La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó con amplias modificaciones las nuevas herramientas de seguridad pública impulsadas por el Ejecutivo provincial, que incluyen la implementación del juicio en ausencia, una medida inédita en el distrito. La iniciativa, respaldada por el oficialista frente Unidos y sectores justicialistas con el rechazo de la izquierda, giró al Senado tras modificar cinco leyes clave, entre ellas el Código Procesal Penal, para robustecer la persecución de la criminalidad organizada y la violencia urbana.
Aprobación legislativa en Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe validó, con reformas y tras un mes de intensas discusiones en comisiones, en la opinión pública y en el recinto con cruces de alto voltaje político provenientes principalmente del socialismo, el mensaje del Poder Ejecutivo sobre herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 11 rechazos en general.
En los hechos, el proyecto votado y girado en revisión al Senado modifica parcialmente cinco leyes, destacándose la reforma de catorce artículos del Código Procesal Penal. Las otras normas alcanzadas son el Código de Convivencia, la ley de Inteligencia, la normativa sobre privación de la libertad, el programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y víctimas, y el fondo de recompensas.
El dictamen fue elaborado por el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, tras acordar el texto en el interbloque de Unidos, donde la bancada socialista mantuvo diferencias con el radicalismo y los demás sectores que componen la mayoría.
Conformidad en el oficialismo
«Estamos muy confomes con el texto», se expresó en la Casa de Gobierno al término del debate, un proceso que permitió exhibir un respaldo significativo a pesar de que algunos bloques rechazaron artículos en particular.
Durante el mes de octubre, el recinto de la Cámara abrió sus puertas para recibir la opinión de todos los actores del sistema judicial en dos plenarios.
«El proyecto aprobado procura dotar al sistema provincial de persecución penal y seguridad de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios», señaló Martín Rosúa, legislador radical y presidente de Seguridad Pública.
El diputado destacó que la orientación estratégica apunta a «fortalecer la capacidad estatal de prevención e investigación y la protección de víctimas, con decisiones susceptibles de control y prueba utilizable en el proceso». La versión examinada contiene 24 artículos numerados y una disposición final sin numerar.
A Martín Rosúa se sumaron las exposiciones de los radicales Dionisio Scarpin y José Corral. «Hubiera ido por más», expresó el dirigente del norte provincial. «Lo que importan son los resultados», enfatizó el santafesino, quien recordó los efectos de las leyes sancionadas al inicio de la gestión: «Hoy tenemos 63 presos de alto perfil del nivel más alto», detalló, sobre un total de 615 presos de máxima seguridad.
El debate parlamentario y las tensiones internas
El debate fue abierto por la diputada socialista Lionella Cattalini, quien reivindicó la postura de su espacio en la defensa de la Constitución santafesina y cuestionó duramente a funcionarios del Ejecutivo por declaraciones previas. En su intervención, mencionó a Federico Angelini, dirigente del PRO que integra el Ministerio de Seguridad.
Luego, Joaquín Blanco defendió el trabajo de la bancada socialista y sostuvo que el proyecto aprobado es superior al mensaje original enviado por el oficialismo, al cual calificó de deficiente. «Hay que cuidar las coaliciones para gobernar. Es fácil hacerlas, pero difíciles a la hora de gobernar», añadió el jefe del bloque.
«Siempre dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo sobre la base de que el MPA ejerza la acción penal y conduzca las investigaciones», resaltó.
Por su parte, el bloque Somos Vida, los unipersonales Inspirar y Vida y Familia, y la diputada justicialista Alejandra Rodenas apoyaron en general el dictamen, pero votaron en contra de varios artículos específicos.
Los legisladores rosarinos Ariel Bermúdez (Creo) y Walter Ghione (Uno) defendieron con firmeza la política de seguridad de Unidos y la necesidad de devolver la tranquilidad a los habitantes de Rosario. «Nos podemos equivocar, pero actuamos», afirmó el primero, mientras que el segundo reclamó que la seguridad sea «un derecho para todos y no un privilegio».
Desde el justicialismo, Lucila De Ponti, Celia Arena y Marcos Corach expresaron su rechazo al proyecto, postura compartida por el Frente Amplio por la Soberanía. Celia Arena valoró el trabajo realizado en las comisiones, pero advirtió que no acompañarían la iniciativa por considerar que pone en riesgo a los inocentes.
Nuevos instrumentos procesales
El texto aprobado incorpora el artículo 113 bis sobre declaración informativa. «El fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosímilmente vinculada a un hecho delictivo y aún no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación», reza la normativa.
Asimismo, se establece la obligación de advertir al ciudadano que podrá comparecer asistido por un abogado defensor, informándole sobre su derecho a retirarse libremente en cualquier momento, a guardar silencio y a no responder preguntas, sin que ello genere consecuencias procesales en su contra.
La reforma también introduce modificaciones relativas a la autorización para la sustanciación del proceso en rebeldía y delimita los supuestos en los que se podrán realizar allanamientos sin orden judicial previa.
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