El reciente acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) trajo algo de certidumbre a la compleja crisis del transporte público por colectivos en la capital provincial.
La recomposición salarial contempla un incremento del 10,5% retroactivo al 1° de septiembre para los choferes de corta y media distancia del interior del país, además de una asignación fija no remunerativa de $ 60.000 y mejoras en el rubro de viáticos. De esta manera, se disipó el fantasma de nuevas medidas de fuerza que dejarían a los vecinos de la ciudad sin un servicio esencial para la movilidad diaria, tras las retenciones parciales registradas semanas atrás por incumplimientos patronales.
La raíz del problema y la falta de fondos nacionales
Sin embargo, el acuerdo salarial sólo funciona como un alivio temporal frente a una crisis estructural que arrastra el sistema. La situación se agravó notablemente tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte por parte de la Nación en febrero de 2023, sumada al congelamiento actual de los subsidios destinados a los atributos sociales.
El desfinanciamiento golpea de lleno a la prestación diaria en las calles de la ciudad, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los combustibles, la inflación, las nuevas escalas salariales y una caída nominal de pasajeros que todavía no logra recuperar los niveles prepandemia.
Qué dice la Municipalidad
Ante este escenario, desde el Palacio Municipal advierten sobre la complejidad de sostener el equilibrio financiero del servicio. El secretario de Gobierno, Control y Movilidad, Sebastián Mastropaolo, señaló que las variables salariales se definen en Buenos Aires pero se aplican en el interior, donde la realidad económica, los subsidios y la falta de acompañamiento del Estado nacional son completamente distintos.
El funcionario remarcó que, a pesar de la ausencia de recursos nacionales —quienes continúan recaudando a través del impuesto a los combustibles sin devolver dichos fondos—, la Municipalidad destina aportes propios para sostener el sistema junto con el respaldo del Gobierno provincial y la tarifa vigente en la ciudad capital.
Aun con este panorama adverso, desde el municipio destacaron como un saldo positivo que, durante los últimos dos años y medio de gestión, se lograron evitar interrupciones graves en el servicio urbano de pasajeros.
Los reclamos y escenarios del sector empresario
Desde las empresas prestatarias insisten en que la solución no pasa por la rentabilidad de los operadores, sino por una reformulación profunda del financiamiento. En este sentido, referentes de Autobuses Santa Fe plantearon diversas alternativas para descomprimir la crisis y garantizar que los coches sigan circulando por los barrios santafesinos.
Entre las opciones analizadas, el sector empresario propuso evaluar medidas aplicadas en otras ciudades de la región:
- Aportes municipales extraordinarios: Como el caso de Córdoba, que suma fondos propios millonarios para evitar modificaciones tarifarias, o Paraná y Rosario, que destinan importantes sumas mensuales para sostener la tarifa y el servicio. (A la fecha, la Municipalidad local aporta $ 150 millones mensuales).
- Actualización del Boleto Educativo Gratuito (BEG): Instar a la Provincia a cubrir el 100% del beneficio tal como ocurre en Rosario, ya que en la ciudad capital se financia actualmente el 68%, generando un bache mensual significativo para las cuentas del sistema.
- Revisión de franquicias y gratuidades: Analizar el impacto de los boletos a valor cero —como los destinados a personas con discapacidad—, los cuales no reciben compensación y recargan el costo sobre la tarifa plana.
Desde el sector empresario advierten que el valor del boleto se encuentra en un límite crítico para el bolsillo del vecino, por lo que la continuidad del servicio dependerá de la articulación de nuevos recursos financieros entre los distintos niveles del Estado.
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