En el Boletín Oficial de la República Argentina del 21 de octubre de 2025 se publicó la Ley 27.795, destinada al financiamiento de la Educación Universitaria y a la recomposición del salario docente. Dicha normativa se convirtió en el eje central del debate durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recibió como invitados al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Ambos funcionarios, dependientes del Ministerio de Capital Humano, expusieron sobre uno de los capítulos más sensibles del proyecto de ley de presupuesto que el Gobierno propone para el año 2027. La instancia se desarrolló pocos días después de la quinta marcha federal universitaria, manifestación que colmó diversos puntos del país bajo un reclamo unificado.
La ruta legislativa de la norma
La ley promulgada en 2025 tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional, tras un prolongado tránsito parlamentario durante la actual gestión.
El proceso comenzó en 2024 con la sanción de la Ley Nº 27.757, que declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario y actualizó los gastos de funcionamiento, además de los salarios docentes y no docentes frente a la inflación. Dicha norma fue vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024, bajo el argumento de la falta de previsión presupuestaria y la afectación del equilibrio fiscal. El veto fue debatido en la Cámara de Diputados, pero al no alcanzar los dos tercios necesarios para su insistencia, quedó firme.
Al año siguiente, el Congreso sancionó un nuevo proyecto que también recibió el veto presidencial a través del Decreto 647/2025, sustentado nuevamente en el impacto fiscal sin partidas previstas. No obstante, el veto fue rechazado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2025 —en coincidencia con la tercera marcha universitaria— con 174 votos a favor. Posteriormente, el Senado ratificó la vigencia de la ley el 2 de octubre de 2025 con 58 votos, superando los dos tercios exigidos y consolidando su obligatoriedad. Su publicación en el Boletín Oficial se concretó casi 20 días después.
Desde entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores de todo el país, exige de manera incesante su cumplimiento.
El derrotero judicial
En el plano legal, el primer hito se registró en diciembre de 2025, cuando la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos de la ley referidos a la recomposición salarial y a la actualización de los programas de asistencia estudiantil.
En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó dicha decisión y desestimó el recurso presentado por el Estado nacional. La controversia escaló hasta la Corte Suprema, la cual, en junio, rechazó los planteos del Gobierno vinculados con la intervención de los magistrados y, semanas más tarde, desestimó el recurso extraordinario interpuesto contra la medida cautelar. Esto consolidó la protección judicial, sin emitir un juicio definitivo sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado.
El avance más significativo ocurrió el 6 de octubre de 2026, cuando la Justicia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 en lo que respecta al condicionamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ordenando al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para su acatamiento.
Pese a ello, el Estado nacional apeló la sentencia, elevando el expediente nuevamente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Paralelamente, esta misma instancia habilitó una nueva apelación del Gobierno contra la medida cautelar, permitiéndole discutir dos decisiones de primera instancia: una vinculada con la intimación a acatar la orden judicial bajo apercibimiento de multas diarias —suspendidas provisoriamente el 15 de octubre— y otra referida al avance del trámite de ejecución. Los magistrados aclararon que la concesión de la apelación no implica adelantar opinión sobre el cumplimiento de la medida.
El reclamo del interbloque Unidos
Previo a la exposición de los funcionarios, trascendió una nota dirigida al presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, firmada por 19 integrantes de la Cámara baja. En el escrito, los legisladores rechazaron el apartado del presupuesto correspondiente a educación, exigieron adecuar el gasto previsto al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y solicitaron la comparecencia formal de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Nicolás Massot, Ignacio García Aresca, Jorge Rizotti, Gisela Scaglia, Miguel Pichetto, Mariela Coletta, Martín Lousteau, Juan Schiaretti, Pablo Juliano, Carlos Gutiérrez, Esteban Paulón, Pablo Farías, Juan Brugge, Alejandra Torres, Carolina Basualdo, María Inés Zigarán, José Nuñez, Sergio Capozzi y Lourdes Arrieta.
En el texto, los legisladores recordaron que, a 357 días de su ratificación, el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo la norma a pesar de la orden judicial de aplicar los artículos 5 y 6. Asimismo, advirtieron que no convalidarán un presupuesto para el año 2027 que contemple un déficit del 32% respecto de las necesidades reales de las universidades nacionales.
Finalmente, exigieron la citación urgente de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Diego Santilli, para que expliquen de manera presencial los motivos del incumplimiento legal.
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