El director de Análisis Criminal de la provincia, Rolando Galfrascoli, aseguró que las diez organizaciones narcocriminales más poderosas que operaban en la ciudad de Santa Fe fueron desarticuladas mediante un plan de persecución penal coordinado con la Justicia Federal. Sin embargo, el funcionario advirtió que el principal desafío actual es avanzar sobre las estructuras intermedias dedicadas al transporte y la distribución de estupefacientes en la región.
El balance de la persecución penal
Rolando Galfrascoli, director de Análisis Criminal del gobierno provincial, trazó un balance sobre la política de persecución del narcotráfico y destacó los resultados obtenidos a partir de la desfederalización del narcomenudeo. Durante una entrevista brindada al programa Santa Fe Policiales, emitido por CYD Litoral, el funcionario sostuvo que fueron desarticuladas las diez organizaciones criminales más importantes que operaban en la capital provincial y planteó que el desafío actual consiste en avanzar sobre las estructuras intermedias dedicadas al transporte y la distribución de estupefacientes.
En la misma línea, el funcionario advirtió sobre la captación de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad por parte de las redes delictivas, reclamó mayor rigor para los integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en actividades ilícitas y defendió las nuevas herramientas legales impulsadas por la administración provincial.
Una trama bajo la lupa judicial
Uno de los ejes abordados durante la entrevista fue una investigación centrada en una mujer que, pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria por una causa de narcotráfico, volvió a quedar vinculada con una operación de tráfico de estupefacientes de escala internacional.
Para Galfrascoli, este episodio expone una problemática compleja que no se agota con la detención o condena de los principales responsables. Según explicó, existen individuos que, por su posición dentro de las organizaciones narcocriminales, conservan vínculos difíciles de desarticular aun después de haber sido alcanzados por la acción de la Justicia.
El funcionario distinguió entre los eslabones más bajos de la cadena —como vendedores barriales o encargados de puntos de expendio— y aquellos que integran los niveles intermedios o superiores. «Cuando encontrás personas que son parte de los eslabones intermedios o altos de la escala del narcotráfico, se dice que es muy difícil que una persona se pueda despegar de esos círculos criminales», señaló, al tiempo que consideró necesario mantener bajo estricta observación a quienes recuperan algún grado de libertad tras cumplir condenas por delitos federales.
El desmantelamiento de las bandas
Al repasar la política de seguridad implementada en la provincia, Galfrascoli reivindicó el trabajo coordinado que permitió erradicar a las diez organizaciones narcocriminales de mayor peso con asiento en la ciudad de Santa Fe.
El funcionario recordó que la iniciativa se gestó durante la administración del exgobernador Miguel Lifschitz, cuando Maximiliano Pullaro se desempeñaba como ministro de Seguridad. En aquel período se diseñó un plan estratégico que fue presentado ante fiscales federales de Santa Fe y Rosario. «Fuimos con el gobernador Maximiliano Pullaro con un plan que era erradicar las diez bandas narcocriminales más importantes que tenía la ciudad de Santa Fe», relató, y aseguró que «de esas diez bandas no queda ninguna».
De acuerdo con el análisis oficial, aquellas estructuras poseían una capacidad económica y operativa equiparable, e incluso superior, a la de grupos narcocriminales de Rosario, aunque operaban con un perfil de violencia relativamente bajo para evitar investigaciones de gran envergadura. Como muestra de los procedimientos previos, el funcionario mencionó una causa que culminó con el secuestro de más de 150 kilos de cocaína.
El impacto del microtráfico y la ley provincial
En el diagnóstico sobre la violencia urbana, Galfrascoli valoró la desfederalización parcial de los delitos vinculados con estupefacientes, instrumentada a través de la ley provincial 14.239, sancionada en diciembre de 2023. Esta normativa facultó al Ministerio Público de la Acusación y a las fuerzas provinciales a intervenir de manera directa en el combate al narcomenudeo.
A su entender, existía una correlación directa entre la comercialización de drogas en pequeña escala y los índices de violencia altamente lesiva que afectaban a la región, tales como homicidios, tentativas de agresión y balaceras motivadas por la disputa de territorios. «Uno de los factores que puede ayudar a explicar la baja de la tasa de homicidios es el ataque al microtráfico», afirmó.
Sin embargo, aclaró que la persecución de los puntos de venta barriales resulta insuficiente por sí sola, debido a la facilidad con la que los eslabones inferiores son reemplazados en el mercado ilegal. Por este motivo, remarcó la necesidad de enfocar los esfuerzos hacia las estructuras intermedias que conectan el tráfico interprovincial e internacional con la distribución local.
En este sentido, destacó el proyecto impulsado por la exvicegobernadora Gisela Scaglia, con el respaldo del gobernador Pullaro y del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, actualmente en debate en el Congreso de la Nación, el cual busca ampliar las facultades investigativas de las provincias. Asimismo, indicó que Santa Fe articula acciones conjuntas con Córdoba y Entre Ríos en el marco de la Región Centro.
Vulnerabilidad social y control institucional
El área de Análisis Criminal también expresó preocupación por el reclutamiento de sectores vulnerables por parte de las redes narcocriminales. Galfrascoli describió como una práctica perversa la utilización de jóvenes, mujeres y personas desocupadas para cubrir puestos expuestos, tales como la custodia de búnkeres, la venta al menudeo o la participación en tareas de vigilancia armada.
En particular, señaló la creciente presencia de mujeres en causas por microtráfico, vinculada a situaciones familiares y económicas críticas, como madres que sostienen a sus hijos o asisten a familiares privados de la libertad. Frente a esta realidad, abogó por complementar la persecución penal con políticas sociales, educativas y deportivas.
En cuanto a la participación de efectivos policiales en actividades ilícitas, el funcionario adoptó una postura categórica y sostuvo que quienes desvían su conducta institucional deben afrontar estándares de investigación más rigurosos y una respuesta penal más firme. «Nadie está exento de ninguna organización, ningún grupo humano, ningún grupo social», expresó, extendiendo este criterio a fiscales, funcionarios judiciales y agentes públicos vinculados al área de seguridad.
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