, en una agenda legislativa de fin de año atravesada por las tensiones internas en la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe y la cercanía del cierre de listas para las elecciones.
El tramo final del año legislativo en Santa Fe
Al año calendario le quedan siete semanas y al año legislativo a lo sumo seis, un lapso en el que deberán definirse al menos una docena de proyectos de ley, la mayoría impulsados por el Poder Ejecutivo de Santa Fe. Este atareo es un clásico de fin de año, pero ahora llega con el aditamento de que está cercano el cierre de listas provinciales para las elecciones 2027, un acontecimiento que tensiona los escenarios políticos.
En los hechos, el principal ruido se registra en la coalición Unidos, que salió airosa, aunque con magullones, de la discusión pública en torno al tratamiento del mensaje denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Guste o no a los actores, el tema dejó secuelas en el seno del oficialismo. «Cuestionar el proyecto de Herramientas es cuestionar la política de seguridad del gobernador y el alto respaldo que tiene en la población», repite un vocero de la postura dura de la Casa Gris.
Este mensaje será convertido en ley el jueves próximo por el Senado. De esta forma se completará la sanción de los tres mensajes remitidos oportunamente y que fueron tratados en conjunto: el de los cargos para la Defensa Pública ya fue promulgado, mientras que el Ejecutivo tiene pendiente la promulgación del texto sobre el control del comercio ilegal de teléfonos celulares.
Presupuesto 2027 y debate económico
Además, el Senado tiene previsto votar la Ley de Presupuesto 2027 el mismo jueves, poco más de 24 horas después de la reunión que el cuerpo mantendrá con el ministro de Economía, Pablo Olivares. La mayoría de los senadores mantuvo encuentros con el equipo económico para analizar los alcances de esa ley madre para el año venidero, y nadie espera sorpresas en un trámite que luego seguirá su derrotero en la Cámara de Diputados, donde sería sancionado en sesiones extraordinarias.
En la Cámara Baja, el legislador justicialista Walter Agosto ingresó en la última sesión un extenso pedido de informes con datos que considera indispensables para el tratamiento de esa norma.
«Los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía correspondientes al mes de junio dan cuenta de un déficit fiscal equivalente al 10,2% de los recursos totales, por lo que resulta imperioso que el Poder Ejecutivo informe las medidas que ha contemplado en el proyecto de presupuesto 2027 para cerrar dicho déficit y plantear un escenario de equilibrio para el próximo año», marcó Augusto en los fundamentos del pedido.
Asimismo, advirtió: «Gran parte de la infraestructura ejecutada en los últimos años ha sido financiada con los recursos producidos por la cartera de títulos públicos recibida en el marco del Acuerdo de Ejecución de Sentencia del año 2022. Para dimensionar su importancia, basta mencionar que en 2024 y 2025 esta fuente de recursos financió el 35% y el 50% de la obra pública respectivamente, en tanto que en 2026 dicho porcentaje ascendió al 15%».
El exministro de Economía también señaló que la otra fuente utilizada para la ejecución del gasto de capital provino del endeudamiento por U$S 800 millones, por lo que consideró necesaria información con relación a los montos utilizados, la nómina de proyectos de inversión a los que fueron aplicados y su grado de avance en cada caso, según detalló en el escrito enviado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Ley tributaria y agenda de género
Diputados recibirá esta semana el proyecto de Ley Tributaria 2027 y el oficialismo propondrá su tratamiento conjunto con el presupuesto, sabiendo que Unidos cuenta con la mayoría necesaria para sancionar ambas normas. El objetivo apunta a ampliar los respaldos legislativos para dotar de mayor fortaleza a ambas iniciativas.
La agenda de la Cámara Baja para la semana que se inicia contempla varios temas, entre ellos el mensaje del Poder Ejecutivo que apunta a establecer «un régimen integral para la prevención, detección temprana, protección, gestión y reducción del riesgo derivado de situaciones de violencia por razones de género, desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad».
El proyecto comprende la regulación de las medidas judiciales de protección y de los mecanismos de coordinación y monitoreo, garantizando una respuesta integral, especializada, accesible y no revictimizante, según se detalla en los fundamentos de una iniciativa trabajada en distintas áreas del Poder Ejecutivo.
No obstante, esta propuesta choca con la intención de los bloques minoritarios de la Cámara, que impulsan desde hace varios meses el dictado de una ley que declare la emergencia en materia de violencia de género. Desde el gobierno provincial retrucan que, si bien existen emergencias en varias áreas del Estado, no se prevé una medida de esa naturaleza para este caso.
Reforma constitucional y justicia
Los otros dos temas centrales en la carpeta de Diputados tienen su anclaje en la reforma constitucional sancionada en septiembre del año pasado: el nuevo Jurado de Enjuiciamiento para magistrados, fiscales y defensores, y la norma que regula los mecanismos de participación ciudadana.
Sobre el primer punto, existe un proyecto de la bancada socialista con tratamiento preferencial, mientras que el radicalismo anticipó que presentará una iniciativa propia. A la espera de la postura que adopte el justicialismo, se cuestiona que el Poder Ejecutivo no haya enviado un mensaje sobre una materia clave para el seguimiento de las conductas de los magistrados, ni tampoco proyectos orientados a establecer la metodología para seleccionar a los candidatos para esos cargos, tal como lo exige la manda constitucional.
Desde el Palacio de Tribunales se observa con recelo esta situación. Hacen notar que este año no habrá ley sobre selección de jueces, pese a que el Poder Ejecutivo anunció varios concursos para cubrir vacantes. «Bienvenida la cobertura de vacantes, pero ajustemos el procedimiento de selección», se escuchó decir en dependencias de la Corte Suprema de Justicia en plena transición de integrantes.
Adicionalmente, el Ejecutivo remitió a las cámaras el proyecto del futuro Código Procesal en lo Civil y Comercial. «Es actualizar el trámite de la época de la máquina de escribir a la era del celular. Las reglas estaban pensadas para expedientes de papel, lentos y de pasos burocráticos; acá se establece un marco para utilizar herramientas digitales para evitar perder días de trabajo haciendo filas o presentando papeles innecesarios», sostienen en la Casa Gris, con el propósito de transformar juicios largos en procesos más ágiles y accesibles.
Audiencias públicas y proyecciones electorales
Otro de los temas agregados a la agenda por el Ejecutivo es la ley de protección a la persona consumidora, fruto de un largo trabajo en el Consejo Económico Social. Al respecto, el Senado convocó para este miércoles a actores del sector de consumo para avanzar en el tratamiento de la iniciativa.
Asimismo, la Cámara Alta convocó a dos audiencias públicas para el último miércoles de noviembre: una destinada al tratamiento del proyecto de ley de creación del Parque Provincial Jaaukanigás y de la Reserva Hídrica Natural Provincial Jaaukanigás, y otra enfocada en la Laguna El Hinojo, ubicada en el sur provincial.
A esta nutrida temática se sumarán proyectos propios de los legisladores y la sesión conjunta de la semana entrante para definir la situación de la fiscal de Tostado, Shirley Tomasso.
Más allá del rol de la oposición, la suerte de todos estos proyectos dependerá de los acuerdos que logre consolidar el interbloque de Unidos. Dichos consensos ofrecerán indicios precisos sobre cómo el oficialismo aspira a estructurar su armado político de cara a las PASO de abril y a las elecciones generales de junio, con la meta central de lograr la reelección de Maximiliano Pullaro, una posibilidad que estuvo vedada a los gobernadores provinciales durante todo el siglo XX y lo que va del presente.
