La Cámara de Diputados de Santa Fe consensuó un proyecto unificado para crear el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una herramienta pública y digital que funcionará bajo la órbita del Poder Ejecutivo para reemplazar al actual sistema judicial de deudores morosos. La iniciativa, impulsada a partir de nueve propuestas legislativas y con el respaldo del bloque oficialista y la oposición, busca garantizar la trazabilidad de los pagos e implementar severas sanciones contra el incumplimiento, como restricciones para obtener licencias de conducir o ingresar a espectáculos públicos.
Un nuevo registro para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe consensuó un proyecto de ley para crear un registro provincial de personas obligadas alimentarias, cuyo objetivo principal es identificar a los padres que no transfieren los recursos económicos necesarios para los hijos que conviven, fundamentalmente, con las madres.
Actualmente, la provincia cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios que opera bajo la órbita del Poder Judicial y se divide en cinco circunscripciones. La nueva iniciativa busca trasladar estas funciones al Poder Ejecutivo, para lo cual funcionarias provinciales mantuvieron reuniones estratégicas con legisladores encargados de redactar el texto final.
El artículo 1 de la norma define como propósito central promover el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones alimentarias. Esto incluye priorizar la satisfacción de la deuda, su regularización y la centralización de información sobre el obligado para aplicar medidas idóneas que aseguren el pago de las prestaciones debidas.
Consensos legislativos y sanciones contra el incumplimiento
El debate en comisiones se construyó a partir de nueve proyectos, tomando como base la iniciativa original presentada por el bloque Somos Vida. La diputada socialista Lionella Cattalini explicó los alcances de los acuerdos destinados a superar el marco legal vigente y garantizar el cobro de las deudas alimentarias mediante un esquema de sanciones. Entre las penalidades previstas figuran la negativa para obtener la licencia de conducir y la prohibición de ingreso a espectáculos públicos.
Durante su exposición, la legisladora citó datos globales de Unicef que indican que el 56% de los progenitores incumple la obligación de girar recursos para sus hijos. «Ya nadie inscribe en el Registro de Deudores Alimentarios porque no tiene sentido; debemos buscar superar esa situación», remarcó Lionella Cattalini, al tiempo que definió al nuevo sistema como público, gratuito y con trazabilidad garantizada.
Por su parte, el bloque del Justicialismo respaldó los acuerdos a través de las intervenciones de Lucila De Ponti, Celia Arena y Alejandra Rodenas. «Hay un enorme nivel de incumplimiento y debemos buscar una solución a esto que afecta especialmente a los hijos», enfatizó Lucila De Ponti, calificando la norma como un respaldo indispensable para las madres que aguardan asistencia estatal. En la misma línea, Celia Arena subrayó la relevancia de una construcción colectiva con perspectiva de género, dado que la crianza recae mayoritariamente sobre las mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica.
Base de datos digital, interoperable y de consulta obligatoria
El texto votado estipula la creación, en la órbita del Poder Ejecutivo, del Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. Este organismo constituirá una base de datos única, digital, actualizada e interoperable para registrar tanto a quienes poseen sentencias o convenios judiciales de alimentos como a las personas humanas o jurídicas que desobedezcan órdenes de retención, transferencia o depósito de fondos.
La futura normativa establece que diversos sectores deberán consultar obligatoriamente el registro antes de incorporar personal, habilitar ingresos o realizar contrataciones. En el ámbito estatal, la consulta será ineludible en concursos, licitaciones, concesiones y otorgamiento de licencias.
Por su parte, los empleadores del sector privado deberán verificar la situación del trabajador al momento del alta laboral, mientras que los colegios profesionales exigirán el trámite para la inscripción en la matrícula. La exigencia también alcanza a casinos, bingos, entidades deportivas, financieras y demás personas jurídicas que controlen el acceso a salas de juego o espectáculos.
Aportes ejecutivos y agenda en materia de seguridad
Durante el tratamiento legislativo, la diputada Lionella Cattalini destacó la colaboración técnica del Poder Ejecutivo y, en particular, el trabajo conjunto desarrollado con la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, para alcanzar la aprobación por unanimidad del proyecto.
En paralelo, el interbloque Unidos solicitó tratamiento preferencial para la próxima sesión respecto a tres mensajes del Poder Ejecutivo enfocados en la seguridad pública. Dichas iniciativas son evaluadas de manera conjunta por las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales, las cuales mantendrán nuevos encuentros con especialistas antes de que el proyecto reciba sanción definitiva en el recinto antes de finalizar octubre.
Casilda firmó un convenio con Vialidad Provincial para repavimentar la Ruta 19-S
La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para poner en marcha obras de reacondicionamiento vial en la Ruta Provincial 19-S. Con una inversión superior a los 214 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días, los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del…
El gobernador visitó la planta de Longvie en Paraná por el aniversario de la empresa
En el marco del 108 aniversario de la firma Longvie, el gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves la planta industrial ubicada en el Parque Industrial de Paraná, donde ratificó la importancia de la articulación público-privada para potenciar la competitividad y la generación de empleo en Entre Ríos. Durante la recorrida junto al CEO de la…
