La investigación apunta a una presunta filtración de información reservada sobre allanamientos de microtráfico realizados el 29 de mayo de 2026, además de maniobras para ocultar lo sucedido y entorpecer la causa.
En los Tribunales de Reconquista, se llevó adelante una audiencia de reformulación de cargos contra dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y una mujer que se encuentran investigados en una causa por presunta filtración de información reservada sobre un procedimiento antidrogas realizado en la ciudad de Avellaneda.
Los imputados son Ariel Fernando Sena, Estefanía Evelin Oviedo y Ayelén Sabrina Leiva. La nueva imputación fue impulsada por el fiscal Sebastián Galleano, quien explicó que la decisión se tomó luego de incorporar y analizar nuevas evidencias que permitieron ampliar la plataforma fáctica inicial y atribuir nuevos delitos.
La investigación se relaciona con los allanamientos realizados el 29 de mayo de 2026 en Avellaneda, en el marco de una causa por microtráfico. Según la hipótesis fiscal, información reservada sobre esos procedimientos habría sido filtrada previamente a uno de los objetivos de las medidas judiciales, que finalmente tuvieron resultado negativo.
Las pericias
En declaraciones a este medio el fiscal Galleano explicó que la audiencia permitió exponer de manera detallada los nuevos hechos atribuidos a los tres imputados, las calificaciones penales y los elementos probatorios que sustentan la acusación.
Detalló que la investigación fue organizada en diferentes momentos para reconstruir la secuencia de acontecimientos.
En primer lugar, se encuentra la presunta filtración de información por parte de Oviedo hacia uno de los objetivos de los allanamientos de microtráfico. Posteriormente, se investiga la presunta participación de Sena en maniobras destinadas a ocultar esa filtración y evitar que se conociera lo sucedido.
En cuanto a Leiva, el fiscal explicó que se le atribuyen acciones posteriores a la primera imputación, orientadas presuntamente a frustrar el avance de la causa mediante la incorporación de testigos que habrían sido coaccionados para coordinar versiones diferentes de las denuncias originales.
También se investiga la presunta maniobra de desviar las sospechas hacia otros integrantes de la Policía de Investigaciones, intentando atribuirles la responsabilidad por la filtración de información reservada y la realización de los allanamientos.
Galleano remarcó que una parte importante de estas hipótesis cuenta con respaldo en las extracciones forenses de los teléfonos celulares secuestrados.
“Esto está corroborado directamente por extracciones forenses de los teléfonos celulares y la reconstrucción de todas las conversaciones entre los imputados. O sea, que esto tiene un apoyo objetivo de evidencia importante”, sostuvo.
El fiscal amplió que se trata de una investigación compleja, con numerosos dispositivos electrónicos secuestrados, cuyo contenido continúa siendo analizado por el organismo de investigación de la ciudad de Santa Fe.
A medida que se reconstruyen las comunicaciones, teniendo en cuenta fechas, horarios y circunstancias, aparecen nuevos elementos que pueden resultar relevantes para ampliar las imputaciones.
Delitos atribuidos
Entre las nuevas calificaciones legales mencionadas por el fiscal se encuentra el encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos, atribuido a Oviedo y Sena.
También se incorporaron figuras vinculadas con amenazas coactivas contra personas relacionadas con la denuncia de la filtración, con el presunto objetivo de obtener ilegítimamente un teléfono celular que contenía elementos de interés para la investigación.
Asimismo, se atribuyeron delitos de abuso de autoridad y falsificación de instrumento público, en relación con presuntas irregularidades en actas de distintos procedimientos policiales. Según la hipótesis fiscal, esos documentos habrían sido fraguados para dar apariencia de legalidad al secuestro de un teléfono celular que contenía evidencia incriminante.
Respecto de Ayelén Sabrina Leiva, Galleano explicó que la nueva imputación comprende coacciones agravadas y encubrimiento, vinculados con las presuntas maniobras para influir sobre testigos y aportar versiones falsas a la investigación.
El fiscal aclaró que la causa continúa abierta y que todavía resta analizar una importante cantidad de dispositivos secuestrados, por lo que no descartó nuevas medidas y ampliaciones de las imputaciones si surgen otros elementos relevantes.
La situación procesal
Durante la audiencia también se abordó la situación de las medidas cautelares que pesan sobre los investigados.
Ariel Fernando Sena permanece detenido en la cárcel de Coronda, mientras que Estefanía Evelin Oviedo cumple prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. Por su parte, Ayelén Sabrina Leiva continúa alojada en una dependencia penitenciaria de Recreo.
En representación de Sena estuvo presente el abogado defensor, doctor Aldo Gerosa. A Oviedo la asistieron los doctores Ricardo Rubén Degumois y Ricardo Ceferino Degumois, mientras que Leiva contó con la defensa del doctor Juan Bautista Benítez, de la ciudad de Santa Fe.
En el caso de Sena, Gerosa solicitó un cuarto intermedio para poder estudiar el legajo y acceder a la nueva evidencia incorporada por la Fiscalía antes de discutir una eventual alternativa a la prisión preventiva. El fiscal confirmó que se le facilitará ese material para garantizar que la defensa pueda analizarlo y eventualmente formular su planteo.
Respecto de Leiva, su abogado solicitó un cuarto intermedio para evaluar la posibilidad de una salida alternativa o una atenuación de la medida de coerción. Galleano señaló que la propuesta deberá ser analizada y que, eventualmente, será objeto de una discusión judicial.
En cuanto a Oviedo, el fiscal recordó que recientemente la jueza le había concedido la prisión domiciliaria, pese a la oposición de la Fiscalía, por lo que consideró que debía respetarse el plazo correspondiente antes de volver a discutir esa medida cautelar.
Una investigación que continúa
La audiencia de este lunes representó un nuevo avance en una investigación que busca determinar cómo se produjo la presunta filtración de información sobre los allanamientos antidrogas en Avellaneda, quiénes participaron y qué maniobras se habrían desplegado posteriormente para ocultar lo sucedido y entorpecer el accionar judicial.
Galleano insistió en que el análisis de los teléfonos celulares constituye una herramienta central para reconstruir las comunicaciones entre los involucrados y establecer posibles responsabilidades.
La Fiscalía continuará con el análisis de la evidencia pendiente y, una vez concluida la investigación, deberá definir los pasos procesales correspondientes para avanzar hacia una eventual acusación.
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