Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe convocó a la Corte Suprema provincial y a las cúpulas del Ministerio Público para debatir este miércoles los proyectos del Poder Ejecutivo orientados a fortalecer la seguridad pública y regular el mercado ilícito de dispositivos tecnológicos. La iniciativa, impulsada por el interbloque oficialista Unidos, busca modificar leyes vigentes para otorgar mayores facultades a la policía en detenciones y avanzar en un sistema provincial de trazabilidad de celulares, en medio de expectativas por la confirmación institucional de los magistrados.
Plenario de la Cámara de Diputados convoca a la Corte Suprema y al Ministerio Público por leyes de seguridad
Un plenario de dos comisiones de la Cámara de Diputados convocó a la Corte Suprema de Justicia y a los titulares del Ministerio Público a una reunión que se realizará este miércoles. El objetivo es avanzar en el debate de dos mensajes enviados por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad, los cuales se encuentran bajo análisis en el cuerpo legislativo.
El primero de los proyectos es el mensaje de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que busca modificar diversas leyes vigentes y otorgar mayores atribuciones a la policía en el marco de detenciones. El segundo expediente propone la conformación de un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, mientras que la primera propuesta ingresó a las comisiones el 14 de mayo.
El debate conjunto y las posturas de los bloques
El interbloque de Unidos propuso un tratamiento unificado del mensaje sobre herramientas de seguridad entre las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Durante la última sesión se votó además la inclusión de otros dos mensajes del Poder Ejecutivo: el proyecto sobre intervención en mercados ilícitos de celulares y una iniciativa para crear unidades especiales dentro del sistema de la Defensa Pública, orientadas a asistir a efectivos de las fuerzas de seguridad. Estas dos últimas propuestas ya poseen el aval del Senado.
Para la reunión de este miércoles, las comisiones presididas por Martín Rosúa (Seguridad Pública) y Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales y Legislación General) cursaron invitaciones separadas a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa.
La respuesta de la Justicia y el Ministerio Público
Hasta el momento, la Corte Suprema no confirmó su asistencia. En el máximo tribunal prima el criterio institucional de evitar emitir opiniones sobre iniciativas que posteriormente puedan llegar a su conocimiento mediante recursos de constitucionalidad u otros planteos legales. La convocatoria fue fijada para las 13.30 y la respuesta formal se resolverá durante el acuerdo semanal previsto para la mañana de este miércoles.
Por su parte, las conducciones de los ministerios públicos confirmaron su participación. La fiscal general, María Cecilia Vranicich, envió una nota para informar que compromisos asumidos con anterioridad le impedirán asistir; sin embargo, en su representación concurrirán la fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick. En cuanto a la Defensa Pública, su titular, Estrella Moreno Robinson, confirmó su participación en el plenario.
Objetivos legislativos y ejes de las reformas
Los legisladores anticiparon que durante el encuentro se coordinarán futuras invitaciones a colegios profesionales vinculados a la justicia y a catedráticos. La meta del bloque Unidos es agotar la discusión durante todo octubre para llevar los proyectos al recinto en noviembre, último mes del período de sesiones ordinarias, siendo las modificaciones sobre seguridad las que concentran las mayores diferencias.
«En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal y la vigencia real del Estado de Derecho», detallan los fundamentos del Poder Ejecutivo. La iniciativa parte de la premisa de que no todos los contextos delictivos son equivalentes, por lo que introduce herramientas específicas para la criminalidad organizada, la violencia estructural y las situaciones de urgencia operativa.
Asimismo, el denominado Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos necesarios para intervenir la cadena de valor de dichos mercados. Estas acciones abarcarán la prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional, bajo la ejecución del Ministerio de Justicia y Seguridad. Finalmente, el proyecto sobre las unidades especiales de la Defensa Pública prevé la creación de ocho cargos de defensor público para cumplir con dichos fines.
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