El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos emitió un comunicado para clarificar el alcance del reciente Decreto Nacional Nº 787/2025, dictado por el Poder Ejecutivo. Según la información brindada por la entidad provincial, la nueva normativa afecta de manera exclusiva a aquellas instituciones educativas privadas que no reciben subvención del Estado provincial y que, por lo tanto, se sostienen íntegramente a través de los aranceles y cuotas abonados por las familias de sus estudiantes.
El Decreto Nacional Nº 787/2025 representa una modificación sustancial en el marco regulatorio del sector. Esta nueva disposición deroga una normativa que, durante tres décadas, había regido el sistema de aranceles para la educación privada en Argentina, específicamente el Decreto Nº 2.417/93. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, las instituciones educativas que no cuentan con aportes estatales quedan eximidas de solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. El propósito de esta medida es actualizar el marco normativo en consonancia con la actual organización federal del sistema educativo argentino, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus propios criterios de regulación y supervisión.
Es fundamental destacar que el nuevo decreto nacional no introduce cambios en el régimen de funcionamiento ni en los procedimientos administrativos y económicos establecidos para las escuelas privadas que sí reciben aportes estatales (subvencionadas). Para este sector de la educación de gestión privada en Entre Ríos, la Resolución Nº 1.332/25 del CGE continúa plenamente vigente, estableciendo los aranceles correspondientes para el presente año sin ningún tipo de alteración.
En este contexto de cambios normativos, la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra abocada al análisis exhaustivo de los alcances operativos y jurídicos que tendrá el Decreto Nacional Nº 787/2025 en el ámbito provincial. Esta tarea se realiza en estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente del gobierno nacional. El objetivo principal de esta articulación interinstitucional es garantizar la claridad normativa, la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo de la provincia de Entre Ríos.
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