Un plenario conjunto de dos comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe escuchó una serie de planteos formulados por abogados, vecinalistas y organismos de derechos humanos, con especial atención en el mensaje del Poder Ejecutivo titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública», el cual tiene votado un tratamiento preferencial para el jueves 29 del corriente.
«Es un retroceso y varios artículos rozan la inconstitucionalidad», advirtieron diversos profesionales del Derecho ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La docena de legisladores presentes siguió las exposiciones tal como lo hizo siete días atrás -con un mayor número de participantes- con la Corta Suprema de Justicia.
Ahora llegará el momento de ajustar el dictamen, donde aún persisten diferencias internas en el interbloque de Unidos, para luego intentar consensuar un acuerdo con el resto del arco político. Si bien son tres los mensajes en discusión, los expositores focalizaron sus críticas en el proyecto sobre herramientas de seguridad. Únicamente Matilde Bruera, además de cuestionar dicha iniciativa, respaldó otra propuesta orientada a crear institutos propios en el sistema de Defensa Pública.
El radical Martín Rosúa y la socialista Lionella Cattalini encabezaron el plenario. Los primeros en exponer fueron los representantes de los colegios de la abogacía de Rosario y de Santa Fe. Más tarde lo hicieron los delegados de la Asociación Abogados Penalistas de Rosario y Matilde Bruera en representación del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella» (FDER) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Asimismo, participaron referentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, de la red Puentes y de la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano de esta capital.
La regla establecida otorgó 15 minutos a cada sector para exponer, y en varios casos se entregaron documentos elaborados por institutos o asociaciones para ser incorporados al análisis de las comisiones. En contrapartida, no alcanzaron a exponer los integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad de Rosario.
Observaciones técnicas sobre el proyecto
El rosarino Juan Manuel Fascia expuso en nombre del Colegio de Abogados de esa ciudad como titular de la Comisión de Justicia Penal, basándose en un trabajo entregado a la Cámara. «Entendemos que son necesarias algunas herramientas, pero advertimos cuestiones sensibles que debilitan el sistema vigente», señaló, para luego remarcar que «no se pueden poner en riesgo las garantías constitucionales» y repasar las figuras consideradas problemáticas.
Posteriormente, intervino el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Profesionales de la Abogacía local. Federico Kiener presentó a Néstor Oroño y a Ignacio Alfonso Garrone, secretario y presidente respectivamente, quienes detallaron los cuestionamientos jurídicos. Néstor Oroño advirtió que las reformas no pueden contravenir los tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina.
«Para darle mayores facultades a la policía, hay que formarla y profesionalizarla. Una tarea prolija de la policía es la base de todo proceso penal», aclaró. Por su parte, Ignacio Alfonso Garrone destacó: «Hay preocupación institucional en varios artículos, especialmente la declaración de un imputado sin defensor». El titular del instituto también cuestionó la inclusión del juicio en ausencia para todos los delitos. Retomando la palabra, Néstor Oroño calificó como un retroceso la zona de intervención policial, comparándola -al igual que otros participantes- con un estado de sitio.
«Es una reforma innecesaria. Recuerden que cuando se otorga más poder a una institución, se lo quita a otra, y ese mayor poder debe estar acompañado de mayores controles», remató Néstor Oroño.
A su turno, los abogados penalistas de Rosario aportaron un extenso documento y expusieron encabezados por su titular, José Nanni. «La reforma esconde un menoscabo al sistema penal; no cumple con la división de poderes de toda República, y significa un retroceso de treinta años para la materia en la provincia», subrayó.
Matilde Bruera mantuvo una postura sumamente crítica: «El mensaje es una herramienta de persecución, violatoria de normas constitucionales y de convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina«. La exdiputada provincial señaló que la reforma apunta a constituir un estado policial sin control judicial, objetó el juicio en rebeldía, criticó la redacción del proyecto sobre dispositivos tecnológicos y avaló la creación de institutos en el servicio de la Defensa Pública.
Los representantes del Foro contra la Impunidad tildaron el proyecto de inadmisible, retrógrado y de representar un profundo retroceso en materia penal.
Concluido el encuentro, los legisladores iniciaron intercambios informales sobre los textos en análisis, ingresando en la cuenta regresiva para llevar los dictámenes al recinto el próximo jueves.
Hoja de ruta legislativa
Los tres mensajes en materia de seguridad que cuentan con tratamiento preferencial votado para el jueves venidero en la Cámara de Diputados son:
- Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública: Ingresó el 14 de mayo por mesa de entradas en la Cámara de Diputados (cámara de origen) y fue derivado a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. Propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una ampliación de facultades policiales para casos especiales, la protección de las víctimas y la eficacia de la investigación penal. El mensaje consta de 18 artículos con reformas a cada norma vigente.
- Sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos electrónicos: Ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de septiembre tras ser aprobado por la mayoría del Senado. En 24 artículos, apunta a crear instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de dichos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.
- Ley de defensa del personal de las fuerzas de seguridad y otras reformas a la Defensa Penal Pública: Ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de septiembre con previa aprobación por mayoría del Senado. Incorpora a la Ley N° 13.014 (orgánica de la Defensa) el artículo 21 bis y suma ocho cargos.
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