Tres nuevos integrantes de una banda de cordobeses fueron condenados este martes a prisión efectiva tras firmar juicios abreviados en los Tribunales de Santa Fe. El grupo criminal, que operaba mediante la modalidad de escruches, cometió más de catorce hechos delictivos en la capital provincial, Santo Tomé y Venado Tuerto entre septiembre y diciembre de 2024. Con estas sentencias dictadas por la jueza Susana Luna, la Justicia dio por cerrado el proceso contra los cinco miembros de la organización.
Fin del proceso para la banda de los escruches
Tres nuevas condenas dictadas en los Tribunales locales dieron por finalizado el proceso judicial que investigó a una banda de cordobeses, la cual cometió múltiples hechos de robos bajo la modalidad de escruche en la Provincia de Santa Fe, concentrando su accionar mayoritariamente en la capital provincial.
La jueza Susana Luna homologó los procedimientos abreviados y dictó condenas para los últimos integrantes de la organización delictiva, identificados como Jónatan Brizuela, Pablo Rafael Rolandi Aragón y Guillermo Ain García Román. Los tres imputados admitieron su responsabilidad penal en los catorce hechos delictivos investigados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), aceptando cumplir penas de prisión de efectivo cumplimiento y el pago de reparaciones económicas en dólares.
La resolución judicial completó el juzgamiento del grupo criminal, luego de que días atrás la misma magistrada sentenciara a los otros dos miembros de la banda: Dante Monserrat Castañares y Wilian Ibañez Díaz. De este modo, los cinco cordobeses pasaron a cumplir condenas. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Santa Fe, Laura Urquiza, y del fiscal de Venado Tuerto, Iván Raposo, quienes presentaron los acuerdos abreviados en coordinación con el abogado defensor particular Juan José Patiño.
Logística y modus operandi
La investigación conducida por la fiscal Urquiza acreditó que la banda operó entre septiembre y diciembre de 2024 en Santa Fe, Santo Tomé y Venado Tuerto. La estructura criminal desplegó una logística planificada que combinaba el rastreo de vehículos estacionados en la zona céntrica con la irrupción inmediata en los domicilios de sus propietarios.
El ardid comenzaba en inmediaciones de locales gastronómicos, donde los delincuentes identificaban vehículos estacionados, eligiendo preferentemente unidades marca Toyota. Mediante el uso de dispositivos electrónicos o ejerciendo violencia sobre las aberturas, forzaban los rodados para apoderarse de las cédulas de identificación y los juegos de llaves residenciales guardados en su interior.
Con los datos de la dirección y las llaves en mano, los delincuentes se trasladaban rápidamente a los inmuebles para ingresar sin violentar las puertas de acceso. Una vez consumada la intrusión, sustraían los siguientes elementos:
- Divisas extranjeras
- Dinero en efectivo
- Alhajas de oro
- Joyas
- Computadoras
- Consolas de videojuegos
Tras concretar los despojos, los sujetos se daban a la fuga en vehículos a los que previamente les cambiaban las patentes para eludir el accionar policial.
Los tres condenados recientemente admitieron la coautoría de los delitos de «asociación ilícita», «hurtos calificados por el uso de llave falsa o sustraída» y «robos calificados en poblado y en banda». La homologación dictada por la jueza Luna cerró definitivamente el trámite judicial en esta instancia.
Sentencias y reparaciones por 112.000 dólares
En el reparto de sanciones judiciales dictadas por los tribunales, Jónatan Brizuela recibió una pena de tres años y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, al tiempo que fue declarado reincidente por contar con antecedentes penales previos. El imputado se comprometió a entregar 30.000 dólares destinados a la reparación integral de los damnificados de la causa.
Por su parte, a Pablo Rafael Rolandi Aragón le impusieron tres años y seis meses de prisión efectiva y el pago de un resarcimiento de 20.000 dólares. En su caso, la magistrada valoró los antecedentes condenatorios previos registrados en la Provincia de Mendoza.
En tanto, Guillermo Ain García Román también fue sancionado con tres años y seis meses de prisión efectiva y, al igual que sus cómplices, se comprometió a entregar 20.000 dólares para indemnizar a las personas afectadas por los robos.
Con la homologación de estos tres últimos fallos, las sumas pautadas por la banda para reparar a las víctimas alcanzaron un total de 112.000 dólares. Dicho monto contempla los aportes efectuados previamente por Dante Monserrat Castañares, fijado en 22.000 dólares, y por Wilian Ibañez Díaz, establecido en 20.000 dólares, sumados a las entregas asumidas por Brizuela, Rolandi Aragón y García Román.
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