Durante su exposición en la Cámara de Diputados en el marco del debate por el Presupuesto 2027, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió la continuidad de la reforma laboral, los incentivos a la registración y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El funcionario apostó por un modelo que integra a monotributistas y autónomos, en un contexto donde el empleo asalariado privado en el país acumula 14 meses consecutivos de caída.
El modelo laboral que impulsa el Gobierno para 2027
La segunda jornada del debate presupuestario dejó expuesto el modelo laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende impulsar en 2027. Después de que Hacienda ratificara una expansión del PBI de 4% para el próximo año, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se presentó en la Cámara de Diputados para profundizar la proyección sobre cómo debe trasladarse esa recuperación a un mercado laboral que todavía muestra dificultades.
El funcionario definió como objetivos centrales del Presupuesto 2027 la sostenibilidad del equilibrio fiscal y la desinflación, acompañados por la «generación de empleo y crecimiento salarial». Asimismo, aseguró que tanto la Ley de Modernización Laboral como las políticas aplicadas por su área mantendrán su continuidad durante 2027.
La estrategia oficial no se limita al empleo tradicional. «El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina«, afirmó Cordero, quien reivindicó distintas formas de inserción y abogó por combatir la informalidad a través de la registración. Durante la sección de respuestas, su postura fue aún más explícita: existen personas que, sostuvo, «quieren tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia».
Cuestionamientos legislativos en torno a la formalidad
Cordero presentó los primeros resultados del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta diseñada para reducir los costos laborales no salariales en determinadas contrataciones.
De acuerdo con la información oficial difundida esta semana, el régimen alcanzó en julio a más de 63.000 trabajadores y 20.873 empresas, un marcado incremento frente a las 7.993 firmas registradas en mayo, cuando comenzó a instrumentarse. Actualmente, el 4,1% de los empleadores privados del país ya habría utilizado el beneficio.
No obstante, desde la oposición cuestionaron que la estadística mide únicamente a los trabajadores alcanzados por el incentivo y no la creación neta de empleo. En este sentido, advirtieron que mientras algunas compañías suman personal regularizado mediante el régimen, otras podrían estar reduciendo sus planteles.
Los registros oficiales indican que, desde noviembre de 2023, el empleo asalariado privado registrado se redujo en unos 266.000 puestos, acumulando en julio el decimocuarto mes consecutivo de retroceso. Ante estas objeciones, Cordero retrucó que la fotografía laboral actual debe incorporar las nuevas modalidades de trabajo y la creciente búsqueda de autonomía por parte de los ciudadanos.
De los planes sociales a la capacitación
Por otra parte, el secretario aseguró que se incorporaron «al mundo del trabajo» a 950.000 personas a partir de la reconversión del programa Volver al Trabajo y de la posibilidad de compatibilizar la asistencia estatal con diversas actividades laborales, aun cuando no se trate de empleos privados registrados.
El Presupuesto refleja una nueva etapa en dicha transformación. Según el relevamiento del observatorio Presupuesto Interactivo sobre las planillas oficiales, la partida de Acciones de Empleo —que incluye a Volver al Trabajo— contaría con unos $ 210.000 millones en 2027, lo que representaría una caída real del 76,6% frente al crédito vigente de este año.
En contraste, el área de Acciones de Capacitación Laboral experimentaría un incremento hasta unos $ 290.000 millones, con un aumento real cercano al 487%, mientras que Regularización del Trabajo crecería un 36,8%. Esta reasignación presupuestaria sintoniza con la doctrina expuesta por Cordero: reducir el peso de las transferencias directas asociadas a programas de asistencia y potenciar la capacitación, los incentivos y la registración para vincular a los trabajadores con el sector privado.
El impacto del Fondo de Asistencia Laboral
Otro instrumento clave para 2027 será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a operar en noviembre. El mecanismo fue defendido por Cordero como una herramienta para facilitar las desvinculaciones y garantizar el pago de indemnizaciones en situaciones donde las empresas no puedan afrontarlas por sus propios medios.
La Ley 27.802 establece una contribución de 2,5% de la masa salarial para las mipymes y de 1% para las grandes empresas. Dichos recursos se detraerán de aportes que actualmente financian al SIPA, al PAMI, a las asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo.
La consecuencia fiscal de esta medida ya había sido advertida en la víspera: el subsecretario Guberman calculó que el nuevo régimen restará alrededor de 0,23 puntos del PBI a los recursos de la Seguridad Social.
Durante el debate, los legisladores interrogaron al funcionario sobre si la reducción de costos destinada a incentivar las contrataciones generará el empleo registrado suficiente para compensar dicha detracción. Ante esto, Cordero argumentó que el sistema previsional no depende exclusivamente de los aportes sobre el empleo formal y que también puede financiarse a través de rentas generales.
Salarios competitivos sin presión sobre los precios
En el tramo final de su exposición, Cordero abordó la política de ingresos. Señaló que el objetivo oficial es que los salarios logren superar a la inflación, aunque exigió prudencia para evitar que las recomposiciones salariales se trasladen a los precios al consumidor.
Para lograr este equilibrio, defendió la implementación de negociaciones colectivas más descentralizadas —organizadas por actividad, región o incluso por empresa— y el uso de componentes salariales «dinámicos» en aquellas compañías que posean margen financiero para abonarlos sin poner en riesgo sus puestos de trabajo.
Según explicó, la prioridad radica en combinar la recuperación del poder adquisitivo con la preservación del empleo. Este lineamiento deberá convivir con un Presupuesto que proyecta una inflación del 18% punta a punta para 2027 y con una economía que, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda, retomará una senda de crecimiento del 4%.
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