Ratificaron la prisión preventiva para el dirigente político detenido en Santa Fe por amenazas y tenencia de drogas

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó este miércoles la prisión preventiva para Carlos Carlozzi, el dirigente político e investigado por los delitos de amenazas calificadas y tenencia de estupefacientes en causas vinculadas a procedimientos realizados en Arroyo Leyes y la zona del Puerto. Al rechazar el planteo de la defensa a cargo de Néstor Oroño, el juez de alzada Alejandro Tizón dispuso además que se elabore un informe médico integral suscripto por dos profesionales para evaluar el estado de salud del imputado y definir en una nueva audiencia si corresponde su internación.

La Cámara confirmó la preventiva

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó la prisión preventiva para Carlos Carlozzi, el dirigente vinculado al kirchnerismo que se encuentra detenido e investigado por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

La resolución fue dictada por el juez de alzada Alejandro Tizón, quien rechazó el recurso promovido por la defensa y ratificó la medida cautelar impuesta en primera instancia por la jueza penal Cecilia Labanca, manteniendo al acusado privado de su libertad.

No obstante, el camarista ordenó que en primera instancia se produzca un informe médico integral. Dicho estudio deberá estar suscripto por dos profesionales de la salud para evaluar de manera objetiva la situación de salud del acusado. Una vez confeccionado el dictamen médico por los especialistas, se deberá realizar una nueva audiencia en los tribunales locales para debatir y resolver si corresponde o no disponer la internación de Carlozzi en un centro especializado.

Pedido de libertad e informes médicos

La audiencia de alzada se fijó a partir del recurso promovido por el abogado defensor Néstor Oroño, quien apeló la resolución de primera instancia y solicitó la libertad de su asistido bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, o en su defecto la internación asistida en un centro de rehabilitación.

Durante la fundamentación, la defensa técnica cuestionó la severidad de la medida y argumentó que el cuadro de adicción y salud que atraviesa Carlozzi requiere un abordaje médico especializado.

La propuesta defensiva tuvo la oposición del fiscal Carlos Arietti, quien exigió ratificar la prisión preventiva argumentando la necesidad de resguardar el proceso penal. A su turno, la fiscalía enfatizó la gravedad de los hechos intimados, la presencia de un arma de fuego y el secuestro de estupefacientes en las propiedades de Arroyo Leyes y la zona del Puerto. Asimismo, los fiscales advirtieron sobre la vigencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio.

Amenazas y secuestro de estupefacientes

El caso se desencadenó tras la denuncia de una mujer por un episodio ocurrido en enero, donde se habría exhibido un revólver calibre .38. La denunciante señaló que Carlozzi le había entregado una bolsa con cocaína con la orden de que se la «plantara» a su anterior pareja para perjudicarlo legalmente, y ante su negativa se originó el conflicto. Para el fiscal, estas acciones se inscribieron en un marco de violencia de género y asimetría de poder, donde el imputado se jactaba de sus vínculos políticos y su pasado como asesor de seguridad nacional.

En el marco de la investigación y las requisas practicadas, la labor policial derivó en el secuestro de material clave para la causa:

  • 157 gramos de cocaína distribuidos entre sus dos propiedades (Arroyo Leyes y zona del Puerto).
  • Un revólver calibre .38.

Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la cantidad de droga hallada indicaba fines de comercialización.

El 18 de junio, al dictar la cautelar, la jueza Labanca había rechazado la internación por no contar con certificados médicos que acreditaran una patología al momento del debate. Sin embargo, la resolución del juez Tizón reabre la vía para examinar la condición del imputado. De este modo, Carlozzi permanecerá detenido a la espera de los exámenes periciales y, con los resultados sobre la mesa, las partes volverán a verse las caras en tribunales para discutir si su cuadro de salud justifica una medida de internación.


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