La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la destitución en 2003 del ex juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, integrante de la denominada «mayoría automática» durante el menemismo. El tribunal internacional determinó que su remoción a pedido del entonces presidente Néstor Kirchner vulneró la independencia judicial, al haber sido sancionado por el sentido de sus fallos y sin garantías de debido proceso.
La Corte IDH condenó al Estado argentino por la destitución del ex juez Eduardo Moliné O’Connor
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la destitución de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional durante 2003.
En la sentencia del caso «Moliné O’Connor vs. Argentina», dictada el 20 de agosto de 2026 y notificada el jueves 12 de noviembre, el tribunal internacional concluyó que la remoción vulneró la independencia judicial, al haberse fundado en los criterios jurídicos expresados en decisiones dictadas durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Eduardo Moliné O’Connor falleció mientras el proceso estaba en trámite. Murió el 20 de agosto de 2014 en su domicilio, a los 76 años, a causa de una enfermedad grave. El exministro integraba el máximo tribunal desde agosto de 1990 y fue destituido por el Senado el 3 de diciembre de 2003. El procedimiento se desarrolló en un contexto de fuertes cuestionamientos a la composición de la Corte Suprema, luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner solicitara públicamente al Congreso la remoción de los cinco jueces de la llamada «mayoría automática» menemista.
Un proceso exprés y condenas selectivas
Solo Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos. Los otros tres integrantes renunciaron antes de finalizar el proceso: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Previamente había dimitido Gustavo Bossert, un prestigioso jurista que no estaba cuestionado, pero que reaccionó ante la embestida inicial contra todo el tribunal y fue reemplazado por Juan Carlos Maqueda.
A diferencia de Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano quedó inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. Fue removido por la misma causa Meller que justificó la destitución de su excolega, por lo que este fallo del tribunal internacional puede ser utilizado ahora en su favor.
Eduardo Moliné O’Connor fue el primero de los cinco jueces en llegar a juicio. El 31 de julio de 2003, la Comisión de Juicio Político aprobó el dictamen acusatorio por 16 votos a 1. La acusación sostenía que el fallo en el caso Meller comprometió indebidamente al Estado en el pago de casi 400 millones de pesos a ese grupo económico por deudas de la exEntel en la confección de las guías telefónicas.
El 20 de agosto quedó constituido el tribunal de senadores, que lo suspendió preventivamente. El 3 de diciembre lo destituyeron por 45 votos contra 19, cuando se necesitaban 43. La definición quedó en manos de los senadores peronistas Antonio Cafiero, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias, Carlos Verna y Liliana Negre de Alonso. Fue la primera vez en 50 años que el Senado destituía a un juez de la Corte Suprema.
Los motivos y la falta de sustento ilícito
La acusación formulada por la Cámara de Diputados comprendió nueve cargos por supuesto «mal desempeño», vinculados con decisiones de la Corte Suprema en las causas «Meller S.A.», «Magariños» y «Macri». Sin embargo, la destitución se sustentó únicamente en dos de los cargos relacionados con el primero de esos expedientes.
En particular, se reprochó al magistrado haber contribuido, mediante su voto, a legitimar judicialmente un procedimiento administrativo considerado fraudulento y haber abdicado arbitrariamente de su responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad. Ambos cuestionamientos derivaron de la decisión de la Corte Suprema de no revisar un laudo arbitral impugnado por el Estado.
Al examinar esas acusaciones en un fallo de 172 páginas, la Corte IDH advirtió que el Congreso no había demostrado conductas ilícitas deliberadas ni negligencia inexcusable atribuibles al magistrado. Por el contrario, determinó que su destitución se fundó en el desacuerdo de los legisladores con la interpretación jurídica adoptada por la mayoría del máximo tribunal.
En ese sentido, el tribunal recordó que la independencia judicial impide responsabilizar a los magistrados por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, salvo en supuestos excepcionales de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o incompetencia comprobada. Asimismo, aclaró que el juicio político no resulta contrario por sí mismo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero debe desarrollarse respetando las garantías del debido proceso y bajo criterios jurídicos que limiten la discrecionalidad política.
Fallas en el debido proceso y revisión judicial
La Corte Interamericana también examinó las garantías procesales observadas durante el juicio político. Consideró que el Senado rechazó sin motivación suficiente distintas recusaciones formuladas contra legisladores y dispuso la suspensión preventiva del magistrado, sin goce de haberes y sin explicar adecuadamente las razones de esa medida ni ponderar su proporcionalidad.
A ello se sumó la falta de una revisión judicial efectiva de lo decidido por el Congreso. En junio de 2004, la Corte Suprema argentina desestimó la impugnación promovida contra la destitución sin responder adecuadamente a los cuestionamientos vinculados con la imparcialidad de los legisladores y el verdadero fundamento de la remoción.
Sobre este punto, el tribunal interamericano estableció que los fundamentos de una destitución judicial deben poder ser revisados judicialmente cuando se denuncia una vulneración de la independencia judicial. Aclaró que esto no supone sustituir las valoraciones políticas propias del juicio político, sino controlar su compatibilidad con las garantías reconocidas por la Convención Americana.
Reparaciones e indemnizaciones ordenadas al Estado
La sentencia también abordó las consecuencias previsionales de la destitución. El tribunal consideró que la revocación de la pensión vitalicia reconocida a Eduardo Moliné O’Connor conforme a la Ley N.º 24.018 vulneró sus derechos a la seguridad social y a la propiedad privada. Asimismo, constató una demora injustificada en el proceso judicial iniciado para cuestionar aquella decisión, que se prolongó durante más de una década.
En consecuencia, la Corte IDH declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, la propiedad privada, el trabajo y la seguridad social, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 23.1.c), 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1. También reconoció una afectación al proyecto de vida del exmagistrado.
En materia de reparaciones, el tribunal ordenó al Estado argentino pagar 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante; 25.000 dólares por daño inmaterial; y 30.000 dólares por costas y gastos. Las indemnizaciones por daños deberán distribuirse entre la cónyuge y los hijos del exjuez, mientras que la suma correspondiente a costas y gastos se destinará a sus representantes.
Además, dispuso regularizar el régimen de pensión que correspondía a Eduardo Moliné O’Connor, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios, con efectos retroactivos desde el 20 de agosto de 2014, fecha de su fallecimiento.
Por último, la Corte Interamericana estableció que las autoridades argentinas deben interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional —que contempla las causales de juicio político— en estricta conformidad con los derechos al debido proceso, la independencia judicial y los estándares desarrollados en su jurisprudencia.
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