La comunidad educativa de San Cristóbal comenzó a transitar una instancia clave en medio del impacto que dejó el crimen ocurrido el pasado 30 de marzo: la restitución de pertenencias a los alumnos de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.
Este proceso se puso en marcha luego de que un grupo de padres presentara un pedido formal ante la fiscalía, a cargo de la Dra. Carina Gerbaldo. La respuesta judicial llegó pocas horas después, habilitando un operativo organizado para la devolución de los elementos.
La entrega se inició de manera escalonada, curso por curso, con una revisión individual de cada mochila. Esta modalidad busca garantizar tanto el resguardo de la investigación en curso como la restitución ordenada de los objetos personales de los estudiantes. La decisión judicial no solo apuntó a recuperar bienes materiales, sino también a atender el profundo impacto emocional que atraviesan los jóvenes tras el hecho.
El pedido formal de las familias y sus fundamentos
En el documento presentado ante la fiscalía, las familias solicitaron la “inmediata entrega y restitución” de las pertenencias que aún permanecían dentro del establecimiento. El pedido incluyó mochilas, teléfonos celulares, bicicletas y motocicletas.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue el deterioro de los objetos debido a la intemperie. Según señalaron, las lluvias registradas en los últimos días afectaron especialmente a los vehículos estacionados en el patio escolar, generando daños materiales en bienes que representan un esfuerzo económico significativo para las familias.
Sin embargo, el planteo fue más allá de lo material. Los padres advirtieron sobre el riesgo de una “revictimización institucional”, al considerar que la imposibilidad de recuperar objetos personales –en especial los celulares– profundizaba la angustia de los alumnos. “Han atravesado una situación de terror y shock postraumático”, expresaron en el escrito, remarcando que la falta de acceso a sus pertenencias agravaba el estado emocional de los jóvenes.
Asimismo, cuestionaron la extensión de las medidas de resguardo, sosteniendo que, una vez finalizados los peritajes en áreas comunes, la retención de los objetos perdía sustento y se convertía en un obstáculo para que los estudiantes pudieran retomar su vida cotidiana.
El equilibrio entre la causa judicial y el bienestar estudiantil
El operativo de devolución se desarrolla bajo supervisión, buscando un equilibrio entre las exigencias judiciales y la necesaria contención de la comunidad educativa. Cada mochila es revisada antes de ser entregada, en un procedimiento diseñado para preservar cualquier elemento que pudiera resultar relevante para la causa.
Desde las familias también se puso el foco en el “interés superior del niño”, al considerar que la restitución de herramientas de comunicación y transporte es clave para recuperar cierta normalidad tras el traumático suceso.
En el documento, se mencionaron antecedentes como el caso de Carmen de Patagones, donde la demora en la devolución de pertenencias fue señalada como un factor que profundizó el daño emocional en las víctimas. “Solicitamos que no se repitan esas omisiones”, expresaron, combinando argumentos legales con una fuerte apelación a la sensibilidad institucional.
La respuesta de la fiscalía, al habilitar la restitución de manera ordenada, se presenta como un primer paso en un proceso más amplio: el de reconstruir la cotidianeidad en una comunidad golpeada. Mientras la investigación continúa su curso, la entrega de mochilas y objetos personales se transforma en un gesto concreto, de menor escala operativa, pero de gran significado en lo humano.
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