La Asamblea Legislativa de Santa Fe destituyó este jueves a la fiscal regional 5 Shirli Soledad Tomasso, tras una votación dividida en la Cámara de Diputados y unánime en el Senado, luego de una acusación por demoras en investigaciones y falta de diligencias judiciales impulsada por el auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai. La medida extrema contra la funcionaria judicial, que se desempeñaba en el norte provincial, contó con 30 votos afirmativos, 10 negativos y tres abstenciones en la cámara baja, y profundizó el debate político sobre la potestad legislativa para sancionar a fiscales.
Remoción y debate en la Legislatura tras la destitución de una fiscal
La ahora ex fiscal Edith Tomasso (mencionada también en el expediente como Dra. Tomasso y Tomassi) fue apartada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tras una acusación en su contra elevada por el auditor general del MPA, Leandro Mai, a la que la comisión de Acuerdos se avocó. Al cabo de un extenso y por momentos tenso debate, y de la consideración de un dictamen que solo había logrado mayoría —pero no unanimidad— en Acuerdos, se registró la unanimidad en el Senado y una votación dividida en la Cámara de Diputados.
La exfuncionaria del órgano acusador fue apartada por demoras en las investigaciones y falta de diligencias judiciales. El diputado radical Marcelo González actuó como acusador ante la Comisión Bicameral, y su labor culminó con un dictamen de mayoría. En el recinto, durante el debate, expuso extensamente sobre los motivos que fundamentaron la medida extrema.
En la sesión conjunta, 14 senadores votaron por la afirmativa —todos pertenecientes al oficialismo—, mientras que en Diputados se contabilizaron 30 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Ausencias notorias en el recinto
También llamaron la atención las ausencias en el cuerpo legislativo. No sesionó ningún senador provincial del PJ: Rubén Pirola, Alcides Calvo, Hugo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi decidieron no concurrir.
Tampoco participaron del debate las diputadas socialistas que responden al sector de Clara García. Se ausentaron la presidenta de la Cámara de Diputados y las legisladoras socialistas Lionella Cattalini, María del Rosario Mancini y Gisel Mahmud. Se registraron más faltas, aunque de menor significación política.
Los argumentos de la acusación y la defensa
Como acusador, el diputado Marcelo González expuso en el recinto las razones que motivaron la sanción. Narró detalles de su trabajo y abundó en números respecto de la conducta de la fiscal removida. Entre otros aspectos, mencionó una demora de 11 meses para pedir un allanamiento a un acusado por la violación de un menor. Asimismo, aseguró que su labor derivó en consecuencias negativas sobre el funcionamiento del servicio y que dañó las posibilidades de persecución penal en otros expedientes judiciales.
En defensa de la doctora Tomasso habló el diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), quien votó de manera negativa al igual que sus pares de bloque. Con argumentos similares, desde el otro extremo ideológico, defendió a la funcionaria el diputado Emiliano Peralta, de Somos Vida. Los restantes miembros de esa bancada también votaron en contra de la remoción y señalaron que, en su opinión, hubieran bastado 180 días de suspensión. La decena de rechazos al dictamen de Acuerdos se completó con votos de legisladores del PJ, espacio que también exhibió abstenciones y ausencias notorias.
Fabián Palo Oliver profundizó sobre los problemas materiales que enfrentan los fiscales en su labor en el norte de la provincia —en cuanto al número de colaboradores y las distancias— y consideró la medida desproporcionada y arbitraria.
Una ley en su tramo final y cuestionamientos al sistema
Fabián Palo Oliver afirmó que Acuerdos funciona como una «Comisión Inquisidora» sobre los fiscales. Dicha expresión, sumada a otras críticas a la legislación vigente que permite al Poder Legislativo aplicar sanciones a fiscales y defensores, abrió un debate más profundo sobre el funcionamiento institucional.
La nueva Constitución ha previsto que un consejo de la magistratura —y ya no los diputados y senadores— asuma este tipo de decisiones, con la presencia de colegios profesionales, otros actores del sistema judicial y representantes de los poderes, en un ámbito que exceda las sanciones internas del MPA y del servicio de la Defensa.
En la interpretación del FAS, la fiscal fue removida por haber denunciado por violencia laboral al fiscal regional Carlos Vottero. El legislador sostuvo que, hasta antes de esa denuncia, la por entonces fiscal de Tostado había gozado de buenas calificaciones internas en el MPA, y vinculó aquel hecho con las posteriores acusaciones contra Edith Tomasso.
Al concluir la sesión, el presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, se refirió al urgente final que debe ponerse a la actual potestad de la Legislatura para sancionar a fiscales y defensores, tal como prevé la Constitución. Confesó la incomodidad que experimentan los legisladores tras haber transcurrido 14 meses «sin que hayamos legislado en la materia».
El cambio de mecanismo previsto por la Constitución reformada contempla la sanción de una ley que aún no ha tenido avances, enmarcada en una cláusula transitoria que habilita hasta septiembre de 2027 el debate de la nueva normativa.
