El intendente Juan Pablo Poletti envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para establecer un nuevo régimen de contratación directa de servicios profesionales y técnicos en la ciudad de Santa Fe, que prioriza la idoneidad del prestador y fija un nuevo tope económico atado a unidades tributarias. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo local busca dotar a la administración municipal de mayor agilidad en las contrataciones excepcionales, estableciendo un límite de hasta 30 mil Módulos Tributarios anuales por cada proveedor.
Un nuevo régimen para agilizar contrataciones directas
A través del Mensaje Nº 18, la Municipalidad solicitó al Concejo que analice un nuevo régimen específico para la contratación directa de servicios personales. La iniciativa apunta a cubrir distintas necesidades de la administración local, ya sean de carácter profesional, técnico o material, con mayor celeridad que los procesos administrativos tradicionales como las licitaciones públicas o las compulsas de precios.
El proyecto de ordenanza, que ya se encuentra en las comisiones del cuerpo legislativo para su debate, lleva las firmas del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo. Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la intención no es soslayar los principios de la contratación pública, sino dotar a la gestión de una herramienta más ágil bajo criterios objetivos y límites precisos.
El cambio en el monto tope
La normativa actual que regula estas contrataciones es la Ordenanza Nº 11.099, modificada el año pasado mediante la Ordenanza Nº 13.031, que fijaba un límite de hasta 15 millones de pesos anuales por cada contratación directa personal.
Con el nuevo proyecto, el número umbral pasará a medirse en Módulos Tributarios (MT). La propuesta establece un tope de 30 mil MT por ejercicio presupuestario para cada persona contratada. Dado que actualmente un MT equivale a 1.000 pesos, el límite ascendería a los 30 millones de pesos, duplicando el monto permitido hasta el momento. Superado ese umbral, la administración comunal deberá recurrir a un concurso público u otros mecanismos similares.
El texto aclara que el cálculo del límite se realizará de forma acumulativa: se sumarán todos los importes correspondientes a una misma persona durante el año, sin importar la cantidad de contratos, el objeto de las prestaciones o la jurisdicción municipal interviniente. Este mismo criterio se aplicará para prórrogas y adendas.
Idoneidad y carácter personalísimo
Uno de los ejes centrales de la iniciativa enviada al Concejo es que los contratos se celebrarán exclusivamente con personas humanas y tendrán un «carácter personalísimo». Esto significa que la selección del prestador estará fundamentada estrictamente en sus aptitudes, conocimientos, antecedentes y experiencia.
En este sentido, la normativa prohíbe de manera expresa la cesión total o parcial del contrato, así como la sustitución del contratado por terceros, a menos que se trate de colaboraciones auxiliares expresamente admitidas por la naturaleza del servicio.
De esta manera, la Municipalidad podrá incorporar de forma temporal y excepcional a profesionales, asesores o técnicos específicos —como por ejemplo un especialista en materia impositiva o un maestro mayor de obra— para atender demandas puntuales de las distintas áreas, dejando en claro que no existirá relación de dependencia laboral con el municipio.
