaciones en la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Se trata de cuestiones de fondo que demandan un tiempo prudencial de adecuación operativa y normativa.
El impacto en el cronograma electoral
Si se mantiene el cronograma con las primarias —una opción que reclama la oposición y prefieren ciertos sectores aliados—, el calendario electoral iniciará alrededor del 27 de abril con el cierre del padrón provisorio, cuya publicación se realiza días después.
Así lo explicó a El Litoral Magdalena Gutiérrez, secretaria nacional electoral por Santa Fe, quien aportó como ejemplo el cronograma de los comicios de 2023. En este marco, las elecciones nacionales de 2027 están previstas para el 24 de octubre, mientras que las PASO, de realizarse, se celebrarían el 8 de agosto.
El documento de la CNE subraya la necesidad de que cualquier debate legislativo sobre el régimen electoral, partidos políticos o financiamiento de campañas respete las directrices internacionales sobre la oportunidad de los cambios. Al respecto, el tribunal recordó que ha mantenido históricamente un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales, señalando que alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar más perjuicios que beneficios.
La importancia de la anticipación normativa
Los estándares internacionales recomiendan que las reglas estructurales no se modifiquen en las inmediaciones de los comicios. La CNE aclara que el plazo idóneo para introducir reformas es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso —situado a fines de abril—, otorgando así un tiempo razonable para que los partidos armonicen su reglamentación interna.
Todas las actividades preelectorales están sometidas a un cronograma con plazos perentorios e improrrogables sujetos a la fecha límite de la elección. Esta rigurosidad temporal es determinante para instrumentar modificaciones en categorías de cargos, requisitos de personalidad jurídica, sistemas de selección de candidaturas, instrumentos de votación y normas de control de financiamiento.
El antecedente de 2025
Para las legislativas de 2025, el gobierno nacional dispuso la suspensión de las PASO con el argumento de reducir el costo para el erario público, una decisión avalada por el Congreso a través de la ley 27.783, promulgada en marzo del año pasado.
No obstante, la Cámara señaló que, a pesar de la previsión adoptada en aquel momento, la realidad del proceso electoral demostró que la totalidad de las agrupaciones políticas —con la única excepción de una alianza sobre un total de 626 partidos intervinientes— recurrió a mecanismos de designación de candidatos sin el voto directo de los afiliados.
Ante la proximidad del límite temporal recomendado por las directrices internacionales, el tribunal consideró prudente elevar estas consideraciones a las autoridades competentes. Finalmente, la CNE aclaró que este pronunciamiento no constituye un juicio de valor sobre el contenido, la conveniencia político-institucional o el mérito de las iniciativas en trámite, facultades privativas de los poderes constitucionalmente habilitados para legislar.
La acordada lleva las firmas de los jueces con competencia electoral Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, junto con los secretarios de la Cámara Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.
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