Mientras el Gobierno nacional defiende su meta de superávit primario en un contexto de caída de la recaudación y exigencias del FMI, un informe del IARAF advierte que la presión tributaria efectiva aumentará en 2027. La situación genera reclamos cruzados de la Unión Industrial Argentina (UIA), la agroindustria y las entidades pymes, que exigen un alivio fiscal frente al impacto de los impuestos distorsivos y la contracción del consumo interno.
El debate impositivo en la agenda económica y la postura empresaria
El debate impositivo en la Argentina vuelve a situarse en el centro de la escena económica. La llegada de una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Joyce Wong —cuya tercera revisión define un desembolso de US$ 867 millones— pone a prueba el compromiso nacional con el superávit primario, fijado en 1,4% del PBI para 2026.
En este escenario, Santiago Mignone, presidente de IDEA, sintetizó ante El Litoral el planteo empresario frente a un gobierno que se define en similar sentido: «Acá la reforma impositiva no es solo qué nivel de impuestos tenés, sino también que paguen todos. La informalidad es muy alta. En Argentina más del 7%, 8%, 9% del PBI son impuestos distorsivos. Hay que eliminarlos; no digo bajar todos los impuestos y desfinanciar al gobierno. Digo: cambiémoslo por impuestos que no sean distorsivos». La incógnita radica en si la administración actual prevé avanzar en este sentido en pleno año electoral, con reclamos cruzados de la industria y el comercio frente a las demandas del organismo internacional.
Para consolidar la meta fiscal y ampliar la recaudación, el FMI ha sugerido reformas estructurales sobre los tributos de mayor masa impositiva:
- Impuesto a las Ganancias: Ampliar la base de contribuyentes de la cuarta categoría mediante la reducción del piso a partir del cual tributan los empleados en relación de dependencia.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Extender la base imponible del tributo hacia bienes y servicios que actualmente se encuentran exentos.
- Monotributo: Reformar el régimen simplificado para incrementar los topes y valores de las categorías.
Presupuesto 2027 y la radiografía del IARAF
Desde la perspectiva oficial, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ratifica la regla del déficit cero, estimando un resultado financiero superavitario de $ 246.741 millones, sobre la hipótesis de un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%. Sin embargo, un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que la presión tributaria efectiva nacional aumentará del 21,1% del PBI en 2026 al 21,7% en 2027, lo que representa un incremento de +0,64 p.p. del PBI, a contramano del discurso del Ministerio de Economía.
De acuerdo con las proyecciones del IARAF, la mayor carga tributaria en 2027 estará explicada por las siguientes subas:
- Ganancias: +0,24 p.p. del PBI (alcanzando un 4,89% del PBI).
- IVA Neto: +0,23 p.p. del PBI (subiendo al 6,95% del PBI).
- Impuesto a los Combustibles: +0,19 p.p. del PBI (hasta 0,86% del PBI).
- Derechos de Exportación (retenciones): +0,10 p.p. del PBI (alcanzando el 0,85% del PBI).
- Derechos de Importación y Tasa Estadística: +0,08 p.p. del PBI.
- Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (Impuesto al Cheque): +0,03 p.p. del PBI.
En contraposición, las únicas bajas proyectadas por el IARAF corresponden a la Seguridad Social, con una caída de -0,19 p.p. del PBI para ubicarse en 5,07%, y a Bienes Personales, con una reducción de -0,03 p.p. del PBI. Si bien la presión proyectada para 2027 continúa 4,4 p.p. por debajo del pico histórico registrado en 2015 (26,1%) y resulta inferior a los niveles de 2023 (22,6%) y 2024 (23,0%), el análisis evidencia que el Gobierno proyecta una mayor recolección fiscal basada en tributos vinculados al consumo, los ingresos y el comercio exterior.
La agroindustria y las expectativas a mediano plazo
Para el campo y la agroindustria de la región pampeana, los datos del Presupuesto confirman que la presión efectiva de los Derechos de Exportación aumentará del 0,75% al 0,85% del PBI en 2027. No obstante, el sector deposita sus mejores expectativas en el mediano plazo. Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras remarca que el sector registra un flujo constante y previsible de liquidaciones de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones mensuales, apoyado en una cosecha proyectada en torno a los 150 millones de toneladas.
En cuanto al esquema de retenciones —el tributo más relevante para la actividad—, se contempla una reducción gradual del 0,5% mensual a partir de enero de 2027, lo que llevará la alícuota de la soja, actualmente en 24% para el grano y 22,5% para subproductos, al 14% a fines de 2028. Además, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur establece la eliminación total de retenciones tres años después de su entrada en vigor, prevista para mayo de 2029, excepto para la soja.
A corto plazo, a pesar de los reclamos del sector productor por una aceleración en las rebajas, las autoridades gubernamentales y las cerealeras coinciden en que el Gobierno carece de margen fiscal para encarar una baja inmediata o anticipada de retenciones, por lo que el agro deberá convivir con los niveles actuales durante el próximo ciclo productivo.
Reclamos de la industria y propuestas de alivio
La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación ante una caída de la producción industrial del -4,9% interanual, un fenómeno que afecta a 12 de los 16 rubros medidos por el INDEC. La entidad remarcó que la industria argentina enfrenta una presión fiscal formal del 56%, considerada un récord a nivel internacional, a lo que se suman tarifas energéticas industriales con incrementos de entre 90% y 100% y un nivel de crédito bancario al sector privado de apenas el 12% del PBI, frente al 60% que se registra en promedio en la región.
Ante este cuadro de situación, la central fabril presentó a la Subsecretaría PyME un paquete técnico con propuestas de alivio impositivo coyuntural. El plan incluye la suspensión de embargos bancarios por 180 días, facilidades para la migración entre planes de pago y la reducción de tasas de financiación de la ARCA para micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el planteo requiere el diferimiento del pago del IVA a 180 días para actividades de carácter estacional, la anualización de cargas sociales, la postergación de contribuciones patronales para las economías regionales y la agilización en la devolución de saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.
Cuestionamientos al FMI y el peso de la presión subnacional
Las entidades representativas del comercio y los servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), fijaron una postura crítica frente a las exigencias del organismo internacional. La CAC calificó de inapropiada la pretensión del FMI de ampliar la base de Ganancias sobre los salarios o aplicar subas de magnitud al Monotributo. Por su parte, CAME argumentó que reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos en Ganancias o IVA solo logra contraer la demanda interna y el consumo, sin resolver los verdaderos problemas de competitividad.
Para CAME, sin embargo, el nudo fiscal más dañino se encuentra en la presión subnacional:
- Ingresos Brutos (IIBB): Es un impuesto en cascada que representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una Pyme, aplicándose sin importar si existe utilidad o pérdida.
- Tasas municipales: Tasas como la de Seguridad e Higiene representan entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre las ventas brutas, en muchos casos sin contraprestación efectiva de servicios.
- Retenciones provinciales y saldos a favor: Los regímenes de pago anticipado provincial generan saldos a favor cuya devolución demora entre 12 y 36 meses, provocando pérdidas de entre el 60% y el 80% de su valor real a causa de la inflación.
Como solución estructural, CAME plantea la convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal que elimine Ingresos Brutos en las etapas productivas intermedias, fijándolo únicamente en la venta final al consumidor bajo la modalidad del IVA, y que dote a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de facultades para fiscalizar la devolución obligatoria de los saldos a favor en todo el país.
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