En la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero del gobierno nacional, Adrián Ravier, vinculó este martes los recientes cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos a «factores de riesgo» y amenazas a funcionarios, al tiempo que ratificó las cifras del Ministerio de Seguridad sobre el rechazo y la deportación de ciudadanos extranjeros desde enero de 2025.
Un nuevo paradigma en la seguridad presidencial
La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar, según afirmó el presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva ofrecida el domingo. No conforme con ello, el mandatario advirtió que, entre el año pasado y lo que va de 2026, fueron deportados 30.000 terroristas. «Son gente que se infiltra de otros países para tratar de dinamitar el modelo argentino», alertó.
Como era de esperar, las declaraciones despertaron reacciones e interrogantes de diversa índole que llegaron a la habitual conferencia de prensa que el vocero presidencial, Adrián Ravier, organiza los martes en la Casa Rosada.
Los motivos detrás de los cambios en Olivos
A partir de los dichos del funcionario, surgieron nuevos interrogantes. Los cambios implementados en la quinta presidencial «obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV —prevista para noviembre—, que nos implica cambios en seguridad», explicó Adrián Ravier.
El vocero profundizó en esa línea y se refirió a un «cambio en el eje de la política nacional». En este sentido, detalló que «lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada requiere de medidas de seguridad al Presidente. La Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual el Presidente esté. Esto implicó cambios de personal». Sin embargo, el funcionario evitó dar detalles sobre qué integrantes del Gabinete habían recibido amenazas ni de qué tenor eran.
Controles migratorios y perfiles de riesgo
En relación con los 30.000 terroristas deportados, el tema generó una seguidilla de consultas hacia Adrián Ravier durante la rueda de prensa. El portavoz se remitió a los informes del Ministerio de Seguridad para ofrecer precisiones, no sin antes asegurar que, hasta diciembre de 2023, «las fronteras de la Argentina eran un colador», en referencia a las modificaciones introducidas en la reforma migratoria.
«Hoy estamos protegiendo nuestras fronteras y estamos analizando nuestros ingresos», sostuvo, en el marco de un cambio en la política de Estado en materia de seguridad.
De acuerdo con los informes presentados por la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se contabilizan 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. El 72,3% de ellos corresponde a extranjeros que fueron rechazados o no admitidos por presentar «perfiles de riesgo, penas detectadas o por no cumplir con los requisitos para ingresar».
Del total de no admitidos, el 21,7% provienen de Brasil; el 21% de Paraguay; el 18,8% de Bolivia; el 5,5% de Chile y el 5,3% de Colombia, mientras que el resto pertenece a otras naciones.
Estadísticas de expulsiones y deportaciones
En cuanto a las personas expulsadas y deportadas —individuos extraditados o con alerta roja de Interpol—, el 24,4% son de Paraguay; el 18,1% de Perú; el 17,9% de Bolivia; el 15,1% de Chile y el 8,7% de Colombia, completando el porcentaje restante con ciudadanos de otros países.
Las cifras aportadas por Adrián Ravier no alcanzan los 30.000 mencionados por Javier Milei el domingo. Según el vocero, esta diferencia se explica debido a que el mandatario «incluyó casos anteriores al 1° de diciembre de 2025, que es lo que contabiliza este informe».
Finalmente, consultado sobre si las nuevas medidas de seguridad en las residencias del jefe de Estado guardan relación con la supuesta actividad terrorista de quienes tuvieron negado su ingreso al país, Adrián Ravier concluyó que se trata de «posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o que por distintas razones no ingresan».
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