El Estado nacional encadena 33 meses consecutivos de contracción en su dotación de personal, un proceso que la administración de Javier Milei enmarca en una transformación estructural de la administración pública, aunque los resultados continúan generando debate en el plano político y económico. El informe de empleo público publicado por el INDEC registró 266.205 personas en septiembre de 2026, lo que representa una caída interanual del 6,1% y del 0,8% en la comparación con agosto. De acuerdo con la serie histórica del organismo, en noviembre de 2023 —último mes completo previo a la llegada de los libertarios al poder— la dotación alcanzaba las 343.357 personas, marcando una diferencia de 77.152 puestos.
Al tomar diciembre de 2023 como base, la merma se ubica en el 22%. Si bien el mayor voltaje del ajuste se concentró durante 2024, la contracción prosiguió a lo largo de 2025 y los primeros nueve meses de 2026, lapso en el que se computaron otras 13.833 bajas netas.
La defensa oficial en el Congreso y las divergencias metodológicas
La tendencia cobró nueva densidad conceptual a partir de las explicaciones brindadas por los secretarios de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y de Desregulacin, Alejandro Cacace, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco del debate por el proyecto de Presupuesto 2027. «Tenemos, después de tres años, un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023. Con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos», enfatizó Fariña.
La diferencia numérica entre la estadística oficial de ese ministerio y la del INDEC obedece a universos de medición distintos, dado que la cartera de Desregulación incorpora personal militar y de seguridad que queda al margen del relevamiento del organismo estadístico. Asimismo, Fariña indicó que el recorte continúa y detalló que más de 6.254 personas adhirieron a los programas de retiros voluntarios, mientras que se anunció una nueva tanda para la administración central.
Desde la cartera comandada por Federico Sturzenegger argumentan que la revisión no se reduce a la plantilla laboral o a los cargos jerárquicos. «Si hay funciones que son duplicadas porque están replicadas en diferentes áreas del Estado, se eliminan. Si son funciones que en realidad le corresponden a las provincias o a los municipios, también se eliminan. Y si son funciones que creemos que las debe desempeñar el sector privado, también se eliminan», graficó Fariña, sintetizando la aplicación práctica de la herramienta insignia de la gestión: la motosierra.
Impacto fiscal y estimaciones de ahorro
En términos de impacto sobre las cuentas públicas, la reducción persigue una merma en el gasto corriente y una optimización de la asignación de recursos. Fariña estimó un ahorro anual cercano a los 3.000 millones de dólares, contemplando no solo la masa salarial sino también la optimización de inmuebles y suministros. El cálculo del Ministerio de Desregulación parte de la premisa de que el costo total de cada agente estatal duplica su remuneración nominal, multiplicando así el impacto fiscal positivo.
Cacace reforzó el sentido económico de las reformas al señalar que su área justifica su existencia «por los ahorros que generamos», vinculando la eficiencia estatal con una menor presión sobre los costos operativos de empresas y ciudadanos. En este sentido, recordó la vigencia de la ley Bases como cimiento normativo de la transformación en la estructura de la economía argentina. Como ejemplo de modernización, Fariña mencionó la automatización en la validación del cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un proceso que evitará cerca de 1,2 millones de trámites anuales, en sintonía con la unificación de más de 150 sistemas administrativos y de liquidación de haberes.
Tensiones presupuestarias y áreas sensibles
En la vereda opuesta, los legisladores opositores cuestionaron el alcance y el sesgo de las medidas. La diputada Victoria Tolosa Paz advirtió sobre el riesgo de priorizar un sesgo ideológico por sobre la construcción de eficiencia destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Las tensiones se materializaron al examinar el desempeño de organismos descentralizados y dependencias de infraestructura. En el caso de Vialidad Nacional, Fariña detalló que la reestructuración achicó de 1.543 a 176 los cargos jerárquicos. Sin embargo, el diputado Ernesto Alí retrucó que «no se trata de echar funcionarios, sino que Vialidad se trata de hacer rutas» y «tenemos que tapar baches». El Ejecutivo respondió que apuesta a un esquema mixto que combina concesiones privadas con tareas de control y mantenimiento estratégico.
La dimensión del ajuste en el sector científico y técnico se refleja en las estadísticas oficiales del INDEC entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026:
- CONICET: pasó de 27.760 a 24.795 personas.
- INTA: pasó de 6.825 a 4.960 personas.
- INTI: pasó de 3.120 a 2.227 personas.
- Vialidad Nacional: pasó de 5.703 a 4.165 trabajadores.
El debate legislativo también rozó el artículo 21 del Presupuesto 2027, objetado por la oposición debido a la eliminación de asignaciones específicas atadas a las importaciones para el INTA, el INTI y el SENASA. Mientras Fariña defendió que el financiamiento debe responder a metas votadas en el Congreso y no a indicadores externos, los legisladores alertaron sobre la pérdida de capacidades técnicas y el impacto en el sector agropecuario y productivo, evidenciado en la proyección de prestaciones contemplada para el próximo ejercicio.
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