El letrado sostuvo que: “la verdad que esta investigación posee pasajes de absoluta arbitrariedad y manejo de tiempos que violan garantías constitucionales y convencionales. Los fiscales que llevaron adelante la investigación demoraron 8 años en remitir una causa a juicio y lo hicieron perdiendo pruebas claves, ignorando medidas pedidas por la defensa y nuestro defendido y dejando de lado un trabajo de pericia oficial de un año”.
“Seguiremos insistiendo en la inocencia de mi defendido sabiendo que la pericia contable hecha por la fiscalía es amañada, posee prueba que fue contundentemente probada en nuestro favor por pruebas oficiales y formales como informes de AFIP, UIF y demás; y asimismo, dicho trabajo, no guarda los criterios contables requeridos para ser tenida en cuenta como informe contable formal y que no coincide con los criterios utilizados por la pericia contable oficial, hecha por un miembro del cuerpo de peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia”, indicó.
Y añadió: “La fiscalía no evacuó pruebas requeridas por esta defensa técnica, desechó prueba concreta formal y evadió medidas probatorias que, sin dudas, hubieran favorecido nuestra postura defensista. Además, y tal como lo han informado diversos bancos oficiales, hay pruebas de extractos bancarios y de tarjetas de crédito que fueron ya destruidas por el paso del tiempo, información irrecuperable que, de existir y de haberse requerido a tiempo, avalarían nuestra postura que el patrimonio de mi defendido y su núcleo familiar es absolutamente equilibrado y justificado”.
Por otro lado, Cullen señaló que “también hemos denunciado un proceso excesivamente largo, que viola estándares nacionales e internacionales en materia de plazo razonable. Mi defendido hace 11 años que dejó el cargo en la tarjeta de créditos y ha sido perseguido desde allí hasta la fecha y es justamente uno de los fundamentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado en varios casos conocidos y además del fallo contra Argentina de hace un mes, en el fallo ‘López de Belva y otro vs. Argentina’, donde el tribunal internacional dictó sentencia sobre este tema y declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneraciones a garantías judiciales en el proceso seguido contra dos abogados. La sentencia fue notificada el 21 de agosto de 2026”.
“Ya se ha dicho jurisprudencialmente que no se puede tener tanto tiempo a una persona sometida a proceso sin que ello afecte a la persona en su vínculo familiar, social,y obviamente el laboral. El último fallo de la CIDH notificado hace un mes, fundó dicha condena en estas cuestiones, y es lo que esperamos que se cumpla en este caso”.
Finalmente, dijo: “No tenemos ninguna duda que, de haberse podido reunir toda la documentación contable, bancaria o tributaria que la propia perito oficial requirió y ya no está disponible, el patrimonio hubiera quedado sin ningún tipo de inconsistencia. Acá no hay ningún enriquecimiento, sólo una investigación incompleta y manejada con uno parcial de los tiempos”.
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