Condena a una expolicía santafesina por encubrir a su pareja prófuga en una causa por homicidio

Una agente de la policía provincial fue condenada este viernes a tres años de prisión en suspenso tras confesar haber encubierto a su pareja, un joven que permanecía prófugo y que ahora quedó en prisión preventiva acusado de cometer un homicidio en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe. Durante un procedimiento abreviado homologado en los tribunales locales, la numeraria admitió su responsabilidad por el delito de falso testimonio, lo que derivará en su baja definitiva de la fuerza de seguridad. La investigación, encabezada por la Unidad Fiscal de Homicidios, determinó que la mujer mintió en sede judicial sobre el paradero de su concubino, sospechado de ser el autor material del crimen de Federico Pablo Acosta, ocurrido a finales de mayo.

Condena en abreviado

Una agente policial de 27 años fue condenada este viernes a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, tras admitir su responsabilidad en el delito de «falso testimonio». El fallo se resolvió en el marco de un procedimiento abreviado presidido por el juez Leandro Lazzarini, luego de un acuerdo alcanzado entre la fiscal Laura Urquiza y el defensor particular Ramiro Carrasco.

La resolución judicial impuso a la numeraria una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de tener y portar armas de fuego. Asimismo, la condena contempla la baja definitiva de la fuerza de seguridad provincial y la obligación de adoptar un oficio.

Encubrimiento y convivencia

La causa contra la empleada policial se originó a raíz de la investigación por el homicidio de Federico Pablo Acosta. El principal sospechoso del crimen era su pareja, Laureano Yasser Lucero, de 22 años, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 31 de mayo.

Al detectarse el vínculo entre el joven buscado y la oficial, la fiscalía la convocó a prestar declaración testimonial a la Unidad Fiscal de Homicidios. El 29 de junio, la mujer aseguró ante las autoridades que no mantenía una relación de pareja con el sospechoso, que desconocía su paradero y que no tenía contacto con su entorno familiar.

Sin embargo, peritajes telefónicos e informes de la Dirección de Análisis Judicial (DAJUDECO) comprobaron la falsedad de sus dichos, determinando que ambos convivían en una finca ubicada en Pasaje Público al 4700, en la ciudad de Santa Fe.

El 17 de septiembre, personal judicial y policial efectivizó un allanamiento en el domicilio del barrio San Lorenzo. En el procedimiento se concretó la detención de ambos y se incautó el siguiente material probatorio:

  • Una pistola 9 milímetros marca Bersa TPR.
  • 34 cartuchos.
  • Un chaleco balístico.
  • $ 420.000 en efectivo.
  • La credencial oficial de la policía.

Situación procesal por el homicidio

Mientras la expolicía comienza a cumplir su condena condicional, su pareja permanece alojada en una unidad carcelaria. El miércoles, el juez penal José Luis García Troiano dictó la prisión preventiva sin plazos para Lucero, a quien la fiscal Urquiza le atribuyó la coautoría de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

Por el mismo hecho criminal permanece imputado y detenido desde hace varios meses un segundo involucrado, identificado como Marcelo Raúl Molinas.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el ataque se registró el 31 de mayo en la intersección de Juan Díaz de Solís y Uruguay. La víctima circulaba en moto cuando fue interceptada por dos sujetos. La investigación determinó que Lucero viajaba como acompañante y efectuó al menos seis disparos que impactaron en el cráneo y el antebrazo de Acosta.

Tras la agresión, Molinas —quien conducía el motovehículo— le sustrajo un arma a la víctima antes de darse a la fuga. Acosta debió ser internado en el Hospital José María Cullen, nosocomio en el que se produjo su deceso el 14 de junio a raíz de una sepsis y falla multiorgánica.

Adicionalmente, a Lucero se le imputó el delito de «provisión ilegal de armas de fuego». La fiscalía fundamentó que el sospechoso, valiéndose de su condición de legítimo usuario ante el RENAR, adquirió cuatro armas durante 2025 con el presunto fin de desviarlas al mercado ilegal, detallándose tres pistolas calibres 380, .22 y .40, además de una escopeta 12 UAB.


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