En medio de la conmoción por los recientes casos de violencia extrema en la provincia, la Cámara de Diputados de Santa Fe debate el proyecto del Ejecutivo contra la violencia de género que ya cuenta con media sanción del Senado. Mientras el oficialismo impulsa un nuevo sistema de gestión del riesgo y un registro único de denuncias, colectivos feministas reclaman en la Legislatura la urgente declaración de la emergencia para destinar mayores recursos a los barrios.
Violencia de género en debate: la Legislatura analiza un nuevo sistema de prevención
El presunto femicidio seguido de suicidio descubierto este fin de semana en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe volvió a poner en primer plano la violencia extrema contra las mujeres. A ese caso se suma el reciente hecho en Recreo —que la Justicia también investiga como tal— y el impactante episodio que se cobró la vida de una madre y cuatro niños en Quitilipi, provincia de Chaco.
En este contexto, la Cámara de Diputados de la provincia deberá discutir un proyecto del Ejecutivo provincial que ya obtuvo media sanción en el Senado el pasado 22 de octubre y que tiene pedido de preferencia para el 19 de noviembre. La iniciativa busca modificar el modo en que interviene el Estado para que la respuesta no comience y termine con una denuncia o una restricción de acercamiento.
Qué dice el proyecto oficial
Presentada el 10 de septiembre y elaborada por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública, la propuesta de «Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género» apunta a anticipar situaciones de riesgo y articular la actuación de los distintos organismos estatales.
El texto aprobado en la Cámara alta cuenta con 89 artículos y propone la creación de un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo y un Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección. De esta manera, se busca evitar que la información sobre antecedentes, restricciones vigentes, incumplimientos, intervenciones policiales y llamadas al 911 quede dispersa entre diferentes reparticiones.
Entre los cambios centrales, se estipula que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente pueda dictar medidas de protección, aun sin ser competente para continuar con la causa. Asimismo, se establece que el control de las medidas es responsabilidad estatal y no debe recaer sobre quien necesita resguardo.
Niveles de riesgo y herramientas de control
La normativa fija cuatro niveles de riesgo —bajo, medio, alto y crítico—, los cuales deberán actualizarse ante nuevos hechos. Para los escenarios de riesgo alto o crítico, se dispone como regla el «monitoreo electrónico dual» mediante dispositivos que controlen las restricciones de acercamiento y alerten sobre posibles incumplimientos.
Entre las herramientas previstas figuran la prohibición de acercamiento y contacto, la exclusión del agresor del hogar, el secuestro preventivo de armas, medidas frente a la violencia digital y el arresto conminatorio ante faltas graves. También contempla la conformación de un equipo interdisciplinario y un fondo destinado a cubrir necesidades urgentes de las personas protegidas, tales como traslados, alojamiento temporal o cambio de cerraduras.
El debate en Diputados y el pedido de emergencia
Mientras avanza la iniciativa del Ejecutivo, en la Cámara baja ya se encontraban en discusión otros expedientes impulsados por organizaciones feministas y legisladores, los cuales reclaman la «declaración de emergencia».
Nidia Kreig, referente social, explicó que desde espacios como Ni Una Menos Santa Fe, Mumalá Rosario, la Asamblea Transfeminista de Rosario, la colectiva Se Dice de Mí (de Esperanza) y Ni Una Menos (de Coronda) participan activamente en la Comisión de Género de la Cámara baja.
«El problema es que a nosotras nos matan ahora, una cada 30 horas», advirtió Kreig, al señalar que ya se registran 46 femicidios en la provincia de Santa Fe en lo que va del año, posicionando al distrito entre los de mayor proporción en relación con su población. Por ello, insistieron en la necesidad de aprobar una ley de emergencia que permita asignar recursos operativos de manera excepcional por un plazo determinado, destinado a subsidios, refugios temporales y mayor presencia de equipos estatales en los barrios.
Consultada sobre la convivencia de ambas propuestas, la referente consideró que «no son incompatibles» y abrió la puerta a que el proyecto oficial avance en paralelo con los aportes y modificaciones que puedan sugerir las organizaciones sociales.
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