La Justicia investiga una denuncia penal de la Municipalidad de Santa Fe por la presunta contaminación ambiental y la violación de clausuras en un corralón del distrito costero de Alto Verde, donde hallaron medicamentos, residuos informáticos y material que sería bentonita. La causa, que quedó a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA bajo la conducción de los fiscales Bárbara Ilera y Matías Broggi, busca determinar el impacto de los rellenos ilegales sobre el valle de inundación de la isla Sirgadero. Los operativos incluyeron la intervención de la Policía de Investigaciones y requirieron informes técnicos a la Secretaría de Recursos Hídricos provincial para evaluar posibles daños al ecosistema.
Investigación judicial en Alto Verde por presunta contaminación y rellenos irregulares
La presencia de residuos y movimientos de suelo en el corralón Méjico, ubicado en el distrito costero de Alto Verde, dio inicio a una investigación judicial para determinar si las actividades en el predio provocaron contaminación ambiental. El caso, impulsado por una denuncia penal de la Municipalidad de Santa Fe, analiza la disposición inadecuada de materiales y la ejecución de rellenos que habrían alterado el valle de inundación de la isla Sirgadero, nombre catastral de la zona.
La causa se encuentra a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de los fiscales Bárbara Ilera y Matías Broggi. Durante un procedimiento conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI), equipos municipales y organismos provinciales, se hallaron medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de un material que podría ser bentonita, cuya composición exacta será confirmada mediante análisis especializados.
Las tres líneas de investigación abiertas
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa avanza sobre tres ejes principales. El primero se centra en el presunto incumplimiento de una clausura municipal. La Fiscalía de Estado local denunció la violación de las fajas colocadas tras dos inspecciones que determinaron el cierre del lugar por irregularidades administrativas.
Al respecto, el intendente Juan Pablo Poletti señaló en declaraciones a la prensa: «Clausuramos dos veces y rompieron las fajas». El mandatario remarcó la necesidad de resguardar el escurrimiento del agua en el sector costero y sostuvo que las denuncias se realizaron oportunamente para investigar presuntas irregularidades.
El segundo eje busca establecer si los rellenos y la elevación artificial del terreno se realizaron con materiales no aptos y si generaron un daño ambiental. Para ello, los investigadores tomaron muestras en distintos sectores que serán analizadas por instituciones especializadas.
El tercer punto contempla la posible modificación del valle de inundación de la isla Sirgadero. En este sentido, la Justicia solicitó informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia para determinar si los movimientos de suelo alteraron el escurrimiento natural del agua y el comportamiento hídrico del sector ante eventuales crecidas.
Normas ambientales y expectativas sobre el impacto
El avance de las responsabilidades dependerá de los informes técnicos y de la aplicación de normativas vigentes, como la Ley provincial 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley provincial 13.055 de Basura Cero y la Ley nacional 24.051 sobre residuos peligrosos, en caso de comprobarse la presencia de elementos que requieran dicho régimen.
Por su parte, la Municipalidad aportó registros de cámaras e imágenes para colaborar con la reconstrucción de los hechos. La investigación continuará su curso para definir la magnitud del daño y las medidas necesarias para la preservación del entorno natural en este sector de la ciudad de Santa Fe.
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