El Senado de la Nación retomó el debate sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, bajo la presión de la Cámara Electoral Nacional (CNE) para cumplir los plazos legales de cara a los comicios de 2027. Mientras el oficialismo busca aprobar el proyecto integral este año, sectores dialoguistas como el PRO insisten en desgajar la iniciativa para tratar el proyecto de Ficha Limpia por separado. La discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida para su reanudación.
La reforma electoral en la mira del Senado
La última acordada extraordinaria de la Cámara Electoral Nacional, en la que recomienda al Congreso que se cumplan los plazos para el debate y eventual sanción de la reforma electoral integral que propuso el gobierno de Javier Milei, sobrevoló este martes toda la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
El grupo de trabajo, que lidera Agustín Coto (LLA – Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur), retomó el cuarto intermedio que dejó pendiente el tema en mayo, cuando se empezó a desmenuzar el complejo proyecto presentado por el Ejecutivo bajo el mensaje 110/26.
El proyecto es complejo porque modifica varias leyes e incorpora temas de gran espesor: la derogación de las PASO, cambios en la constitución de los partidos políticos y en el financiamiento de las campañas, la elección indirecta de parlamentarios del Mercosur y la eliminación del debate presidencial, entre muchos otros puntos.
El pedido de la Cámara Electoral Nacional
La semana pasada, la Justicia electoral difundió un documento en el que insta a observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral; en definitiva, exige que se cumplan los plazos para permitir una adaptación adecuada de los partidos y de las autoridades electorales ante posibles modificaciones.
Esto es fundamental porque el calendario electoral arranca mucho antes del domingo de elecciones: en 2027, las presidenciales serán el 24 de octubre y las PASO, si se mantienen, el 8 de agosto. Para llegar a esos hitos en orden, deben ponerse en marcha otros plazos previos que incluyen el cierre y la publicación de padrones, inscripciones, campañas, diseño de boletas y un largo etcétera.
Quedan diez semanas por delante para redondear la sanción de la ley presidencial, teniendo en cuenta que el período ordinario de sesiones culmina el 30 de noviembre, que la Cámara Electoral Nacional espera que los cambios se aprueben durante este año no electoral, y que el Senado es recién el comienzo del camino: si el proyecto obtiene media sanción —para lo cual requiere de 37 votos—, aún debe pasar a la Cámara de Diputados, donde ya se vislumbran opiniones discordantes.
Partidos políticos y el futuro de las PASO
Si en un punto hay coincidencia, es en que debe modificarse el sistema que permite que en la Argentina coexistan 600 partidos políticos de distrito, una cifra que no alcanza ningún otro país de la región.
La eliminación, suspensión o no obligatoriedad de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias es un tema que promete rispideces. El oficialismo impulsa su eliminación con el argumento casi exclusivo del costo que involucran; otros sectores dialoguistas van por la suspensión —tal como ocurrió en las legislativas de 2025—; otros prefieren eliminar la «O» del sistema y hacerlas no obligatorias, mientras que la oposición más dura exige que se mantengan tal como están.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de repasar los principales puntos del proyecto oficial que, como se señaló, incorpora la Ficha Limpia a la reforma general. En este punto surgieron algunas disidencias, en particular desde el PRO, partido que hasta el año pasado impulsó la iniciativa en Diputados, donde obtuvo media sanción, aunque no tuvo la misma suerte por un voto en su paso por el Senado.
El debate en torno a la Ficha Limpia
El pedido de varios senadores es que Ficha Limpia se trate como una ley aparte, separada del paquete de reforma electoral. En esa línea se pronunció Martín Goerling Lara (Misiones – PRO), para quien este es un proyecto de la sociedad que requiere de un debate independiente de la reforma política.
Para lograrlo, será necesario unificar criterios, ya que a las condiciones incorporadas por el Presidente para ejercer cargos públicos se sumaron otras propuestas por los propios legisladores. Por su parte, Mariana Juri (Mendoza – UCR) ponderó la ley vigente en su provincia, que incorpora causales rigurosas para impedir el acceso a un cargo público. «Las modificaciones se iniciaron con condenas por corrupción y queremos agregar delitos sexuales y otros igualmente graves», señaló, al tiempo que advirtió que aún debe dirimirse si la condena inhabilitante debe ser en primera o segunda instancia, o requerir una sentencia firme de la Corte Suprema.
También defendió el sistema de su provincia la neuquina Julieta Corroza, cuyo marco normativo abarca causas por narcotráfico, delitos fiscales e incumplimiento de manutención. «Queremos que se separe el proyecto de reforma de Ficha Limpia porque la sociedad está pidiendo que quienes ocupemos cargos en los tres poderes seamos transparentes y de cero corrupción», agregó.
Desde el justicialismo, Jorge Capitanich (Chaco) impulsa la inclusión de un examen sicofísico y toxicológico para los funcionarios que ocupen cargos públicos. Por su parte, Fernando Salino (San Luis – Justicia Social Federal) cuestionó que esta reforma llegue, al igual que la Ley de Bases a fines de 2023, como un enorme paquete que abarca numerosos temas disímiles: «En aquel momento sugerimos separar cuestiones que no tenían nada que ver entre sí y esa posición fue rechazada», recordó, criticando que no se aplique el mismo criterio ahora para tratar Ficha Limpia por separado.
La respuesta provino nuevamente desde el PRO, que insiste en que los proyectos sobre esta temática cuentan con un largo recorrido previo en el Congreso.
Por ahora, las cartas están echadas sobre la mesa de la comisión, aunque no se sabe cuándo se volverán a reunir sus integrantes tras pasar a un nuevo cuarto intermedio. Los tiempos judiciales apremian y la reforma requiere de una mayoría especial para ser aprobada en el recinto. Se abre ahora una instancia de unificación de criterios y debates internos antes de salir a la cancha, un escenario donde también juega el gobierno nacional, que ya puso en marcha —a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli— una agenda de reuniones con gobernadores para buscar adhesiones a su proyecto, en momentos en que el Presupuesto 2027 comenzará a acaparar el debate en Diputados.
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