La Cámara de Diputados de la Nación inicia este miércoles el debate en un plenario de comisiones del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei, con la presencia de funcionarios nacionales para exponer los alcances de la ambiciosa iniciativa. Si bien el oficialismo busca un trámite exprés para emitir dictamen y llevar la norma al recinto, la amplitud del articulado —que abarca desde la modificación de leyes hasta la creación de un Consejo de Seguridad Nacional— anticipa una discusión compleja en el Parlamento.
El Congreso inicia el debate por el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional
El proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional comienza este miércoles su debate en la Cámara de Diputados, en el marco de un plenario de comisiones al que fueron invitadas diversas autoridades del gobierno nacional.
Entre los funcionarios convocados figuran Paula Taddei, secretaria Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares. El plenario reunirá a los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto, las cuales son presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
Esta constituye la primera reunión informativa tras el ingreso del extenso proyecto de ley que presentó el propio presidente Javier Milei en cadena nacional el 3 de septiembre.
Urgencia oficial y un temario amplio
El tratamiento del tema fue solicitado con urgencia por Javier Milei, quien confía en lograr adhesiones para una iniciativa que considera vital para el país. La gestión nacional insiste en la existencia de un escenario actual de amenazas y riesgos para la seguridad nacional, a lo que se suma el conflicto suscitado por la explotación de petróleo en aguas argentinas por parte del Reino Unido.
No obstante, el texto cuenta con más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos que establecen una amplísima lista de medidas: desde sanciones más severas por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y multas por operar con empresas no autorizadas, hasta la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario y modificaciones en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, la propuesta implica la derogación y modificación de varias leyes, por lo que no se prevé un trámite exento de tensiones para el oficialismo.
Según consignan medios especializados, la intención del bloque oficialista es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el día siguiente.
Polémica en torno al Código Penal y nuevo Consejo de Seguridad
Varios artículos han suscitado particular escozor. Uno de ellos es el 111, que incorpora al Código Penal una nueva figura delictiva vinculada a la denominada injerencia extranjera en la vida política e institucional argentina.
En concreto, y según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, la iniciativa crea el artículo 225 bis y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, bajo órdenes o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, impulse acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o bien promueva o financie actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional, este tendrá como miembros permanentes al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Defensa, al ministro de Economía, al titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y al secretario Legal y Técnico. Precisamente, de algunas de estas reparticiones provienen los funcionarios invitados al plenario de este miércoles.
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