La Justicia provincial de Santa Fe ordenó este viernes la demolición de un inmueble en barrio Sur, frente a la estación Mitre, que estaba usurpado hace más de una década y era señalado como foco de microtráfico de drogas. La medida fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro, a pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ante el grave deterioro estructural que presentaba el edificio y su vinculación con la venta de estupefacientes.
Orden de demolición para «La Casona»
La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de un inmueble usurpado en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. La propiedad era señalada como soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo y foco de reiterados hechos de violencia y conflictividad urbana.
La resolución fue adoptada por el juez penal Sergio Carraro en el marco de una audiencia de «cese de estado antijurídico», impulsada por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El inmueble en cuestión, conocido en el barrio como «La Casona», se encuentra ubicado sobre calle Zavalla al 1700, en la esquina con Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre. Durante la audiencia se ventiló que la propiedad se hallaba usurpada desde hacía más de una década y que actualmente estaba vinculada a actividades ilícitas.
Impulso judicial y antecedentes
El pedido fue formulado por el fiscal Arturo Haidar, quien estuvo acompañado por el subdirector del área, Diego Vigo. También asistieron representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Santa Fe y los herederos del inmueble.
Entre los asistentes se encontraban Sebastián Montenotte, Luis César Acosta y Claudio Ponce de León por el Ministerio de Seguridad; Paula Landa por Fiscalía de Estado; y los abogados Miguel Molinari y Damián Meili por la Municipalidad de Santa Fe, entre otros.
Durante su exposición, el fiscal Haidar sostuvo que la Fiscalía solicitó «el cese de estado antijurídico de La Casona, mediante su inactivación física, bajo la modalidad de derribo». El funcionario judicial repasó distintos antecedentes reunidos durante la pesquisa y afirmó que del material recolectado se desprende que el inmueble constituyó un soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo.
La investigación: de la denuncia al allanamiento
La pesquisa se inició formalmente a partir de una comunicación anónima al 911, efectuada el 13 de marzo pasado. Según relató el fiscal, una mujer denunció que dos menores de edad apodados «Chichi» y «Nego» vendían drogas para su madre, identificada como M.D., en lo que describió como un «mercado abierto de estupefacientes».
Posteriormente, el 12 de abril, agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tareas de observación directa sobre el inmueble. El informe elaborado en esa instancia consignó un «flujo constante de ingreso y egreso de personas». A ello se sumaron registros de videovigilancia captados por un domo ubicado en la esquina de la propiedad. Las filmaciones del 17 de abril y del 9 de mayo, según expuso la Fiscalía, mostraron «maniobras de comercialización y consumo inmediato de estupefacientes» en distintos horarios, incluso con presencia de menores de edad.
Allanamiento y consecuencias penales
Uno de los puntos centrales del planteo fiscal estuvo vinculado al allanamiento llevado a cabo el sábado 9 de mayo en el lugar. Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron:
- Alrededor de 40 gramos de cocaína
- 84 gramos de marihuana
- Teléfonos celulares
- Distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de droga
Tras ese operativo, tres mujeres fueron imputadas por el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización» y quedaron en prisión preventiva el miércoles 13 de mayo.
En paralelo, la audiencia abordó la compleja situación dominial de la propiedad. El inmueble se encuentra sometido a un trámite sucesorio, aunque los herederos manifestaron haber iniciado acciones judiciales por la usurpación del predio, ocupación que se arrastraba desde hacía más de diez años. Haidar vinculó la utilización del lugar con «personas relacionadas a economías delictivas» y mencionó los antecedentes acumulados en bases de datos oficiales, particularmente en el sistema 911.
Riesgo edilicio y justificación de la medida
Aunque la Municipalidad de Santa Fe había dispuesto el bloqueo de los principales accesos al inmueble, la Fiscalía sostuvo que esa medida no lograba neutralizar completamente el riesgo, tanto por posibles nuevas intrusiones como por el grave deterioro estructural de la construcción.
En ese contexto, declaró Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Seguridad, quien habitualmente interviene en los informes técnicos vinculados a demoliciones de inmuebles utilizados para actividades de microtráfico. Tras leer su informe, el especialista advirtió que el edificio resultaba «peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes», debido a los desprendimientos de mampostería detectados en diversos sectores perimetrales. Asimismo, sostuvo que el costo de una eventual reconstrucción o remodelación «resultaría elevadísimo» en función del deterioro estructural acumulado, por lo que recomendó «la demolición controlada».
La propietaria del inmueble, presente en la audiencia junto a sus sobrinas, manifestó su conformidad con la medida. «Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio», expresó ante el tribunal.
La resolución judicial
Al momento de resolver, el juez Carraro coincidió con los argumentos esgrimidos por las partes y consideró que «la medida que se está planteando es necesaria» debido al estado de riesgo del inmueble. «El derribo es lo adecuado y así lo habremos de ordenar», afirmó el magistrado.
Finalmente, dispuso que las autoridades informen previamente la modalidad y la fecha en que se concretará la demolición, a fin de incorporarlo a la investigación penal, y ordenó además que antes del derribo se verifique la ausencia de personas en el predio.
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