El Senado de la Nación postergó por una semana el debate en plenario de comisiones sobre el megaproyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el presidente Javier Milei, en medio de fuertes objeciones de la oposición y reparos diplomáticos de Estados Unidos. La iniciativa, que combina la protección de recursos naturales en Malvinas con una profunda reforma en inteligencia, seguridad interior y financiamiento político, enfrenta el rechazo opositor que exige dividir el texto para habilitar su discusión en el recinto. La reprogramación oficial se da tras el pedido de celeridad del Ejecutivo y busca blindar los consensos necesarios para aprobar los 133 artículos de la normativa.
Postergan el plenario en el Senado para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
La cita del plenario de comisiones de Defensa Nacional —con Carlos Zapata por La Libertad Avanza—, Legislación Penal —encabezada por Laura Rodríguez Machado— y Relaciones Exteriores y Culto —a cargo de Juliana Santillán— para debatir e intentar dictaminar sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional estaba prevista para este martes a las 16 en el Senado de la Nación. Sin embargo, en las últimas horas se decidió trasladar el encuentro para dentro de una semana a la misma hora.
Se trata de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que el propio presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el 3 de septiembre por la noche. En dicho mensaje, el mandatario defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas —»por historia y por derecho»—, propuso un esquema de sanciones a las empresas que operen en la zona y planteó una reforma integral de los sistemas de Inteligencia, Defensa y Seguridad Interior.
Milei había solicitado celeridad y consenso en el tratamiento del tema, que abarca la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y un Registro Público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).
Las objeciones internacionales y la reprogramación
A lo largo de sus 133 artículos, el texto propone «castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de manera ilegítima en sus espacios marítimos circundantes y en la Plataforma Continental Argentina; generar los incentivos necesarios para que quienes participen de estas actividades cesen en dicha conducta, y dotar al Estado nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas». Así lo explicó oportunamente el vocero presidencial Adrián Ravier.
En las últimas horas se conoció la inquietud de Estados Unidos por algunos aspectos de la ley, en particular aquellos que establecen penalidades para filiales, proveedores, accionistas e intermediarios financieros de las empresas que operan de manera irregular en jurisdicción de Malvinas. En algunos sectores políticos se adjudica a esta reacción diplomática la reprogramación del plenario, aunque desde el oficialismo también se aludió a la falta de tiempo para construir el dictamen.
Con o sin reunión, se descuenta que el tema ameritará alguna manifestación en la sesión especial prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados.
Antecedentes y reclamos de la oposición
Hasta el momento se celebraron tres plenarios de comisiones. El primero tuvo lugar el 30 de septiembre con la presencia de Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica, y de Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.
El segundo encuentro se desarrolló el 6 de octubre con la participación, entre otros, de Daniel Filmus y Guillermo Carmona, exsecretarios de Malvinas durante la gestión del Frente de Todos. Al día siguiente, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, fue la encargada de exponer ante los legisladores los principales puntos del proyecto.
Ante esto, la oposición ya anticipó la presentación de un dictamen propio y marcó profundas diferencias con buena parte del articulado. Concretamente, se solicitó dividir el proyecto para tratar por separado el amplio abanico de temas que aborda. Además de Unión por la Patria, bloques como Provincias Unidas exigen que el texto se fraccione en dos: por un lado, la cuestión Malvinas; por otro, la reforma en inteligencia, seguridad, protección de infraestructura crítica y delitos vinculados a campañas de desinformación.
Ejes centrales del articulado
El primer Título, que concentra el mayor nivel de consenso, alude a la defensa de los recursos naturales. Define que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares, son parte integrante del territorio nacional argentino, y establece que el Estado nacional «tiene como objetivo permanente e irrenunciable realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía».
La propuesta deroga la ley 26.659/2011 —que fijaba condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina— y la reemplaza por un régimen más riguroso que expande su ámbito de aplicación, agrava sanciones penales y amplía su alcance a cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales en el sector. Asimismo, prohíbe ser proveedor o socio de sujetos que realicen dichas actividades de manera ilegítima.
Por su parte, el Título 2 define la Seguridad Nacional como la situación en la que se encuentran protegidos la vida, la libertad, la propiedad y los derechos de los habitantes, garantizando la independencia de la República Argentina. En este apartado se crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el mandatario y sujeto al régimen de confidencialidad de la ley de Inteligencia Nacional.
El Título 3 regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, incorporando un régimen específico para la identificación y protección de las Infraestructuras Críticas. Los Títulos 4 y 5 avanzan en el régimen sancionatorio ante amenazas a la seguridad nacional y actualizan la ley 23.554/1988 de Defensa Nacional. Finalmente, el Título 6 introduce modificaciones a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y añade una nueva figura al Código Penal, mientras que el Título 7 formaliza la creación del RePET bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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