La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelta, resolvió este martes 29 de abril dictar el sobreseimiento del contador Héctor Falco, de 56 años. Así, el asistido por los defensores Emilio y Germán Fouces, quedó desvinculado de la causa que puso en vilo el sistema político y judicial de la provincia. Fue sobreseído de los delitos de Peculado y Asociación ilícita.
Falco era contratado de obra en el Senado de la Nación e integraba el estudio contable Integral Asesoría, de Paraná, que, según la acusación, desplegó un rol indispensable en la sustracción de millones de las arcas del Estado.
Los defensores habían instado la desvinculación total de su asistido por entender que no hubo elementos en la investigación que vincularan a Falco con el delito que se investiga, instando el sobreseimiento por inexistencia de delito. Fiscalía aclaró que lo solicitaba porque durante la pesquisa encontró elementos o evidencias que, con el grado de provisoriedad que la etapa intermedia requiere, con el devenir del proceso no tuvieron el peso que las normas exigen para sostener la acusación.
“EL APORTE DE ESPECIALISTAS”
En el punto 2.2.2 de la extensa remisión de la causa a juicio, los fiscales desarrollan “el aporte de los miembros del estudio contable ‘Integral Asesoría’” y despliegan la hipótesis que sostuvieron durante todo el proceso: “Está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo, se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables, para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”.
También sostuvieron que “en efecto, la íntegra gestión impositiva en materia de contratos ficticios era realizada por los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure (quien luego pasó a trabajar directamente con Alfredo Bilbao, de estrecha relación con Gustavo Hernán Pérez), siendo además el primero de ellos, funcionario público por ser agente de planta permanente del Senado provincial, y claramente el ‘referente’ del Estudio Contable para la Organización delictiva”.
Así, a siete años del comienzo de una investigación que dejó heridos tanto en el sector de la política como en el de la Justicia, Falco se sumó a los profesionales del estudio que quedaron desvinculados del proceso mediante salidas alternativas al juicio.
Los primeros integrantes de Integral Asesoría que resolvieron sus respectivas situaciones procesales fueron el corredor inmobiliario Renato Mansilla y el informático Nicolás Beber, a quienes se sumó en una audiencia posterior, el contador Guido Krapp.
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