Dos suboficiales de la policía santafesina fueron condenados este miércoles en los tribunales de la ciudad de Esperanza tras admitir en un juicio abreviado el cobro de coimas para emitir formularios de verificación automotor irregulares. Los agentes Bernardo González y Bruno Vignatti recibieron penas de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, con lo que ya suman tres los efectivos sentenciados en la causa que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Nuevas condenas en la causa por coimas en la Planta de Verificación Automotor
La investigación por el cobro de coimas en la Planta de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con sede en Esperanza, sumó este miércoles dos nuevas condenas tras una serie de acuerdos abreviados.
La audiencia se desarrolló en el segundo piso del nuevo Anexo de los tribunales de Santa Fe. Allí, el juez penal Leandro Lazzarini admitió los convenios celebrados entre el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y las defensas de los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti.
González fue asistido por el abogado Juan Carlos Galetto, en tanto que la representación de Vignatti estuvo a cargo de Catalino Miguel Ángel Portillo y Candela Bottero. Ambos efectivos admitieron su responsabilidad penal por maniobras vinculadas con la confección irregular de formularios de verificación automotor a cambio de dinero.
Las sentencias dictadas contemplan tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función policial y multas de $ 11.520.000 para González y $ 8.000.000 para Vignatti. Tras el fallo, el magistrado dispuso el cese de las detenciones a pedido de las defensas y con el consentimiento de la Fiscalía.
Formularios sin verificar
De acuerdo con los hechos reconocidos en los acuerdos, González recibió dinero entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025 para confeccionar, sellar y firmar formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, documentación obligatoria para transferir vehículos o inscribir unidades cero kilómetro.
Los trámites se realizaban al margen del procedimiento reglamentario: sin turnos previos, sin el pago de las tasas correspondientes y sin que los agentes inspeccionaran personalmente los rodados. Por cada operación, el suboficial habría recibido aproximadamente $ 25.000.
La acusación también comprendió la entrega de formularios firmados y sellados en blanco para ser completados posteriormente. Según la investigación, las maniobras se ejecutaban periódicamente de común acuerdo con la gestora de Sarmiento, Erica Andrea Lucca, mediante pagos en efectivo.
En el caso de Vignatti, los hechos se extendieron desde el 16 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. El policía percibió sumas que inicialmente rondaban los $ 25.000 y que, desde marzo de este año, ascendieron a $ 30.000 por formulario. Además de los encuentros personales, algunos pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias. La pesquisa sostiene que, al cambiar de destino, Vignatti puso en contacto a la gestora con otro agente de la repartición para continuar con las maniobras.
Estado de la causa y otros implicados
Con estas dos sentencias, ya son tres los policías condenados en la causa. El primero fue el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, quien el viernes pasado recibió una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $ 17.260.000, tras admitir su responsabilidad por cohecho pasivo.
Por su parte, la situación procesal del cuarto efectivo involucrado es diferente. El subcomisario Cristian Gustavo Vittore, al frente de la planta verificadora, fue imputado el 7 de octubre como autor de cohecho pasivo y quedó en prisión preventiva por 30 días, por una medida acordada entre la Fiscalía y su defensor, Federico Kiener.
A Vittore se le atribuyen maniobras desarrolladas entre julio de 2021 y septiembre de 2025, periodo en el cual habría cobrado dinero para validar trámites sin cumplir con las inspecciones reglamentarias. Según la investigación, entre enero de 2024 y mayo de 2025 suscribió irregularmente 1.079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas.
A diferencia de los otros tres efectivos, Vittore continúa imputado y privado de su libertad mientras el MPA profundiza el análisis de documentación, registros contables y teléfonos celulares. La causa también alcanza a la gestora, quien permanece imputada por cohecho activo y en libertad.
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