Nación avaló un crédito para obras viales en Entre Ríos respaldado con fondos de coparticipación

El Gobierno nacional formalizó el aval a un préstamo internacional de hasta 27,5 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar obras viales en Entre Ríos, bajo la condición de que, ante un eventual incumplimiento provincial, la Nación debitará los fondos adeudados directamente de la coparticipación federal de impuestos. La medida, oficializada mediante el Decreto 1365/2026, respalda los contratos destinados al Programa de Conectividad y Desarrollo Vial (CONDVER), que contempla la mejora de rutas y la construcción de puentes clave para la infraestructura productiva de la región.

Aval nacional y garantía por coparticipación para un crédito en Entre Ríos

El aval nacional a un préstamo internacional para Entre Ríos quedó formalizado con una condición decisiva: si la provincia deja de pagar, la Nación podrá debitar de la coparticipación federal los fondos necesarios para cubrir la deuda.

La medida fue establecida por el Decreto 1365/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, que aprobó los modelos de garantía y contragarantía para un crédito de hasta US$ 27,5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El financiamiento corresponde al Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de Entre Ríos (CONDVER).

No se trata de una transferencia del Tesoro nacional ni de un préstamo nuevo aprobado esta semana: el BCIE había autorizado la operación en noviembre de 2025. El decreto habilita ahora la firma de los instrumentos por los que la República Argentina respalda las obligaciones que asumirá la provincia.

Dos garantías para un mismo préstamo

El esquema distribuye las responsabilidades en dos niveles. Frente al banco, la Nación actuará como garante del crédito; frente a la Nación, Entre Ríos asumirá una contragarantía para responder por sus propios vencimientos.

La disposición establece que, si la provincia no cancela los compromisos en los plazos pactados, deberá autorizar al Gobierno nacional a realizar las gestiones para el «débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos», hasta cubrir el monto adeudado.

Es decir, los recursos que Entre Ríos recibe periódicamente por el reparto de impuestos nacionales operarán como respaldo de última instancia. No supone una retención inmediata de la coparticipación, sino un mecanismo que podrá activarse ante un incumplimiento.

Rutas y puentes para la producción

El programa busca, según el decreto, «contribuir al desarrollo socioeconómico y a la integración territorial» mediante mejoras en la infraestructura vial.

El gobierno de Rogelio Frigerio identificó tres frentes principales: intervenciones en la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy; un puente sobre el arroyo Desmochado, en el departamento Tala; y otro sobre el arroyo El Sauce, en Gualeguaychú, ambos con sus accesos.

El BCIE proyectó 5,8 kilómetros de caminos nuevos, la rehabilitación de otros 14,8 kilómetros, 110 metros de puentes y 250 metros de muros de contención. También estimó 450 puestos de trabajo temporarios y un impacto indirecto sobre más de 1,2 millones de habitantes.

En septiembre, al presentar la cartera de proyectos con financiamiento externo, el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, defendió el criterio de inversión: «No se trata de tomar financiamiento por tomarlo, sino de definir con claridad para qué se necesitan esos recursos y orientarlos hacia las prioridades que tiene la provincia».

El análisis de Economía y del Banco Central

El Poder Ejecutivo incorporó dos evaluaciones para justificar la operación. El Banco Central sostuvo que su dimensión «implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales».

La Oficina Nacional de Crédito Público, por su parte, informó que no tenía objeciones, dado que el costo financiero del préstamo «es inferior al que la República podría obtener en el mercado», según los supuestos utilizados.

El decreto faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar los contratos. También autoriza modificaciones posteriores, siempre que no alteren sustancialmente el objeto de la garantía, el destino de los fondos ni aumenten su monto.


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