El ex ministro de Planificación Federal durante la gestión kirchnerista, Julio De Vido, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la pena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en la causa judicial de la Tragedia de Once.
Esta decisión judicial se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara de manera definitiva la sentencia dictada previamente por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), dejando así firme la condena y habilitando su ejecución inmediata. El hecho marca el cierre de un extenso y complejo proceso judicial que se extendió por varios años, tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia argentina.
Los motivos detrás del rechazo a la prisión domiciliaria de De Vido
La defensa de De Vido había solicitado en reiteradas ocasiones que el ex funcionario cumpliera la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, argumentando motivos de salud y su avanzada edad. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) resolvió que no existían fundamentos suficientes ni elementos que justificaran la concesión de este beneficio.
Por lo tanto, el ex ministro deberá permanecer en una institución penitenciaria para cumplir la condena impuesta. Esta determinación judicial se dio a conocer luego de que la Justicia confirmara de manera definitiva la responsabilidad de Julio De Vido en el fatal siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 personas fallecidas y más de 700 heridas.
El tribunal también rechazó los recursos presentados tanto por la defensa como por el Ministerio Público Fiscal, aplicando el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y calificando ambos pedidos como “inadmisibles”. Con estas resoluciones, quedó firme la ejecución de la pena de prisión efectiva y de la inhabilitación especial perpetua que pesa sobre el ex ministro.
La responsabilidad penal de De Vido en el fatal accidente ferroviario
En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) había condenado a Julio De Vido por no haber cumplido con su deber de supervisión sobre el uso adecuado de los fondos públicos que estaban destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
Es importante destacar que, si bien el ex funcionario fue absuelto del delito de estrago culposo – figura penal directamente vinculada a las muertes y lesiones ocurridas en el accidente –, se lo responsabilizó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, es decir, por el manejo irregular de los recursos estatales asignados al sistema ferroviario.
Esta condena fue ratificada recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que cerró todas las posibilidades de revisión judicial del fallo, confirmando la sentencia en su contra. Este ingreso a prisión establece un precedente significativo en la jurisprudencia argentina respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la supervisión de los recursos estatales y, particularmente, en la seguridad del transporte ferroviario.
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