El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor y 23 en contra, una iniciativa orientada a flexibilizar el régimen simplificado de ganancias e incorporar al sistema financiero formal los dólares que permanecen fuera del circuito oficial. La norma, defendida en el recinto por legisladores oficialistas y resistida por el bloque Justicialista, redefine el concepto de discrepancia significativa para el cálculo de ARCA, introduce un umbral mínimo del 5% y excluye expresamente a los funcionarios públicos de los beneficios de regularización. Previamente, la Cámara alta también aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra el convenio firmado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el traspaso de la competencia en la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por menores.
Inocencia Fiscal II: el Senado convirtió en ley el proyecto que busca regularizar dólares fuera del circuito formal
El Senado convirtió este jueves en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, con 44 votos a favor y 23 en contra, una iniciativa que apunta a incorporar al sistema los dólares que el Gobierno Nacional señaló que permanecen fuera del circuito oficial.
El texto redefine el concepto de discrepancia significativa en el régimen y modifica el criterio de intervención de la ARCA para el sistema de declaraciones simplificadas. Según la norma, la discrepancia se medirá sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo definitivo, introduciendo un piso mínimo del 5% junto al umbral del 15% ya existente.
Durante el debate legislativo, el senador Bruno Olivera Lucero sostuvo que «los dólares de abajo del colchón no le sirven al país como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo», y afirmó que existen U$S 170.000.000.000 fuera del sistema. Asimismo, defendió la iniciativa como una herramienta para confiar en los contribuyentes y facilitar la regularización voluntaria.
Por su parte, la ley establece que la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles no excluirá al contribuyente del régimen siempre que regularice los saldos, y fija limitaciones para aquellos funcionarios que utilicen el sistema operativo sin acceder a los beneficios de presunción de exactitud.
Qué cambia en el régimen fiscal
La normativa sancionada modifica el régimen simplificado de Ganancias para ampliar el universo de ingreso al sistema. En este sentido, se eliminan los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso y se permite la incorporación de contribuyentes con residencia fiscal en el país.
Entre los ejes centrales figuran:
- La nueva fórmula para calcular la discrepancia significativa.
- La introducción de un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° del régimen penal.
- La posibilidad de rectificar declaraciones dentro de un plazo de 15 días sin perder los beneficios.
Además, el proyecto contempla reducciones automáticas de sanciones para MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, al tiempo que limita a los funcionarios el acceso a las presunciones y liberaciones de fiscalizaciones.
Cruces y posiciones en el recinto
En el recinto, la senadora Patricia Bullrich defendió el proyecto como un sistema capaz de distinguir el fraude del error, y remarcó que ni el Presidente ni los funcionarios podrán usufructuar los beneficios del régimen. En la misma línea, la senadora radical Silvana Schneider expuso los aspectos técnicos y destacó la seguridad jurídica garantizada a los contribuyentes.
En la vereda opuesta, José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó fuertemente la iniciativa al argumentar que favorece a determinados sectores. En tono irónico, propuso denominarla el «día de los inocentes fiscales» y aseguró que la norma no está pensada para trabajadores, jubilados ni pensionados.
A las críticas se sumó Jorge Capitanich, quien cuestionó el principio de inocencia y sostuvo que adherir al régimen no legitima el origen del patrimonio, postura que generó un cruce directo con los defensores del proyecto.
La sanción dota al sistema fiscal de nuevas reglas operativas y de control, abriendo el camino para que —según la visión oficialista— más contribuyentes se incorporen al circuito formal, lo que generará efectos administrativos directos en la ARCA.
Traspaso de la justicia de menores y convenios con la Ciudad
Previamente, la Cámara alta aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra —con el rechazo del bloque Justicialista y los legisladores santiagueños— los acuerdos celebrados entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en materia de traspaso de la justicia de menores y competencias penales.
Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.
En virtud del acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de los delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, incluso si al momento de ser juzgados ya alcanzaron la mayoría de edad. La medida también comprende a los adultos imputados en el mismo expediente por hechos conexos, con el fin de preservar la unidad de la investigación, mientras que para los menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales de carácter protector.
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