La reforma constitucional provincial de 2025 marcó un hito en el funcionamiento del poder legislativo santafesino, introduciendo cambios sustanciales que trascendieron las modificaciones más publicitadas, como el inicio del período ordinario de sesiones el 15 de febrero en lugar del 1ro de mayo, o la limitación a una única reelección para diputados y senadores.
La adaptación de los reglamentos internos de ambas Cámaras, particularmente la Cámara de Senadores de Santa Fe, ha revelado una reingeniería institucional mucho más profunda de lo que inicialmente se advertía en los debates.
Más de 50 artículos modificados para alinear el senado con la nueva constitución
En la última sesión extraordinaria de 2025, la Cámara de Senadores votó por unanimidad la modificación de más de 50 artículos de su Reglamento Interno. Estos cambios abarcan desde adecuaciones nominales, como la sustitución del término «comunas» por «municipalidades» para todos los gobiernos locales, hasta redefiniciones cruciales sobre el funcionamiento interno del cuerpo legislativo.
El expediente, impulsado y puesto a consideración por el presidente del bloque oficialista, senador Rodrigo Borla, consigna la modificación de los artículos 1, 4, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 41, 42, 44, 46, 55, 57, 65, 69, 76, 90, 98, 100, 109, 111, 117, 120, 151, 160, 161, 163, 190, 197, 198, 201, 202, 203, 206, 207, 210, 235, 246, 247, 248, 254 y 258. Si bien los considerandos del dictamen, que lleva la firma del radical de San Justo y la de los demás jefes de bloques, señalan que muchos de estos ajustes son formales, su implementación conlleva el deber ineludible de los legisladores de concretar, mediante leyes específicas, los nuevos derechos consagrados en la Carta Magna.
Nuevas competencias para comisiones clave: derechos humanos y género a la vanguardia
La adecuación del reglamento impacta directamente en las competencias de las comisiones permanentes, estructuras vitales para la labor parlamentaria previa a las sesiones. Un ejemplo palpable de esta reasignación es el de la Comisión de Derechos Humanos y Género, y la de Peticiones, Reglamento y Juicio Político. La reforma constitucional, entre otros aspectos, eliminó los fueros parlamentarios como impedimento para que un legislador sea procesado, lo que exige una redefinición de procedimientos en esta última comisión.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos y Género ahora tiene la responsabilidad de procurar y velar por el cumplimiento de las «nuevas garantías relacionadas con los derechos digitales», incluyendo la protección de datos personales y el acceso a la información pública, un pedido expreso de la prensa y las asociaciones gremiales de periodistas. En palabras del senador Borla, estas novedades representan una «ampliación de derechos» que también incluye los ambientales, la iniciativa popular y los derechos de los pueblos originarios.
Iniciativa popular y adaptación de períodos: claves de la actualización normativa
Un cambio significativo se incorporó en el artículo 98 del Reglamento, el cual replica un texto fundamental de la nueva Constitución Provincial: «La ciudadanía tiene el derecho de iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley». Si bien esta práctica ya existía en los hechos, ahora se deberá sancionar una norma especial que facilite la participación ciudadana dispuesta por los convencionales constituyentes.
Asimismo, se corrigieron todas las referencias a las fechas de los períodos legislativos y se eliminó la mención a los «períodos ordinarios de prórroga». En los casos de juicio político, las Cámaras ahora solo deben convocar a sesiones extraordinarias a pedido de la cuarta parte de sus miembros para dar continuidad a estos procesos, suprimiendo cualquier alusión a las sesiones ordinarias de prórroga.
El rol esencial de la dirección general legislativa del senado
La labor de la Dirección General Legislativa del Senado fue fundamental en este proceso. Esta área tuvo a su cargo la elaboración del texto ordenado del Reglamento, una herramienta clave para que senadores, autoridades de Cámara y el personal del Senado puedan contar con una versión actualizada y consolidada de la normativa interna. Su trabajo garantiza la claridad y accesibilidad de las nuevas disposiciones, facilitando la operatividad del cuerpo legislativo en el marco de la Constitución de 2025.
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