El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe el sexto y mayor remate de bienes decomisados al delito organizado, una subasta récord con cerca de 9.000 inscriptos de todo el país y presencia de funcionarios de otras provincias interesados en replicar el sistema. Durante la apertura del evento institucional, donde se ofrecieron más de 200 lotes entre vehículos, motos y bienes suntuarios, el mandatario destacó que la medida representa un golpe financiero contra la impunidad y un mensaje de poder del Estado provincial.
Un golpe financiero al delito: Santa Fe realizó su sexto remate de bienes decomisados
«Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba esperando o estaba teniendo ganas de tener por un precio menor a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad». Con estas palabras, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio inicio al nuevo remate de bienes decomisados al delito en una colmada Estación Belgrano.
Este operativo representa la sexta subasta de este tipo que concreta la actual administración provincial y la tercera bajo su gestión, aunque con una periodicidad inédita. La convocatoria superó todas las expectativas previas al registrar una masiva concurrencia de inscriptos provenientes de diversas jurisdicciones. De los casi 9 mil anotados, más de 4 mil colmaron las instalaciones a la espera del primer lote: una Ford Ranger 4×4.
Antes de ingresar, los oferentes fueron sometidos a controles de seguridad y pasaron por la mesa de entradas para retirar el identificador numérico de puja. El evento transcurrió de manera ordenada, con asistentes que ingresaron en grupos, parejas o familias, muchos de ellos equipados con termos y mates para pasar la jornada.
Presencias políticas y antecedentes normativos
Maximiliano Pullaro llegó a la Estación Belgrano acompañado por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, y la vocera provincial, Virginia Coudannes. En el lugar ya se encontraba el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, a quien se sumó posteriormente el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
Durante su recorrida por la exhibición de vehículos y motocicletas, el mandatario recordó los orígenes de la iniciativa: «Estos remates empezaron cuando yo era ministro de Seguridad y Matías estaba en el Ministerio de Justicia», señaló, en referencia a la administración del exgobernador Miguel Lifschitz.
La normativa habilitante, Ley N° 13.579, fue sancionada en septiembre de 2016 durante la gestión de Antonio Bonfatti, marco legal que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) como ente autárquico dependiente de la cartera de Justicia.
El impacto económico y social de la subasta
El gobernador enfatizó que la subasta constituye una demostración de poder estatal frente a la criminalidad: «El Estado lleva adelante investigaciones en casos complejos, detiene a los delincuentes, en muchos casos delincuentes violentos, los mete presos, en muchos casos los aísla, también. Esto es una demostración de fuerza y de poder del Estado: que los bienes por los cuales cometieron diferentes tipos de delitos hoy son subastados a la gente».
Asimismo, destacó que el sistema ha ganado la confianza de la ciudadanía y subrayó que Santa Fe se mantiene como pionera en la implementación de esta herramienta, a diferencia del ámbito nacional, donde el Congreso aún no ha sancionado una ley en el mismo sentido.
«Esta es una provincia que estuvo muy golpeada por el delito y muy golpeada por la violencia. Gracias a Dios hemos contenido la violencia y hemos bajado de manera contundente el delito en la provincia», evaluó Maximiliano Pullaro, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, interesado en replicar la experiencia santafesina.
Destino de los fondos y desfinanciamiento criminal
El mandatario contrastó el escenario actual con los antecedentes históricos, donde los vehículos incautados permanecían abandonados en comisarías o depósitos judiciales hasta su compactación.
«Primero damos un mensaje muy fuerte a las organizaciones criminales: el objeto de esas organizaciones es comprar estos bienes; aquí el Estado se los saca y los subasta. Y en segundo término, esos recursos que se juntan en esta subasta van o a víctimas que sufrieron algún delito […] o, en muchos casos van a asociaciones civiles para hacer el bien», detalló.
Para Maximiliano Pullaro, la ley de extinción de dominio resulta fundamental para neutralizar la capacidad operativa de las bandas narcocriminales: «Si a una organización criminal le dejás los recursos, tienen para pagar los mejores abogados y los mejores contadores. Y es posible que tengan menores penas si eso es así, porque tienen hasta la capacidad de corromper».
Números y balances de la jornada
La subasta inaugural tuvo como protagonista a una camioneta Ford Ranger 4×4, modelo 2020, que partió con una base de $ 10 millones y cuyo martillo se bajó finalmente en $ 40 millones.
En total, se pusieron a disposición 224 lotes, que incluyeron 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y 10 máquinas arcade retro destinadas a restauración.
El evento contó además con la presencia de los ministros Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) y Susana Rueda (Cultura), junto al secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón. En representación del Poder Legislativo asistieron los diputados Rubén Galassi y José Corral. También participaron el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti, diversos concejales y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.
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