Un peritaje oficial de la Gendarmería Nacional determinó que no pudo validar la autenticidad técnica de los registros de voz atribuidos a Diego Spagnuolo en el marco de la causa judicial que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El estudio de Criminalística y Estudios Forenses advirtió sobre posibles cortes, regrabaciones e interrupciones en la cadena de custodia del material, por lo que los investigadores no lograron descartar una eventual manipulación de los audios en los tribunales federales.
El peritaje técnico sobre los audios
Un estudio de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no pudo confirmar que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa ANDIS sean auténticos.
El informe técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. Asimismo, los especialistas remarcaron que no se pudieron asignar técnicamente las voces a las personas imputadas.
Fallas en la cadena de custodia
El análisis señaló que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre los factores mencionados, se indicó que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de la instancia pericial.
En ese sentido, los peritos no pudieron descartar una eventual manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
La investigación se abrió tras la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos. En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, aunque se señaló que nunca estuvo imputada en la causa.
Cómo sigue la causa judicial
El expediente judicial continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. Desde el ámbito judicial se aclaró que la imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación.
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