La renovación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, que asumirán el próximo 18 de noviembre, entró en una zona de máxima tensión política e institucional luego de que un movimiento en el bloque justicialista del Senado alterara la composición de la primera minoría. La jugada del peronismo para reclamar dos de los cuatro lugares en disputa encontró un fuerte rechazo de La Libertad Avanza, que anticipó una impugnación judicial con posibles derivaciones en la Corte Suprema, similar al conflicto registrado en 2022. La definición final sobre el reparto de bancas en ambas cámaras quedará ahora en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de una intensa danza de nombres que incluye a dirigentes nacionales como Eduardo «Wado» de Pedro y legisladores de distintos bloques.
La disputa por el Consejo de la Magistratura calienta el Congreso
La renovación de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación encontró un nuevo escollo en el Congreso, transformándose en un foco de conflicto entre el oficialismo y la oposición por la distribución de los cuatro lugares que corresponden a cada una de las cámaras.
No es para menor, ya que está en juego el nivel de injerencia que cada fuerza política tendrá en el organismo clave para la selección y remoción de jueces. Todo esto ocurre en un momento en que se lleva adelante un acelerado proceso de cobertura de vacantes y no escasean las impugnaciones a magistrados en causas de alto impacto institucional.
El escenario en el Senado y la jugada de la primera minoría
La disputa estalló en el Senado a partir de la incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista. Hasta el viernes, el peronismo y LLA tenían 21 senadores cada uno, manteniendo un virtual empate. Con la llegada de Rejal, el Justicialismo pasó a ser la primera minoría y José Mayans se prepara para reclamar dos de los cuatro lugares correspondientes a la Cámara alta.
En la práctica, el bloque oficialista cuenta hoy con 20 miembros tras el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto. Su suplente, Claudia López, deberá jurar en la próxima sesión para que el oficialismo recupere el número de 21, quedando aún así un escaño por debajo del bloque justicialista, que ahora alcanza los 22 integrantes.
Ante este panorama, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, anticipó que la jugada será impugnada. Su argumento principal cuestiona que un cambio en la composición parlamentaria producido a último momento pueda utilizarse para alterar el reparto de representantes en el Consejo de la Magistratura.
El fantasma del antecedente kirchnerista de 2022
Desde el oficialismo advierten que existe un antecedente demasiado cercano: la maniobra de 2022 mediante la cual el kirchnerismo dividió su bancada para acaparar tres de los cuatro representantes del Senado en el organismo.
En aquel momento, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner dispuso la división del bloque del Frente de Todos —que contaba con 35 senadores— en dos espacios: el Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y Unidad Ciudadana, con 14.
Aquella estrategia permitió que el oficialismo de entonces obtuviera dos lugares como primera minoría y uno más como tercera. Fueron designados Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, mientras que el lugar que reclamaba el entonces senador del PRO Luis Juez quedó en el centro de la controversia.
La disputa escaló hasta la Corte Suprema, que declaró inválida la maniobra y ordenó que Luis Juez asumiera su banca en el Consejo. Basándose en este fallo, el oficialismo actual sostiene que no permitirá que una modificación de bloques diseñada a medida vuelva a distorsionar la representación parlamentaria. La definición final quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Danza de nombres en ambas cámaras
Mientras se define la pelea judicial y política, el peronismo ya puso sobre la mesa los nombres de Eduardo «Wado» de Pedro y Sergio Uñac. Por su parte, LLA analiza postular a la senadora Nadia Márquez y a Belén Montes de Oca, en tanto que el cuarto lugar continúa atravesado por la interna radical. En la UCR aún no se define si continuará Eduardo Vischi o si la candidatura recaerá en Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la Comisión de Acuerdos.
La tensión se replica en la Cámara de Diputados, donde LLA reclamará dos de los cuatro escaños en su condición de primera minoría. El oficialismo busca renovar el mandato de Gonzalo Roca —quien asumió en diciembre en reemplazo de la radical Roxana Reyes— y baraja también al santafesino Nicolás Mayoraz.
El peronismo en Diputados pretende conservar dos lugares, aunque el nuevo equilibrio de fuerzas amenaza con reducir su botín a uno solo. Entre los nombres que suenan figuran los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, además de las aspiraciones de sectores del Frente Renovador. En paralelo, Álvaro González pretende conservar su banca respaldado por el interbloque Fuerzas del Cambio.
Estado de situación del Consejo
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El cuerpo se completa con ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro senadores), cuatro jueces, cuatro abogados, dos representantes del ámbito académico y un representante del Poder Ejecutivo.
Los mandatos duran cuatro años. En este proceso de renovación ya quedaron definidos los representantes de los abogados —Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene— y del estamento judicial —Marcelo Gallo Tagle, Juan Manuel Culotta, Gabriela Vázquez y Paula Castro.
El recambio académico comenzó en marzo, cuando el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea, fue elegido por sus pares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La segunda banca académica sigue pendiente de resolución judicial.
Hacia el período 2026 concluirán los mandatos de prácticamente todos los representantes que ingresaron en 2022, con las únicas excepciones de Horacio Rosatti —cuya permanencia emana de la presidencia del máximo tribunal— y Santiago Viola, designado este año en representación del Poder Ejecutivo por el gobierno de Javier Milei.
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