La fiscal Daniela Montegrosso, de la ciudad de San Justo, imputó formalmente a un trabajador rural por graves delitos de abuso sexual y corrupción de menores, presuntamente cometidos en 2021 contra una niña de 8 años. Los hechos se habrían registrado en Gobernador Crespo, mientras el acusado convivía con la víctima y su madre, siendo también responsable de su guarda.
La imputación por graves delitos sexuales
M.G.Z., un trabajador rural de 26 años con domicilio en la localidad de La Penca y Caraguatá, al norte del departamento San Justo, permanece detenido desde el fin de semana. El hombre se encuentra imputado por graves delitos contra la integridad sexual de una joven menor de edad, quien en 2021 formaba parte de su entorno familiar.
La fiscal Daniela Montegrosso formalizó la imputación este lunes ante el juez penal de la IPP, Sergio Carraro. M.G.Z. se presentó ante la justicia como «tambero» y residente en el pueblo antes mencionado. La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó la presunta autoría de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal» y «corrupción de menores». En ambos casos, la fiscalía consideró agravantes por tratarse de una niña menor de 13 años y por ser el imputado encargado de su guarda.
Prórroga de la detención y audiencia cautelar
El imputado, quien contó con la asistencia técnica del Dr. Valentín Acuña, del Ministerio Público de la Defensa (MPD), continuará detenido al menos hasta el próximo jueves 7 de mayo. Para esa fecha, está prevista la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.
M.G.Z. fue trasladado este lunes por efectivos policiales de la Unidad Regional XVI a los tribunales de la capital provincial. Allí se le atribuyó el abuso de la niña de 8 años, hechos presuntamente cometidos en fechas indeterminadas del año 2021, período en el que convivía junto a la menor y su madre en la localidad de Gobernador Crespo.
Responsabilidad de la guarda y la evidencia
La fiscal Montegrosso destacó como agravante que los hechos, denunciados el 11 de marzo último por el padre de la niña, se habrían producido «mientras la víctima se encontraba bajo su cuidado». Para fundamentar la imputación, la representante del MPA enumeró la evidencia con la que cuenta hasta el momento y solicitó la prórroga de la detención. Esta medida busca aguardar informes de profesionales que podrían resultar determinantes a la hora de definir la situación procesal del imputado.
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